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SIP considera restrictiva ley sobre violencia digital en Ecuador

«Lamentamos que con el argumento de defender los derechos humanos, se termine atacando la libertad de expresión «Miami (7 de marzo de 2021).-

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó al Congreso ecuatoriano por sorprender con una Ley de Violencia Digital que restringe la libertad de expresión. La entidad señaló que la norma criminaliza en forma agravada y desproporcionada algunas expresiones o acciones en el ámbito digital que están contempladas en los códigos Civil y Penal. Además, al considerar que los legisladores desconsideraron principios sobre derechos humanos y libertad de expresión del sistema interamericano, la organización espera que el presidente Lenín Moreno pueda reconsiderarla desde esa óptica antes de promulgarla. La Asamblea Nacional sancionó la ley el 6 de mayo, con el objetivo declamado de proteger a las víctimas de violencia sexual y ciberacoso. El estatuto modifica el Código Orgánico Integral Penal, cuyo artículo 178, sobre violación a la intimidad, sanciona con entre uno y tres años de prisión a la persona que grabe, revele, difunda o publique datos personales de terceros. La legislación fue enviada al Poder Ejecutivo para su firma. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que «preocupa que el nuevo estatuto pueda afectar a periodistas que, en el ejercicio de su trabajo, tienen que revelar información». Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, añadió que «la generalidad de la ley permite que los periodistas puedan ser demandados por incurrir en el delito de violación de la intimidad, sin establecerse diferencias respecto de asuntos de interés público». «Lamentamos que con el argumento de defender los derechos humanos, se termine atacando la libertad de expresión», expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del diario La Voz del Interior, de Argentina. «Da la impresión de que los legisladores no hicieron la tarea de consultar con expertos en materia de libertad de expresión y no revisaron la literatura profusa de la que dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en temas de libertad de expresión y de prensa en el ámbito digital, así como las relatorías de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH».En ese sentido, los directivos de la SIP se refirieron también a la Declaración de Salta Sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, que establece que «los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio». El mismo documento afirma que si bien «las agresiones deben ser investigadas con prontitud y sancionadas apropiadamente», «la protección de datos personales y la privacidad de las personas son derechos fundamentales, pero no deben restringir ni limitar la circulación de información de interés público».Canahuati y Jornet recordaron que en la reciente reunión de la organización, se prestó especial atención a la tendencia excesiva a regular internet sobre delitos que ya están tipificados en la legislación general, lo que crea doble estándares peligrosos. La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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#SOSGALAPAGOS contra los buques chinos

Es oportuno recordar que, a pedido del expresidente de Ecuador el 22 de mayo de 2012, la Asamblea Nacional aprobó con 81 votos el tratado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Mar CONVEMAR. De esta forma le quitó a la nación la soberanía y derecho sobre las 200 millas de mar territorial que obtuvo a través de la firma del Tratado del Pacífico en 1952, ganando un derecho inalienable, irreductible e inviolable sobre nuestro territorio, tal como lo indica el Artículo 4.- de La Constitución de la República del Ecuador.

Ahora resulta que, con la aprobación de la Convemar, nos han reducido de 200 a 12 millas de mar territorial y supuestamente nos han reconocido 188 millas de zona económica, exclusiva y compartida con otros países.

Estamos palpando claramente que este atentado a la soberanía nacional, a más de ser antipatriota, se plantea cobarde contra toda lógica fundamental de amor a la Patria. La Asamblea Nacional regaló nuestro mar territorial y estamos observando el porqué de esos intereses mezquinos. Al parecer existió un plan maquiavélico para entregar nuestras riquezas naturales y ante este hecho muchos ciudadanos nos preguntamos: ¿Cuánto costó esta votación? ¿Lo podremos saber en algún momento? Lo que sí podemos constatar es que los ecuatorianos estamos pagando ese costo.

Actualmente somos testigos de la llegada de 270 buques con bandera china, los cuales extraen recursos ictiológicos cercanos a las islas Galápagos. Cabe recalcar que nuestras islas, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, en 1978, adquieren este reconocimiento por los siguientes fundamentos: 1.- Contienen fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética. 2.- Constituyen uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas. 3.- Es uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas. 4.- Contiene los hábitats naturales más representativos e importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que tienen especies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo.

Precisamente, el atentado que realizan los buques chinos en este momento, permitidos por el Estado ecuatoriano y sus administradores, desacreditan el cuarto punto mencionado, que fundamenta la declaratoria de Galápagos como Patrimonio de la Humanidad. Está claro que los administradores y fiscalizadores de nuestro país dejan pasar esta destrucción del hábitat de millones de especies protegidas sin ningún remordimiento.

Esperemos a que mañana no se les ocurra a ciertos países navegar a tan solo 12 millas del territorio ecuatoriano para fines comerciales o practicando tácticas militares con posiciones de buques porta aviones, submarinos y bases militares marinas estratégicas con objetivos de invasión, pesca de alto calaje, la explotación del suelo o subsuelo para extraer oro, uranio, gas, petróleo, entre otros; o colocando antenas satelitales, paso de tuberías y cables submarinos, o de aeronaves. En un comparativo sería como que la antigua base de Manta, que estuvo en territorio terrestre, la ubicaran en zona marítima sin ningún criterio a reclamar su salida y terminación.

Recordemos que existen dos aviones extranjeros de Estados Unidos al que el Gobierno de Moreno les permitió la entrada y salida de la isla San Cristóbal, en Galápagos, con fines de inteligencia, sin establecer el impacto ambiental que causaría en la biodiversidad del área protegida.

Suena irónico que los justificativos que nos han dado para introducir los aviones Orión P3 y Awac sean los de proteger el área contra narcotraficantes y la pesca ilegal. Pero hasta el momento “los salvadores” no han movido un dedo por contrarrestar esta masacre de especies marinas. Más bien se suman a la destrucción del ecosistema al descargar toneladas de anhídrido carbónico, producto de las maniobras de los aviones.

Queda claro que son los administradores gubernamentales quienes dan el mal ejemplo en su falta soberana por permitir estas atrocidades en un hábitat sumamente sensible para nuestras especies.

Los que amamos la Patria tenemos que defenderla como a nuestra madre y somos millones de ecuatorianos interesados en reclamar la ilegalidad e inconstitucionalidad de la aprobación de la Convemar, al violar la norma en los artículos: 1; Art. 3.- numerales 2 y 3; Art.- 4; Art.- 276.- numerales 4 y 5; Art. 403; 404; 408; 417; 420; 424.

Para sostener esta tesis cito el Art.- 422, que señala: “No se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

No podemos quedarnos impávidos observando la forma en que flagrantemente se entregó nuestro territorio marítimo a manos extranjeras. Debemos demandar nuestro derecho al mar territorial y la inconstitucionalidad de este delito a nuestra soberanía territorial marítima, apoyándonos en el Art. 420.- que indica: “La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, por iniciativa ciudadana o por la presidenta o presidente de la República”.

En vista de que el presidente permitió meter aviones extranjeros en Galápagos, resulta oportuno que los ciudadanos iniciemos el reclamo a la Asamblea para que se revierta ese tratado violatorio a la Constitución y a la soberanía del Ecuador, para así proteger nuestro mar territorial. (O)

Fuente: https://www.ecuadorenpositivo.com/sosgalapagos-contra-los-buques-chinos/

Por: Gorki Aguirre Torres