La reciente intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela con bombardeos masivos, la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y la declaración explícita de que EE.UU. “administrará temporalmente” el país para “hacer fluir el petróleo”, no solo representa una flagrante violación de la soberanía venezolana, sino que también constituye un peligroso retroceso en el orden y el derecho internacional que nos ha culturalizado en que, la democracia no se ejerce por la fuerza ni la imposición de los pueblos, basados en la Carta de las Naciones Unidas. EE. UU. ha justificado la operación como una acción contra el “narcoterrorismo”, pero esta narrativa ha sido desmentida por la propia dinámica del ataque: ya que se indica que no hubo autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, no existió autorización del Congreso estadounidense, y se ignoró el derecho internacional como: Violación del principio de soberanía territorial, violación a la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.
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