Publicado en Artículo de Opinión.

LA AMNISTÍA DADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL “VA PORQUE VA”. 

La lucha encarnizada de las jornadas del Paro Nacional de Octubre del 2019, tuvieron serias y graves consecuencias, tanto así que esta pelea entre hermanos ecuatorianos llegó al extremo de consumarse la violación al derecho a la vida, principio fundamental de los derechos humanos; existieron heridos de diferente tipo, algunos con mutilaciones oculares, violencia sexual, encarcelados, entre otras acciones negativas más, es decir llegó a su máximo retrógrado proceder, incluyendo la destrucción material de la propiedad, especialmente del Distrito Metropolitano Quito.  

Como la memoria es frágil, es importante recordar el por qué inició esta lucha social que terminó en una lucha fratricida. Las organizaciones sociales e indígenas a partir del 02 de Octubre pusieron en marcha las movilizaciones que pedían al gobierno del Presidente del Ecuador Lenin Moreno y Vicepresidente Otto Sonnenholzner que se revierta un decreto presidencial denominado “Decreto 803” el mismo que ponía en juego la estabilidad económica del país, puesto que con estas medidas se procedía a quitar los subsidios a los combustibles, que afectaban a toda la población ecuatoriana.

Estas jornadas se fueron intensificando al paso del tiempo, ya que el presidente Moreno no dio escucha al justificado pedido popular, y al contrario aplicó represión antidisturbios, en contra de las marchas en nombre de la resistencia, protesta social y derecho constitucional a la resistencia; mismas que terminaron en “crímenes de lesa humanidad” esto según el informe de “La Comisión Especial de la Verdad y la Justicia” que propuso la Defensoría del Pueblo a través del Defensor del Pueblo de aquel entonces Dr. Freddy Carrión (hoy también preso político) indicando en dicho informe que se violó los derechos Humanos por parte del gobierno de Moreno a través de la Policía y Fuerzas Armadas.  “La Institución Nacional de Derechos Humanos reportó, producto de su investigación defensorial, más de 2.543 víctimas entre personas aprehendidas arbitrariamente, fallecidas y heridas. Este monitoreo realizado por la entidad ha servido como base para las investigaciones posteriores tanto de organismos internacionales como nacionales.”

Todo esto se pudo evitar de una manera salomónica, sí los caprichos politiqueros no hubieran interferido en este reclamo popular abriéndose el diálogo, tal como sucedió luego, cuando la ONU medió para qué las partes a través de la razón lógica procedan a acordar el fin de la violencia, esto se dio el día 13 de octubre en reunión entre CONAIE y el “Gobierno de Todos“ en donde el Presidente Moreno decidió derogar el Decreto Presidencial 883 causante de todo el dilema, y con ello se logró poner fin al Paro Nacional, lográndose el retorno a la paz.

Pero hasta que ocurra este deseado fin, el Gobierno de Moreno a través del Ministerio de Gobierno había reportado 1.330 personas detenidas, 435 policías heridos.  Luego la “Comisión de la Verdad” reportaba 14 muertes (tabla 1, 2 y 3), así como también 1.119 personas detenidas (tabla 4).

En la actualidad la Asamblea Nacional procedió, dentro de sus competencias, a dar amnistía a 268 personas, entre ellos 153 amnistiados son «defensores de los territorios comunitarios», 12 corresponden a casos de «administración de justicia indígena», 43 son activistas de defensa de los Derechos de la Naturaleza, y 60 pertenecen al caso «judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre 2019»; actuando la asamblea de acuerdo con el Art. 120 de la constitución que indica sobre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, estando establecido en el numeral 13. “Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.”

En esas condiciones, la Asamblea Nacional en pleno, por mayoría de 99 votos, cumplió con dar amnistía bajo la potestad constitucional de sus competencias. Pero se escuchan voces de políticos adeptos al actual Gobierno del presidente Lasso, e incluso el mismo presidente como principal de la Función Ejecutiva no estar de acuerdo con las decisiones de la Función Legislativa, hasta cierto punto interfiriendo en otra función del Estado, indicando estas voces políticas querer establecer una acción de protección sobre la decisión legislativa de la Asamblea de otorgar amnistía a estas 268 personas, justificando su iniciativa en qué, quienes han recibido la amnistía son terroristas, criminales comunes y que no merecen esta absolución legislativa porque causaron los destrozos en la capital del Ecuador en las jornadas del Paro Nacional de Octubre del 2019.

A ello se puede aclarar qué este cálculo político del gobierno y sus seguidores, estaría en contra ley, puesto que la misma constitución indica: Art. 88.- “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

Siendo así se observa claramente que este tipo de acción contra la vulneración de derechos no aplica a los actos realizados por la legislatura de los Asambleístas reunidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, que resultan acciones de naturaleza general, siendo un cuerpo colegiado este actúa por decisión de mayorías en donde la institución representa la disposición legal emanada. Es decir, no es una persona particular quien ha tomado la decisión, sino la Asamblea Nacional, a más de que la decisión no está en contra de la Constitución.  

Esta amnistía resulta ser un acto legislativo constitucional consumado, no procede acción de protección ni acción de inconstitucionalidad, ya que los amnistiados no procesan juicios ejecutoriados en su contra que los acredite como criminales o delincuentes prontuariados, hasta el momento solo existen los comentarios contrarios a la amnistía que están juzgando subjetivamente sin juicio de causa legal.  Siendo ese proceder el espíritu de la amnistía, es un instrumento jurídico de la función Legislativa, que tiene por efecto, la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el injusto enjuiciamiento del imputado.

Es más, los amnistiados tendrías que estar todos libres ya en su casa, puesto qué El artículo 12 del COIP en su numeral 15, ordena que la persona privada de libertad, cuando reciba amnistía será liberada de manera inmediata.

No hay que olvidar que el presidente Lasso indultó a personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada, o sea en este caso si fueron delincuentes que estaban acusados de robo, hurto, estafa y abuso de confianza que sumarian entre unos 5.000 PPL sentenciados por estos ilícitos, y que gracias al Decreto Ejecutivo 355 ahora están libres, mientras la población paga las consecuencias de las malas políticas en cuanto a inseguridad ciudadana.

Informe de la Comisión Especial de la Verdad y La Justicia. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2942

Tabla 1.-
Tabla 2.-
Tabla 3.-
Tabla 4.-
Publicado en Artículo de Opinión., Denuncia Popular

NO a la venta del Banco del Pacífico

Sucede que por el año 2019, de repente y furtivamente, justificando obtener ingresos para el Estado ecuatoriano, a ciertos iluminados se les ocurrió vender el Banco del Pacífico; y como es costumbre de las personas inconsecuentes de obrar en su actuar con falta de ética, procedieron a hurtadillas a hacer un proceso de negociación de venta de este Banco, para tal efecto, este proceso había sido declarado como reservado por el Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), mediante Resolución No. 061-2019 de 08 de julio de 2019.  Este proceder ilegal produce una serie de reclamos por diferentes actores sociales, llevando a que se solicite por parte del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se deje sin efecto esta resolución, para lo cual con cuatro votos a favor correspondientes a los consejeros David Rosero, Christian Cruz, Javier Dávalos, Francisco Bravo, y en inasistencia de las tres consejeras que conforman el total de este Consejo, se conoció un informe preliminar elaborado por la veeduría ciudadana creada para observar el proceso de la venta del Banco de Pacífico, para luego aprobar la resolución que pedía dejar sin efecto dicha acción ilegal, a más de qué dentro de la resolución se exhortó a la Asamblea Nacional que pidan se desclasifique la información autodeclarada como reservada, durante la comparecencia del presidente de la CFN.

 Luego de una serie de presiones populares en cuanto al reclamo de transparentar la negociación, llevó a hacer comparecer a los directivos del Banco del Pacífico ante la Asamblea Nacional, en una sesión reserva el 27 de agosto del 2020 en donde se le ordenó a la CFN a que lleve a cabo la desclasificación de la información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión, venta o monetización del Banco del Pacífico. En donde se indicó por parte de los funcionarios que presentaban un primer informe y que la valoración definitiva llegaba en dos semanas más, son las semanas más largas del planeta, pues a la fecha aún no existe de manera pública dicha información.  

Yendo a lo jurídico, hay que resaltar que no es posible que se pueda vender a escondidas y tras bastidores un bien público del Estado ecuatoriano, el Banco del Pacífico es bien público, puesto que el dueño de las acciones es el Estado, siendo así esta resulta ser una empresa pública con acciones privadas, ya que pasaron a ser un activo de la Corporación Financiera Nacional, indudable que la naturalidad de esas acciones pasa a ser públicas. A ello Art. 315 de la constitución dice “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”.

Mal está haciendo el Directorio de la CFN en andar en secretismos con acciones que mantienen carácter público como son las del banco del Pacífico, peor aún declararla a viva voz como una venta secreta.  El Art. 315 de la Constitución en su párrafo segundo dice: “Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales”. Por lo tanto, es más que lógico que esta venta como todas las ventas de bien público deben de ser transparentes y públicas, deben seguir el debido proceso de auditoría, de la Contraloría y fiscalización por parte de la Asamblea Nacional.

Aquí ya tiene un primer orden del día la nueva Asamblea Nacional, tiene que estar alerta a que no se ultraje los bienes del país, ni se intente vender un activo productivo, pero aun si se quiere vender el Banco a precio de gallina apestada y en secreto, este trabajito es una tarea con carácter de importante, para lo cual hay que hacer el seguimiento a esta mal habida negociación, se la tiene que colocar como una de las actividades prioritarias de fiscalización de la Asamblea.

Esta ilegalidad y acción inconstitucional de venta secreta del Banco del Pacífico que nació con el gobierno de Lenín Moreno, no puede proseguir en el gobierno del Presidente Lasso, debe parar, ya que por ningún concepto esta venta del Banco del Pacífico es beneficiosa para el país. El Presidente electo actual, con su trayectoria de experto banquero es por demás conocedor que el Banco del Pacífico goza de estabilidad, rentabilidad y con ello permite ser un bastión de aporte a la economía ecuatoriana, no se podría estar pensando en vender esta joya, que proyecta una imagen internacional de buen manejo empresarial financiero, al contrario en este momento como representante del pueblo ecuatoriano, está obligado a defender los intereses del Estado ecuatoriano, denunciar los intentos de desaparecer los bienes públicos beneficiosos, y al contrario capitalizarlos como bienes estratégicos de desarrollo productivo.

A continuación se hace conocer un histórico de lo que es el Banco del Pacífico, indicando en que condiciones financieras se encuentra, adelantándonos que siendo lo que es hoy este Banco, NO justifica su venta, puesto que está generando ingreso al Estado, vender una empresa que está produciendo con gran porcentaje de ganancia, sería una negociación de lo más absurda, a menos que el objetivo sea y se esté planificando dejar sin competidor a la banca privada, en fin no se tendría justificativo lógico, ético y moral alguno para hacer esta negociación.

El Banco del Pacífico es un banco privado con accionista público. No es una entidad financiera pública.  El dueño de las acciones de este banco privado es la Corporación Financiera Nacional, la CFN llega a ser dueña de un banco privado a partir de la crisis bancaria de 1999, es el caso que, el Estado ecuatoriano tuvo que aportar dinero para salvar al Banco del Pacífico, a cambio de ese capital se incautaron las acciones a los dueños del Banco en aquel entonces, al paso del tiempo termina como destinatario final de estas acciones la Corporación Financiera nacional CFN, como entidad financiera perteneciente al Estado ecuatoriano.

Al paso del tiempo se ha ganado un sitial internacional, con un peso clientelar y económico de gran tonelaje, que lo califica como una entidad de gran importancia para producir ingresos económicos para el Ecuador a través de la prestación de sus servicios y productos a la ciudadanía.

En su evolución El Banco del Pacífico logró salir del proceso de crisis hasta convertirse en un banco muy rentable, perdurando y acrecentando su buen nombre hasta la fecha actual. A diciembre del 2020 posee un total de activos de $6.951´000.000 de dólares logrando una subida de $869. Millones de dólares en relación con el año 2019; tiene un capital pasivo de $794.000.000 de dólares. Demostrando así que su evolución de activos ha sido positiva desde el 2013 que consiguió $3.860´000,000 dólares, comparando al de cierre del año 2020 con $6.951´452.280,72 de dólares; Su capital autorizado es de 601 millones de dólares y su capital pagado es de $474.000 millones de dólares.

Es la segunda entidad financiera del país con mayores activos por alrededor de los $7.000 millones de dólares, con una utilidad de USD 100 millones en el último año, dos millones de clientes y 17.000 puestos de atención a nivel nacional.

El banco del Pacífico es la competencia fuerte para el resto de Bancos privados del país, poseyendo la tasa de interés más baja del mercado en comparativo con los bancos privados :

En el transcurso de su evolución financiera el Banco del Pacífico ha recibido algunos premios, en este caso como base actual a su potencial administrativo financiero, en el 2020 recibió los siguientes premios: Mejor Banco Comercial del año 2020; Empresa Comprometida con la responsabilidad Social empresarial en América Latina 2020; Premio País Fintech Américas Channel innovation Platinum 2020; Mejor Marca Empleadora en el Sector Financiero- employer Branding Ecuador 2020:

Posee un certificado del comité de calificación de riesgos que lo declara como Triple A: “AAA” con base en la información financiera del año 2020, este fue dado el 31 de abril del 2021, entendiéndose que, aparte de ser un banco sólido, posee una excelente trayectoria de rentabilidad y perspectivas de estabilidad financiera a nivel internacional:

En términos de administración financiera sostenible,  también se le ha otorgado la certificación EDGE, siendo la Primera Institución financiera en Guayaquil en obtener el certificado EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) es una evaluación para construcciones nuevas o existentes, este sistema fue creado por la Corporación Financiera Internacional (IFC- en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, y propone una disminución en la cantidad de recursos utilizados mediante una escala comparativa que toma como base estándares locales. Para obtener la certificación EDGE, se necesita cumplir con un ahorro de mínimo de 20% de energía, 20% en agua y 20% en energía incorporada en los materiales en el edificio. En el Certificado preliminar obtenido por el Banco del Pacífico otorgado en febrero 2020, el edificio proyecta ahorros del 25% de energía, 68% de agua, 73% de energía incorporada en materiales.

Posee un seguro de depósitos validado por la Corporación de Seguros de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE, El Seguro de Depósitos protege de forma limitada los depósitos efectuados en las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Tiene establecido una política antisoborno, que conlleva a la observancia de cumplir con las políticas de ética y conducta en relación con sus colaboradores que brindan sus productos y servicios

Se sumaría como activo que este banco está posicionado con una marca sólida a nivel internacional, esto produce un aumento valorativo económico al contabilizar su valor real, en estas circunstancias subirían sus acciones que significan más de 610 millones. La bolsa de valores de Guayaquil señala dentro de las mayores transacciones a fecha 6 de mayo del 2021 entre compra y venta un valor nominal de %55 millones producidos por el banco del Pacífico.  Como se puede observar es indiscutible que esta entidad financiera no esté generando ingresos económicos al estado, al mismo tiempo que está prestando servicios a la población ecuatoriana.

No a la venta del Banco del Pacífico.

Gorki Aguirre