Publicado en Artículo de Opinión., Denuncia Popular

NO a la venta del Banco del Pacífico

Sucede que por el año 2019, de repente y furtivamente, justificando obtener ingresos para el Estado ecuatoriano, a ciertos iluminados se les ocurrió vender el Banco del Pacífico; y como es costumbre de las personas inconsecuentes de obrar en su actuar con falta de ética, procedieron a hurtadillas a hacer un proceso de negociación de venta de este Banco, para tal efecto, este proceso había sido declarado como reservado por el Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), mediante Resolución No. 061-2019 de 08 de julio de 2019.  Este proceder ilegal produce una serie de reclamos por diferentes actores sociales, llevando a que se solicite por parte del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se deje sin efecto esta resolución, para lo cual con cuatro votos a favor correspondientes a los consejeros David Rosero, Christian Cruz, Javier Dávalos, Francisco Bravo, y en inasistencia de las tres consejeras que conforman el total de este Consejo, se conoció un informe preliminar elaborado por la veeduría ciudadana creada para observar el proceso de la venta del Banco de Pacífico, para luego aprobar la resolución que pedía dejar sin efecto dicha acción ilegal, a más de qué dentro de la resolución se exhortó a la Asamblea Nacional que pidan se desclasifique la información autodeclarada como reservada, durante la comparecencia del presidente de la CFN.

 Luego de una serie de presiones populares en cuanto al reclamo de transparentar la negociación, llevó a hacer comparecer a los directivos del Banco del Pacífico ante la Asamblea Nacional, en una sesión reserva el 27 de agosto del 2020 en donde se le ordenó a la CFN a que lleve a cabo la desclasificación de la información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión, venta o monetización del Banco del Pacífico. En donde se indicó por parte de los funcionarios que presentaban un primer informe y que la valoración definitiva llegaba en dos semanas más, son las semanas más largas del planeta, pues a la fecha aún no existe de manera pública dicha información.  

Yendo a lo jurídico, hay que resaltar que no es posible que se pueda vender a escondidas y tras bastidores un bien público del Estado ecuatoriano, el Banco del Pacífico es bien público, puesto que el dueño de las acciones es el Estado, siendo así esta resulta ser una empresa pública con acciones privadas, ya que pasaron a ser un activo de la Corporación Financiera Nacional, indudable que la naturalidad de esas acciones pasa a ser públicas. A ello Art. 315 de la constitución dice “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”.

Mal está haciendo el Directorio de la CFN en andar en secretismos con acciones que mantienen carácter público como son las del banco del Pacífico, peor aún declararla a viva voz como una venta secreta.  El Art. 315 de la Constitución en su párrafo segundo dice: “Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales”. Por lo tanto, es más que lógico que esta venta como todas las ventas de bien público deben de ser transparentes y públicas, deben seguir el debido proceso de auditoría, de la Contraloría y fiscalización por parte de la Asamblea Nacional.

Aquí ya tiene un primer orden del día la nueva Asamblea Nacional, tiene que estar alerta a que no se ultraje los bienes del país, ni se intente vender un activo productivo, pero aun si se quiere vender el Banco a precio de gallina apestada y en secreto, este trabajito es una tarea con carácter de importante, para lo cual hay que hacer el seguimiento a esta mal habida negociación, se la tiene que colocar como una de las actividades prioritarias de fiscalización de la Asamblea.

Esta ilegalidad y acción inconstitucional de venta secreta del Banco del Pacífico que nació con el gobierno de Lenín Moreno, no puede proseguir en el gobierno del Presidente Lasso, debe parar, ya que por ningún concepto esta venta del Banco del Pacífico es beneficiosa para el país. El Presidente electo actual, con su trayectoria de experto banquero es por demás conocedor que el Banco del Pacífico goza de estabilidad, rentabilidad y con ello permite ser un bastión de aporte a la economía ecuatoriana, no se podría estar pensando en vender esta joya, que proyecta una imagen internacional de buen manejo empresarial financiero, al contrario en este momento como representante del pueblo ecuatoriano, está obligado a defender los intereses del Estado ecuatoriano, denunciar los intentos de desaparecer los bienes públicos beneficiosos, y al contrario capitalizarlos como bienes estratégicos de desarrollo productivo.

A continuación se hace conocer un histórico de lo que es el Banco del Pacífico, indicando en que condiciones financieras se encuentra, adelantándonos que siendo lo que es hoy este Banco, NO justifica su venta, puesto que está generando ingreso al Estado, vender una empresa que está produciendo con gran porcentaje de ganancia, sería una negociación de lo más absurda, a menos que el objetivo sea y se esté planificando dejar sin competidor a la banca privada, en fin no se tendría justificativo lógico, ético y moral alguno para hacer esta negociación.

El Banco del Pacífico es un banco privado con accionista público. No es una entidad financiera pública.  El dueño de las acciones de este banco privado es la Corporación Financiera Nacional, la CFN llega a ser dueña de un banco privado a partir de la crisis bancaria de 1999, es el caso que, el Estado ecuatoriano tuvo que aportar dinero para salvar al Banco del Pacífico, a cambio de ese capital se incautaron las acciones a los dueños del Banco en aquel entonces, al paso del tiempo termina como destinatario final de estas acciones la Corporación Financiera nacional CFN, como entidad financiera perteneciente al Estado ecuatoriano.

Al paso del tiempo se ha ganado un sitial internacional, con un peso clientelar y económico de gran tonelaje, que lo califica como una entidad de gran importancia para producir ingresos económicos para el Ecuador a través de la prestación de sus servicios y productos a la ciudadanía.

En su evolución El Banco del Pacífico logró salir del proceso de crisis hasta convertirse en un banco muy rentable, perdurando y acrecentando su buen nombre hasta la fecha actual. A diciembre del 2020 posee un total de activos de $6.951´000.000 de dólares logrando una subida de $869. Millones de dólares en relación con el año 2019; tiene un capital pasivo de $794.000.000 de dólares. Demostrando así que su evolución de activos ha sido positiva desde el 2013 que consiguió $3.860´000,000 dólares, comparando al de cierre del año 2020 con $6.951´452.280,72 de dólares; Su capital autorizado es de 601 millones de dólares y su capital pagado es de $474.000 millones de dólares.

Es la segunda entidad financiera del país con mayores activos por alrededor de los $7.000 millones de dólares, con una utilidad de USD 100 millones en el último año, dos millones de clientes y 17.000 puestos de atención a nivel nacional.

El banco del Pacífico es la competencia fuerte para el resto de Bancos privados del país, poseyendo la tasa de interés más baja del mercado en comparativo con los bancos privados :

En el transcurso de su evolución financiera el Banco del Pacífico ha recibido algunos premios, en este caso como base actual a su potencial administrativo financiero, en el 2020 recibió los siguientes premios: Mejor Banco Comercial del año 2020; Empresa Comprometida con la responsabilidad Social empresarial en América Latina 2020; Premio País Fintech Américas Channel innovation Platinum 2020; Mejor Marca Empleadora en el Sector Financiero- employer Branding Ecuador 2020:

Posee un certificado del comité de calificación de riesgos que lo declara como Triple A: “AAA” con base en la información financiera del año 2020, este fue dado el 31 de abril del 2021, entendiéndose que, aparte de ser un banco sólido, posee una excelente trayectoria de rentabilidad y perspectivas de estabilidad financiera a nivel internacional:

En términos de administración financiera sostenible,  también se le ha otorgado la certificación EDGE, siendo la Primera Institución financiera en Guayaquil en obtener el certificado EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) es una evaluación para construcciones nuevas o existentes, este sistema fue creado por la Corporación Financiera Internacional (IFC- en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, y propone una disminución en la cantidad de recursos utilizados mediante una escala comparativa que toma como base estándares locales. Para obtener la certificación EDGE, se necesita cumplir con un ahorro de mínimo de 20% de energía, 20% en agua y 20% en energía incorporada en los materiales en el edificio. En el Certificado preliminar obtenido por el Banco del Pacífico otorgado en febrero 2020, el edificio proyecta ahorros del 25% de energía, 68% de agua, 73% de energía incorporada en materiales.

Posee un seguro de depósitos validado por la Corporación de Seguros de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE, El Seguro de Depósitos protege de forma limitada los depósitos efectuados en las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Tiene establecido una política antisoborno, que conlleva a la observancia de cumplir con las políticas de ética y conducta en relación con sus colaboradores que brindan sus productos y servicios

Se sumaría como activo que este banco está posicionado con una marca sólida a nivel internacional, esto produce un aumento valorativo económico al contabilizar su valor real, en estas circunstancias subirían sus acciones que significan más de 610 millones. La bolsa de valores de Guayaquil señala dentro de las mayores transacciones a fecha 6 de mayo del 2021 entre compra y venta un valor nominal de %55 millones producidos por el banco del Pacífico.  Como se puede observar es indiscutible que esta entidad financiera no esté generando ingresos económicos al estado, al mismo tiempo que está prestando servicios a la población ecuatoriana.

No a la venta del Banco del Pacífico.

Gorki Aguirre

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Regreso a clases en tiempo de pandemia o delito de genocidio

Por: Gorki Dimitrov Aguirre Torres.

La ministra de educación Monserrat Creamer anunció que: “Las escuelas rurales unidocentes y bidocentes, con máximo 35 estudiantes, serán las primeras en abrir sus puertas a los estudiantes de la Costa, desde mediados de agosto”. Estamos hablando de  2.071 instituciones educativas que lo estarían haciendo pero sin explicar, hasta el momento, el plan estratégico táctico, técnico de Bioseguridad en Salud y Educación.

Tal parece que ni siquiera han realizado un cálculo estimativo de la capacidad de carga estudiantil por aula o espacio métrico educativo que poseen.  Las aulas rurales (hay casos en las que ni siquiera existen) se presentan como cuchitriles, porque no se les puede denominar aulas escolares, aunque para no ser soberbios, explicaremos que las utilizadas normalmente ya vienen sobrecargadas, pues su capacidad es para 30 estudiantes aunque se educan más de 35, esto inclusive, en las mismas metrópolis.

De acuerdo a este planteamiento y conociendo la deficiencia de infraestructura educativa en el Ecuador, más aún en el sector rural de la Costa, es imposible que se abarque a la población estudiantil existente puesto que si teníamos un aula con la capacidad limitada, hoy  por la realidad y circunstancia pandémica, este espacio físico está obligado a reducir su capacidad.

Por el distanciamiento social, a lo mucho, alcanza este espacio entre 13 o 14 estudiantes. Esto quiere decir que de las 2.071 instituciones existentes, estas se convertirían en 829 espacios educativos, lo que significa que faltaría por educar a una población de 43.491 estudiantes de la ruralidad. Es así como este grupo estudiantil no podrá recibir clases este año no solo por la falta de espacio físico, también hay que agregar a ello la falta de  acceso al servicio de telefonía móvil e Internet y hasta de energía eléctrica, porque muchos recintos aún carecen de estos servicios básicos elementales. La ineptitud administrativa del Gobierno empieza por el anuncio de la señora Ministra que señala que las personas que no asistan a la escuela de forma presencial, pueden hacerlo por medio de clases virtuales, en forma radial o televisiva, frente a una realidad diferente.

Por otra parte, esta deliberada acción de convocar a los estudiantes a que salgan de la seguridad de sus casas, lejos del cuidado y protección de los padres, a sabiendas que existe un peligro inminente de contagio del Covid-19 en las aulas escolares es imprudente. En estos lugares, el peligro de contaminación es del 99 % seguro a adquirir el virus, pues hasta el momento no se han dado estadísticas factibles sobre contagio masivo de niñas, niños y adolescentes, en gran parte, porque no se les ha permitido salir de sus hogares.  Sin embargo, si el Gobierno obliga a trasladarse  a este grupo humano del sector rural a que se aglomeren masivamente en 2.071 instituciones educativas, estaría mandando prácticamente a morir masivamente  a nuestras hijas e hijos, ya que somos conocedores de la gravedad de la enfermedad pandémica y sus secuelas mortales.

Desde el pensamiento educativo lógico trascendental es imposible creer que desde un Ministerio de Educación se lancen órdenes contra todo aspecto lógico humanista, indicando a los padres que manden a sus hijas e hijos a que asistan a lo que sería un contagio masivo de Covid -19, puesto que llevaría a una muerte segura de los contaminados. Una de las causas se asienta en que el sector rural carece de médicos ni cuentan con infraestructura ni equipos necesarios para enfrentar una epidemia masiva de Coronavirus en su territorio.

Pareciera que la razón de la convocatoria a clases presenciales no sería por la buena intención educativa, sino por el interés en contratar los desayunos escolares, ya que se estarían perdiendo de ganar los jugosos porcentajes de entre 10 % y 20 % que se ha acostumbrado a dar en los chanchullos comerciales gubernativos. Esto ya lo anunció el ex viceministro de educación indicando que su renuncia se debía por ese motivo, porque no quería firmar ese negociado de contratos de desayuno escolar en tiempo de pandemia, cuando no habían estudiantes asistiendo a clases.

Da escalofríos observar a dónde hemos llegado con este tipo de actuar de la gobernanza corrupta. Les vale un comino la vida. Ya fue con la medicina, con los hospitales, ahora es con los desayunos escolares. Les vale más el capital, el sucio dinero más que la vida humana. 

De darse esta acción deshumanizante de obligar a los jóvenes a asistir a clases presenciales en tiempo de pandemia, a más de no justificar una razón lógica para hacerlo, nos estaríamos encontrando con un delito de acción maquiavélica como lo es el delito de genocidio. Los crímenes por delito de genocidio son los que realizan acciones malévolas que provocan el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.  La constitución de la República del Ecuador habla sobre los crímenes de genocidio en su Art. 80 donde señala claramente que “Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles (…) Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó”. Además de que siendo imprescriptibles también se les aplicará la repetición por los daños causados. (O)

https://www.ecuadorenpositivo.com/regreso-a-clases-en-tiempo-de-pandemia-o-delito-de-genocidio/

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EL FANTASMA DE LA MUERTE CRUZADA REAPARECE EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

El término «Muerte Cruzada» fue tomando fama  en la temporada del ex Presidente del Ecuador Rafael Correa, pues por algunas ocasiones se lo escuchó en tono desafiante mencionarlo, esto cuando existían leyes complejas propuestas por El Ejecutivo y que había discrepancia para su aprobación dentro de la Asamblea Nacional, en estas circunstancias el Ex Presidente acudía a amenazar a los Asambleístas con ir a una Muerte Cruzada, cosa que nunca se dio, pero quedando en el ambiente ese toque espectral de muerte y amenaza fantasmagórica, claro, no se lo ve pero está ahí, como que fuera un fantasma. Pues éste fantasma, vuelve a rondar en la mente de los Asambleístas, pero con la diferencia de que, quien amenaza con la Muerte Cruzada es el actual “Gobierno de Todos” y lo realiza en un momento sui géneris y de gran complejidad, justo cuando estamos en una crisis por la Pandemia COVID-19, con crisis sanitaria, crisis económica, sin conocer cifras exactas de fallecimientos, con un Distrito Metropolitano de Guayaquil en alerta roja y con desesperación crítica, y a un año de las nuevas elecciones presidenciales de asambleísta y parlamentarios andinos.

La figura constitucional de la Muerte Cruzada fue colocada por la Asamblea Constituyente de Montecristi construcción de la Nueva Constitución del 2008, en vista de que antiguamente con las Constituciones anteriores se presentaba la posibilidad de que, desde la legalidad legislativa se den acciones golpistas en contra de los presidentes de turno, o en su defecto El poder ejecutivo a través del presidente de turno podía disolver el antiguo Congreso de Diputados (hoy llamados Asamblea Nacional y Asambleístas) y gobernar a sus anchas sin El poder Legislativo.  El Espíritu de Montecristi (el Pueblo) mandó a los Asambleístas Constituyentes a que elaboren un articulado en el que, ni el Ejecutivo ni el Legislativo lleven ventaja de poder gubernativo al momento de suceder esta acción jurídica de destitución al Presidente o Presidenta de la República o de manera contraria que, El Presidente de la República disuelva la Asamblea Nacional.

La actual Constitución de la República del Ecuador indica en lo referente al caso de la destitución del Presidente:

 Artículo 130.- “La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos:

1.Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. 2. Por grave crisis política y conmoción interna.

En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República.

Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la Vicepresidenta o Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República.

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo, en los tres primeros años del mismo.

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos.

Por otra parte, en lo que respecta a la disolución de la Asamblea Nacional:

Artículo 148.- La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato. En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.

Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.

Al observar la disposición Constitucional en los dos casos hay una coincidencia, la misma que indica: En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución o del decreto de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos.

A más de ello hay otro artículo que de seguro lo conocen los amenazadores de la muerte cruzada, que aplica después de haber sido ejecutada la misma:

Artículo 146.- (…) En caso de falta definitiva de la Presidenta o Presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia por el tiempo que reste para completar el correspondiente período presidencial.

En el mismo Artículo habla de una salvedad, que se presenta justo en caso de las circunstancias actuales, o sea faltando 10 meses para las nuevas elecciones que se llevarán a efecto el 21 de febrero del 2021 y a 1 mes para que se cumpla los 3 años del gobierno actual.

Artículo 146.- (…) En el caso de que faltare un año o menos, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional asumirá la Presidencia de la República por el resto del período».

Hoy, la amenaza del fantasma de la muerte cruzada, se presenta nuevamente por la discrepancia de la aprobación de una ley económica titulada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID 19, a la que muchos de los Asambleístas están en desacuerdo aprobar, por que es inconstitucional, como tal  recaudatoria y presenta un sentido confiscatorio, ya que El Estado puede exigir pagos de la ciudadanía a través de recaudaciones por impuestos, lo solicitado como voluntario no es obligatorio, mal se podría inscribir en una ley la acción voluntaria de las personas, la constitución de Montecristi lo prohíbe, a más de que las remuneraciones tienen carácter de inembargables :

Artículo 328.- (…) El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley.

La propuesta de ley, además indica que, estos dineros recaudados ilegalmente irán a un grupo de Iluminados particulares “Junta de notables” que manejan el dinero del pueblo que como tal pasa a ser parte del Estado, cosa que está prohibida como es que privados, manejen bienes y dinero público o del Estado.

Pero calculando los tiempos para que se ejecute la amenaza de la muerte cruzada, en un escenario positivo de no aprobación de la ley confiscatoria, siendo una ley de carácter económico urgente, ésta tiene un plazo para aprobar, reformar o negar de 30 días, una vez entregada con la negación o las reformas del caso, ésta merecerá la respuesta del gobierno. Si la respuesta del gobierno es la muerte cruzada, estaríamos en una acción completamente ilógica e infantil, ya que tendríamos elecciones después de 90 días, o sea más menos en Agosto del 2020 en plena Crisis Pospandemia y gastando unos 35 millones que no los tenemos en este momento.

Según se observa la idea del gobierno es aplicar la muerte cruzada, pero en las actuales circunstancias es más lógico y prudente que renuncie el Presidente, ya que tendría el mismo efecto, pero menos dañino para la población, evitando gastos innecesarios y conflictos electorales y gubernativos, a más de que ha sido expresado por su misma persona como comandante en jefe que es, el no estar en capacidad de afrontar la gobernabilidad en territorio frente a la problemática que nos aqueja, «Mi situación me impide salir a territorio, soy una persona de la tercera edad, con discapacidad física y con los problemas médicos que ello representa. Los médicos me han dicho que fácilmente podría contraer el coronavirus y que difícilmente podría superarlo», lo cual no le deseamos ni al señor presidente ni a persona alguna; en tal circunstancia siendo ésta una de las causales para ya no ejercer el cargo según el artículo constitucional 145. Numeral 4. y pudiéndose acoger al numeral 2 del mismo artículo para dejar voluntariamente el cargo.

Así el vicepresidente subiría como Presidente de manera constitucional, cambiaría a los ministros inservibles del gabinete actual, y de esta manera se podría tomar fotos como Presidente, ya que aparentaba que ese es su deseo de campaña anticipada.  Así nos olvidamos del fantasma de la muerte cruzada, cambiamos el escenario, volviendo a nuestra realidad: con nuestros muertos, con nuestra gente del día día,  sin trabajo, con educación rural y marginal sin computadoras, sin redes telefónicas, sin internet, sin energia eléctrica, sin comida, sin agua, apoyados hombro a hombro con nuestros héroes de la primera línea sin protección de bioseguridad, todos Resistiendo y sobreviviendo en resiliencia ante el real problema causado por la Pandemia COVID-2019, que junto a nuestros malos gobernantes está creado un Ecuador fantasma.

Fuente: Constitución de la República del Ecuador PDF. Lexis. com.ec

Mensaje del Presidente de la República del Ecuador