Publicado en Art铆culo Cient铆fico

Perfil sociodemogr谩fico del turista versus la percepci贸n residente con relaci贸n al agroturismo del cant贸n Milagro

Gorki Aguirre Torres https://orcid.org/0000-0002-8812-3093

Wendy R铆os Boh贸rquez https://orcid.org/0000-0002-8123-7063

RESUMEN

La investigaci贸n pretendi贸 establecer una propuesta de soluci贸n a la problem谩tica que impide la dinamizaci贸n de la econom铆a local vinculada a fincas agrotur铆sticas rurales del cant贸n Milagro en relaci贸n a la oferta tur铆stica local, en un primer t茅rmino se focaliz贸 con una visi贸n descriptiva y correlacional la relaci贸n entre el comportamiento del turista y la percepci贸n de la poblaci贸n residente del cant贸n, determin谩ndose el perfil sociodemogr谩fico de los turistas, adem谩s se analiz贸 la percepci贸n de la poblaci贸n residente del cant贸n; de esta manera se logr贸 vincular a las fincas agrotur铆sticas de la zona rural a la oferta tur铆stica local. Se utiliz贸 la metodolog铆a no experimental, el tipo de enfoque es mixto, con m茅todo deductivo, con investigaci贸n de campo en la que se emplearon herramientas de recolecci贸n de datos como encuestas dirigidas a los visitantes y entrevistas dirigidas a gestores de la actividad tur铆stica del cant贸n, apreciando fortalezas y debilidades que estos poseen, determinando el perfil socio demogr谩fico del turista, visualizando gustos y preferencias agrotur铆sticas locales. La correlaci贸n de variables, tom贸 en cuenta la Varianza y la Anova dando un resultado de relaci贸n positiva  en la descripci贸n de la relaci贸n o influencia del agroturismo como opci贸n de desarrollo. Torres, G. A. ., & Boh贸rquez , W. R. . (2022).

Seguir leyendo: https://doi.org/10.47189/rcct.v22i35.551

Publicado en Art铆culo de Opini贸n.

ESTADO DE EXCEPCI脫N DEL MANDATARIO, VERSUS DERECHOS A LA RESISTENCIA, ASOCIACI脫N, REUNI脫N, MANIFESTACI脫N Y PENSAMIENTO DE LOS MANDANTES.

El Ecuador se encuentra en una crisis socioecon贸mica y pol铆tica de gran magnitud, a ello se suma la respuesta popular representada por 鈥淓l Paro Nacional鈥 convocado por las organizaciones ind铆genas desde el 14 de junio del a帽o en curso, quienes han propuesto como punto de soluci贸n el qu茅 el gobierno cumpla聽 con diez demandas populares (Tabla 1), las mismas que son de bienestar de car谩cter general, no siendo solo para beneficio de los pueblos y nacionalidades ind铆genas, sino para toda la poblaci贸n ecuatoriana, por tal motivo, a esta propuesta se han unido colectivos y gremios universitarios, de trabajadores, de trasporte, agricultores, campesinos, y diferentes organizaciones sociales.

A ello el mandatario despu茅s de un a帽o de gobierno y de puesta en el tapete de estos requerimientos, pide sentarse a seguir dialogando, a lo que la colectividad ind铆gena y acompa帽antes del 鈥淧aro Nacional鈥 indican no querer dialogo, sino soluciones contundentes y claras, que han sufrido maltrato, quemeimportismo y menosprecio del Mandatario presidencial, quien ha minimizado durante todo su gobern贸 los pedidos justos de la comunidad.

En estas condiciones el pa铆s ha observado manifestaciones populares de descontento durante 5 d铆as, siendo que el presidente para contrarrestar este tipo de reclamo constitucional ha procedido a decretar bajo el decreto ejecutivo 455, el 鈥淓stado de excepci贸n鈥 por grabe conmoci贸n interna en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, notificando normativamente ante la Asamblea Nacional y Corte Constitucional, quienes tienen la potestad de verificar el actuar legal y constitucional que justifique esta medida extrema. En caso de que el decreto no cumpla con los par谩metros constitucionales, se podr谩 revocar dicho instrumento.

En estas condiciones corresponde por una parte a la Asamblea Nacional conocer y pronunciarse, como lo indica el Art- 166 de la Constituci贸n 鈥淪i las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podr谩 revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional鈥. Siendo que en el legislativo funciona el poder pol铆tico, este decreto podr铆a ser revocado si existen los votos necesarios, aparentemente existir铆a esa votaci贸n, bajo precepto y justificaci贸n legalidad y constitucionalidad.

Por otra parte est谩 la Corte Constitucional, que tendr谩 que igualmente pronunciarse sobre est谩 notificaci贸n, para ello se tendr谩 que manejar bajo el debido proceso exigido por la ley Org谩nica de Garant铆as Jurisdiccional y Control Constitucional LOGJCC, tomando en cuenta los principios de la justicia constitucional, principios procesales, de Proporcionalidad, de Ponderaci贸n, Interpretaci贸n evolutiva o din谩mica.- Interpretaci贸n sistem谩tica.- Interpretaci贸n teleol贸gica, siendo qu茅, la interpretaci贸n de las normas jur铆dicas, si fuere necesario, se la realiza atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, as铆 como los principios de unidad, concordancia pr谩ctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptaci贸n. Sin dejar a un lado los m茅todos y reglas de interpretaci贸n constitucional.

Ya entr谩ndole a un an谩lisis que definir谩n si el Se帽or presidente est谩 en lo correcto o no al adoptar esta medida dr谩stica; de entrada, se puede establecer que el mandatario no cumple con lo que indica Art. 164.- 鈥淟a Presidenta o Presidente de la Rep煤blica podr谩 decretar el estado de excepci贸n en todo el territorio nacional o en parte de 茅l en caso de agresi贸n, conflicto armado internacional o interno, grave conmoci贸n interna, calamidad p煤blica o desastre natural鈥. Pues bien, de estos par谩metros justifica con el de 鈥済rave conmoci贸n interna鈥, m谩s en ning煤n momento lo evidencia y prueba fehacientemente lo que intuye, sin prueba sin evidencia, no existe. Lo que se ha visto y hay pruebas, es de manifestantes durante cinco d铆as rechazando las pol铆ticas del gobierno, utilizando los derechos constitucionales como lo reza el Art.- 66.- de la Constituci贸n, numerales 6. 鈥淓l derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones鈥, 13. 鈥淓l derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria鈥. 14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional. 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atenci贸n o respuestas motivadas. 29. Que reconoce los derechos de libertad en donde el litera d) indica: 鈥淨ue ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley鈥. Art. 98.- Los individuos y los colectivos podr谩n ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder p煤blico o de las personas naturales o jur铆dicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Art. 39.- El Estado garantizar谩 los derechos de las j贸venes y los j贸venes, (鈥) El Estado reconocer谩 a las j贸venes y los j贸venes como actores estrat茅gicos del desarrollo del pa铆s, y les garantizar谩 (鈥) libertad de expresi贸n y asociaci贸n. Art. 416.- numeral 8. (鈥) 鈥渞econoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberaci贸n de toda forma de opresi贸n鈥. Esto no es conmoci贸n interna, conmoci贸n interna es lo que se vive en Guayaquil, Esmeraldas, Quito, entre otras ciudades, pero por motivos de la delincuencia, la inoperancia gubernamental, el accionar de la Polic铆a Nacional y los entes de encargados de la seguridad interna.

Entonces siendo que el decreto de estado de excepci贸n estar铆a contraviniendo o violentando muchos derechos humanos, siendo que, si se aplica la LOGJCC, esta indica dentro de los principios de la justicia constitucional, en relaci贸n con el Principio de aplicaci贸n m谩s favorable a los derechos, dice 鈥淪i hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que m谩s proteja los derechos de la persona鈥. O sea, los art铆culos citados arriba protegen a la persona, al ser humano, a cambio el estado de excepci贸n 455 los reprime, suprime, minimiza y elimina a los derechos humanos, que tienen inclusive alcance internacional. De la misma manera acudiendo a esta misma norma, y al Art. 3.- m茅todos y reglas de interpretaci贸n constitucional, esta nos dice claramente sobre la posibilidad de encontrarnos con una antinomia, se aplica las reglas de soluci贸n de antinomias, que ordena: 鈥淐uando existan contradicciones entre normas jur铆dicas, se aplicar谩 la competente, la jer谩rquicamente superior, la especial, o la posterior. Entonces para que seguirle al juego, est谩 claro, jer谩rquicamente por la supremac铆a de la constituci贸n y de los derechos internacionales tiene m谩s peso los derechos humanos que protegen a las personas. Tambi茅n lo indica la constituci贸n en el Art. 417.- 鈥淟os tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetar谩n a lo establecido en la Constituci贸n. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicar谩n los principios pro ser humano, de no restricci贸n de derechos, de aplicabilidad directa y de cl谩usula abierta establecidos en la Constituci贸n.鈥

A cambio el Decreto ejecutivo contraviene la constituci贸n en el Art.- 66.- numeral 1.- El derecho a la inviolabilidad de la vida, con el sonado 鈥淯so Progresivo de la Fuerza鈥 est谩n estableciendo un par谩metro de amenaza contra la vida de las personas. El Uso progresivo de la fuerza tiene que darse en condiciones iguales de ataque defensa y respuesta, si se presentan los manifestantes con un palo, o una piedra, no se pude comparar contra un arma de fuego de la polic铆a, una bomba lacrim贸gena o una tanqueta o un fusil militar. Esa fuerza progresiva tiene que establecerla contra los delincuentes que est谩n mejor armados dentro y fuera de la c谩rcel, ah铆 no se ve ese accionar valiente contra los verdaderos delincuentes. En el numeral 3.- sobre el derecho a la integridad personal, en el litera b) 鈥淯na vida libre de violencia en el 谩mbito p煤blico y privado鈥 es transgredida con el Decreto 455, ya que insta a servidores p煤blicos polic铆as y militares act煤en de forma violenta, a que agredan y que inclusive utilicen el uso progresivo de la fuerza con sus pares hermanos civiles desarmados, propiciando violencia en desventaja, usando la fuerza p煤blica para atacar, golpear, maltratar, arrollar, a j贸venes, mujeres, a pretexto de una ley de uso progresivo de la fuerza. Tiene que demostrar con evidencias reales que necesitan enfrentar con bala al descontento popular. El literal c) 鈥渓os tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes鈥. En las im谩genes que no muestra la prensa y podemos ver en redes sociales, se observa un trato m谩s que inhumano, es un trato criminal que dan a los manifestantes por parte de la polic铆a, lleno de odio y racismo. 聽Tambi茅n son violentados los numerales 4. 鈥淒erecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminaci贸n鈥, y El 5. 鈥淓l derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin m谩s limitaciones que los derechos de los dem谩s鈥. Ya que existe discriminaci贸n clara, mientras criminalizan la protesta social del sector popular, promueven la del sector pudiente, empresarial e industrial en contra de los derechos de expresi贸n, respaldando una marcha sin ninguna restricci贸n de asociaci贸n y de reuni贸n, de respaldo al gobierno y en contra del paro nacional. El numeral 6. 鈥淓l derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones鈥. El decreto 455, violenta flagrantemente este derecho humano constitucional e internacional, prohibiendo que se re煤nan, que circulen, que se manifiesten libremente, que demuestren el descontento popular ciudadano en contra del gobierno.

La Asamblea Nacional y la Corte Constitucional tienen demasiados argumentos jur铆dicos y constitucionales, como para revocar indistintamente por cuerdas separadas dicho decreto inconstitucional.  

#PLANTEAMIENTOS O PEDIDOS DEL PARO NACIONAL DE JUNIO -2022
1Congelar los precios de los combustibles:  Di茅sel a USD 1.50 y la gasolina Extra y Ecopa铆s a 2.10 d贸lares El precio actual del gal贸n de Extra y Ecopa铆s est谩 en 2,55 d贸lares; el del Di茅sel en USD 1,90.
2Moratoria de las deudas en la banca p煤blica, privada y cooperativa. La CONAIE pide alivio econ贸mico para m谩s de 4 millones de familias con la moratoria de m铆nimo un a帽o y renegociaci贸n de las deudas con reducci贸n de las tasas de inter茅s en el sistema financiero (bancos p煤blicos, privados y cooperativas). Adem谩s, piden que no se embarguen bienes como casas, terrenos y veh铆culos por falta de pago.
3Precios justos en los productos del campo como leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y m谩s. 
4Mejorar el empleo y los derechos laborales con pol铆ticas e inversi贸n p煤blica para frenar la precarizaci贸n laboral y asegurar el sostenimiento de la econom铆a popular. Adem谩s, exigen el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hace apenas dos semanas, el gobierno pag贸 la primera cuota: USD 140 millones, que representan el 1,7% de la deuda.
5No a la ampliaci贸n de la frontera extractiva minera o petrolera. Adem谩s, piden una auditor铆a y reparaci贸n integral por los impactos socioambientales para la protecci贸n de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas fr谩giles. Tambi茅n piden la derogatoria de los Decretos 95 y 151: El decreto 95, expedido por Guillermo Lasso, es sobre la pol铆tica de hidrocarburos. Dice que se promover谩 el incremento de 鈥渓a producci贸n de hidrocarburos鈥. El decreto 151, firmado tambi茅n por Lasso, es sobre el Plan de Acci贸n para el Sector Minero del Ecuador. Menciona el 鈥渋ncremento de las exportaciones de los productos mineros鈥 y 鈥渄esarrollar una miner铆a eficiente鈥. 
6  Respeto a 21 derechos colectivos como educaci贸n intercultural biling眉e, justicia ind铆gena, consulta previa, libre e informada, organizaci贸n y autodeterminaci贸n de pueblos ind铆genas.
7Que se ponga un alto a la privatizaci贸n de los sectores estrat茅gicos, como el Banco del Pac铆fico, hidroel茅ctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras. Adem谩s, piden que el pa铆s no se someta a tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). 
8Pol铆ticas de control de precios y la especulaci贸n en el mercado de los productos de primera necesidad. Adem谩s, denuncian un abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
9Presupuesto urgente de salud y educaci贸n frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. La Conaie pide que se garantice el acceso de la juventud a la educaci贸n superior y que se mejore la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. 
10Seguridad, protecci贸n y generaci贸n de pol铆ticas p煤blicas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotr谩fico, secuestro y crimen organizado en Ecuador. 
Tabla 1.- Pedidos del Paro Nacional
Publicado en Art铆culo de Opini贸n.

LA AMNIST脥A DADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL 鈥淰A PORQUE VA鈥.聽

La lucha encarnizada de las jornadas del Paro Nacional de Octubre del 2019, tuvieron serias y graves consecuencias, tanto as铆 que esta pelea entre hermanos ecuatorianos lleg贸 al extremo de consumarse la violaci贸n al derecho a la vida, principio fundamental de los derechos humanos; existieron heridos de diferente tipo, algunos con mutilaciones oculares, violencia sexual, encarcelados, entre otras acciones negativas m谩s, es decir lleg贸 a su m谩ximo retr贸grado proceder, incluyendo la destrucci贸n material de la propiedad, especialmente del Distrito Metropolitano Quito.  

Como la memoria es fr谩gil, es importante recordar el por qu茅 inici贸 esta lucha social que termin贸 en una lucha fratricida. Las organizaciones sociales e ind铆genas a partir del 02 de Octubre pusieron en marcha las movilizaciones que ped铆an al gobierno del Presidente del Ecuador Lenin Moreno y Vicepresidente Otto Sonnenholzner que se revierta un decreto presidencial denominado 鈥淒ecreto 803鈥 el mismo que pon铆a en juego la estabilidad econ贸mica del pa铆s, puesto que con estas medidas se proced铆a a quitar los subsidios a los combustibles, que afectaban a toda la poblaci贸n ecuatoriana.

Estas jornadas se fueron intensificando al paso del tiempo, ya que el presidente Moreno no dio escucha al justificado pedido popular, y al contrario aplic贸 represi贸n antidisturbios, en contra de las marchas en nombre de la resistencia, protesta social y derecho constitucional a la resistencia; mismas que terminaron en 鈥渃r铆menes de lesa humanidad鈥 esto seg煤n el informe de 鈥淟a Comisi贸n Especial de la Verdad y la Justicia鈥 que propuso la Defensor铆a del Pueblo a trav茅s del Defensor del Pueblo de aquel entonces Dr. Freddy Carri贸n (hoy tambi茅n preso pol铆tico) indicando en dicho informe que se viol贸 los derechos Humanos por parte del gobierno de Moreno a trav茅s de la Polic铆a y Fuerzas Armadas.  鈥淟a Instituci贸n Nacional de Derechos Humanos report贸, producto de su investigaci贸n defensorial, m谩s de 2.543 v铆ctimas entre personas aprehendidas arbitrariamente, fallecidas y heridas. Este monitoreo realizado por la entidad ha servido como base para las investigaciones posteriores tanto de organismos internacionales como nacionales.鈥

Todo esto se pudo evitar de una manera salom贸nica, s铆 los caprichos politiqueros no hubieran interferido en este reclamo popular abri茅ndose el di谩logo, tal como sucedi贸 luego, cuando la ONU medi贸 para qu茅 las partes a trav茅s de la raz贸n l贸gica procedan a acordar el fin de la violencia, esto se dio el d铆a 13 de octubre en reuni贸n entre CONAIE y el 鈥淕obierno de Todos鈥 en donde el Presidente Moreno decidi贸 derogar el Decreto Presidencial 883 causante de todo el dilema, y con ello se logr贸 poner fin al Paro Nacional, logr谩ndose el retorno a la paz.

Pero hasta que ocurra este deseado fin, el Gobierno de Moreno a trav茅s del Ministerio de Gobierno hab铆a reportado 1.330 personas detenidas, 435 polic铆as heridos.  Luego la 鈥淐omisi贸n de la Verdad鈥 reportaba 14 muertes (tabla 1, 2 y 3), as铆 como tambi茅n 1.119 personas detenidas (tabla 4).

En la actualidad la Asamblea Nacional procedi贸, dentro de sus competencias, a dar amnist铆a a 268 personas, entre ellos 153 amnistiados son 芦defensores de los territorios comunitarios禄, 12 corresponden a casos de 芦administraci贸n de justicia ind铆gena禄, 43 son activistas de defensa de los Derechos de la Naturaleza, y 60 pertenecen al caso 芦judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre 2019禄; actuando la asamblea de acuerdo con el Art. 120 de la constituci贸n que indica sobre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, estando establecido en el numeral 13. 鈥淐onceder amnist铆as por delitos pol铆ticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se conceder谩n por delitos cometidos contra la administraci贸n p煤blica ni por genocidio, tortura, desaparici贸n forzada de personas, secuestro y homicidio por razones pol铆ticas o de conciencia.鈥

En esas condiciones, la Asamblea Nacional en pleno, por mayor铆a de 99 votos, cumpli贸 con dar amnist铆a bajo la potestad constitucional de sus competencias. Pero se escuchan voces de pol铆ticos adeptos al actual Gobierno del presidente Lasso, e incluso el mismo presidente como principal de la Funci贸n Ejecutiva no estar de acuerdo con las decisiones de la Funci贸n Legislativa, hasta cierto punto interfiriendo en otra funci贸n del Estado, indicando estas voces pol铆ticas querer establecer una acci贸n de protecci贸n sobre la decisi贸n legislativa de la Asamblea de otorgar amnist铆a a estas 268 personas, justificando su iniciativa en qu茅, quienes han recibido la amnist铆a son terroristas, criminales comunes y que no merecen esta absoluci贸n legislativa porque causaron los destrozos en la capital del Ecuador en las jornadas del Paro Nacional de Octubre del 2019.

A ello se puede aclarar qu茅 este c谩lculo pol铆tico del gobierno y sus seguidores, estar铆a en contra ley, puesto que la misma constituci贸n indica: Art. 88.- 鈥淟a acci贸n de protecci贸n tendr谩 por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constituci贸n, y podr谩 interponerse cuando exista una vulneraci贸n de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad p煤blica no judicial; contra pol铆ticas p煤blicas cuando supongan la privaci贸n del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violaci贸n proceda de una persona particular, si la violaci贸n del derecho provoca da帽o grave, si presta servicios p煤blicos impropios, si act煤a por delegaci贸n o concesi贸n, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinaci贸n, indefensi贸n o discriminaci贸n.

Siendo as铆 se observa claramente que este tipo de acci贸n contra la vulneraci贸n de derechos no aplica a los actos realizados por la legislatura de los Asamble铆stas reunidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, que resultan acciones de naturaleza general, siendo un cuerpo colegiado este act煤a por decisi贸n de mayor铆as en donde la instituci贸n representa la disposici贸n legal emanada. Es decir, no es una persona particular quien ha tomado la decisi贸n, sino la Asamblea Nacional, a m谩s de que la decisi贸n no est谩 en contra de la Constituci贸n.  

Esta amnist铆a resulta ser un acto legislativo constitucional consumado, no procede acci贸n de protecci贸n ni acci贸n de inconstitucionalidad, ya que los amnistiados no procesan juicios ejecutoriados en su contra que los acredite como criminales o delincuentes prontuariados, hasta el momento solo existen los comentarios contrarios a la amnist铆a que est谩n juzgando subjetivamente sin juicio de causa legal.  Siendo ese proceder el esp铆ritu de la amnist铆a, es un instrumento jur铆dico de la funci贸n Legislativa, que tiene por efecto, la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el injusto enjuiciamiento del imputado.

Es m谩s, los amnistiados tendr铆as que estar todos libres ya en su casa, puesto qu茅 El art铆culo 12 del COIP en su numeral 15, ordena que la persona privada de libertad, cuando reciba amnist铆a ser谩 liberada de manera inmediata.

No hay que olvidar que el presidente Lasso indult贸 a personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada, o sea en este caso si fueron delincuentes que estaban acusados de robo, hurto, estafa y abuso de confianza que sumarian entre unos 5.000 PPL sentenciados por estos il铆citos, y que gracias al Decreto Ejecutivo 355 ahora est谩n libres, mientras la poblaci贸n paga las consecuencias de las malas pol铆ticas en cuanto a inseguridad ciudadana.

Informe de la Comisi贸n Especial de la Verdad y La Justicia. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2942

Tabla 1.-
Tabla 2.-
Tabla 3.-
Tabla 4.-