Publicado en Artículo de Opinión.

LA AMNISTÍA DADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL “VA PORQUE VA”. 

La lucha encarnizada de las jornadas del Paro Nacional de Octubre del 2019, tuvieron serias y graves consecuencias, tanto así que esta pelea entre hermanos ecuatorianos llegó al extremo de consumarse la violación al derecho a la vida, principio fundamental de los derechos humanos; existieron heridos de diferente tipo, algunos con mutilaciones oculares, violencia sexual, encarcelados, entre otras acciones negativas más, es decir llegó a su máximo retrógrado proceder, incluyendo la destrucción material de la propiedad, especialmente del Distrito Metropolitano Quito.  

Como la memoria es frágil, es importante recordar el por qué inició esta lucha social que terminó en una lucha fratricida. Las organizaciones sociales e indígenas a partir del 02 de Octubre pusieron en marcha las movilizaciones que pedían al gobierno del Presidente del Ecuador Lenin Moreno y Vicepresidente Otto Sonnenholzner que se revierta un decreto presidencial denominado “Decreto 803” el mismo que ponía en juego la estabilidad económica del país, puesto que con estas medidas se procedía a quitar los subsidios a los combustibles, que afectaban a toda la población ecuatoriana.

Estas jornadas se fueron intensificando al paso del tiempo, ya que el presidente Moreno no dio escucha al justificado pedido popular, y al contrario aplicó represión antidisturbios, en contra de las marchas en nombre de la resistencia, protesta social y derecho constitucional a la resistencia; mismas que terminaron en “crímenes de lesa humanidad” esto según el informe de “La Comisión Especial de la Verdad y la Justicia” que propuso la Defensoría del Pueblo a través del Defensor del Pueblo de aquel entonces Dr. Freddy Carrión (hoy también preso político) indicando en dicho informe que se violó los derechos Humanos por parte del gobierno de Moreno a través de la Policía y Fuerzas Armadas.  “La Institución Nacional de Derechos Humanos reportó, producto de su investigación defensorial, más de 2.543 víctimas entre personas aprehendidas arbitrariamente, fallecidas y heridas. Este monitoreo realizado por la entidad ha servido como base para las investigaciones posteriores tanto de organismos internacionales como nacionales.”

Todo esto se pudo evitar de una manera salomónica, sí los caprichos politiqueros no hubieran interferido en este reclamo popular abriéndose el diálogo, tal como sucedió luego, cuando la ONU medió para qué las partes a través de la razón lógica procedan a acordar el fin de la violencia, esto se dio el día 13 de octubre en reunión entre CONAIE y el “Gobierno de Todos“ en donde el Presidente Moreno decidió derogar el Decreto Presidencial 883 causante de todo el dilema, y con ello se logró poner fin al Paro Nacional, lográndose el retorno a la paz.

Pero hasta que ocurra este deseado fin, el Gobierno de Moreno a través del Ministerio de Gobierno había reportado 1.330 personas detenidas, 435 policías heridos.  Luego la “Comisión de la Verdad” reportaba 14 muertes (tabla 1, 2 y 3), así como también 1.119 personas detenidas (tabla 4).

En la actualidad la Asamblea Nacional procedió, dentro de sus competencias, a dar amnistía a 268 personas, entre ellos 153 amnistiados son «defensores de los territorios comunitarios», 12 corresponden a casos de «administración de justicia indígena», 43 son activistas de defensa de los Derechos de la Naturaleza, y 60 pertenecen al caso «judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre 2019»; actuando la asamblea de acuerdo con el Art. 120 de la constitución que indica sobre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, estando establecido en el numeral 13. “Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.”

En esas condiciones, la Asamblea Nacional en pleno, por mayoría de 99 votos, cumplió con dar amnistía bajo la potestad constitucional de sus competencias. Pero se escuchan voces de políticos adeptos al actual Gobierno del presidente Lasso, e incluso el mismo presidente como principal de la Función Ejecutiva no estar de acuerdo con las decisiones de la Función Legislativa, hasta cierto punto interfiriendo en otra función del Estado, indicando estas voces políticas querer establecer una acción de protección sobre la decisión legislativa de la Asamblea de otorgar amnistía a estas 268 personas, justificando su iniciativa en qué, quienes han recibido la amnistía son terroristas, criminales comunes y que no merecen esta absolución legislativa porque causaron los destrozos en la capital del Ecuador en las jornadas del Paro Nacional de Octubre del 2019.

A ello se puede aclarar qué este cálculo político del gobierno y sus seguidores, estaría en contra ley, puesto que la misma constitución indica: Art. 88.- “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

Siendo así se observa claramente que este tipo de acción contra la vulneración de derechos no aplica a los actos realizados por la legislatura de los Asambleístas reunidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, que resultan acciones de naturaleza general, siendo un cuerpo colegiado este actúa por decisión de mayorías en donde la institución representa la disposición legal emanada. Es decir, no es una persona particular quien ha tomado la decisión, sino la Asamblea Nacional, a más de que la decisión no está en contra de la Constitución.  

Esta amnistía resulta ser un acto legislativo constitucional consumado, no procede acción de protección ni acción de inconstitucionalidad, ya que los amnistiados no procesan juicios ejecutoriados en su contra que los acredite como criminales o delincuentes prontuariados, hasta el momento solo existen los comentarios contrarios a la amnistía que están juzgando subjetivamente sin juicio de causa legal.  Siendo ese proceder el espíritu de la amnistía, es un instrumento jurídico de la función Legislativa, que tiene por efecto, la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el injusto enjuiciamiento del imputado.

Es más, los amnistiados tendrías que estar todos libres ya en su casa, puesto qué El artículo 12 del COIP en su numeral 15, ordena que la persona privada de libertad, cuando reciba amnistía será liberada de manera inmediata.

No hay que olvidar que el presidente Lasso indultó a personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada, o sea en este caso si fueron delincuentes que estaban acusados de robo, hurto, estafa y abuso de confianza que sumarian entre unos 5.000 PPL sentenciados por estos ilícitos, y que gracias al Decreto Ejecutivo 355 ahora están libres, mientras la población paga las consecuencias de las malas políticas en cuanto a inseguridad ciudadana.

Informe de la Comisión Especial de la Verdad y La Justicia. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2942

Tabla 1.-
Tabla 2.-
Tabla 3.-
Tabla 4.-
Publicado en Artículo de Opinión.

Regreso a clases en tiempo de pandemia o delito de genocidio

Por: Gorki Dimitrov Aguirre Torres.

La ministra de educación Monserrat Creamer anunció que: “Las escuelas rurales unidocentes y bidocentes, con máximo 35 estudiantes, serán las primeras en abrir sus puertas a los estudiantes de la Costa, desde mediados de agosto”. Estamos hablando de  2.071 instituciones educativas que lo estarían haciendo pero sin explicar, hasta el momento, el plan estratégico táctico, técnico de Bioseguridad en Salud y Educación.

Tal parece que ni siquiera han realizado un cálculo estimativo de la capacidad de carga estudiantil por aula o espacio métrico educativo que poseen.  Las aulas rurales (hay casos en las que ni siquiera existen) se presentan como cuchitriles, porque no se les puede denominar aulas escolares, aunque para no ser soberbios, explicaremos que las utilizadas normalmente ya vienen sobrecargadas, pues su capacidad es para 30 estudiantes aunque se educan más de 35, esto inclusive, en las mismas metrópolis.

De acuerdo a este planteamiento y conociendo la deficiencia de infraestructura educativa en el Ecuador, más aún en el sector rural de la Costa, es imposible que se abarque a la población estudiantil existente puesto que si teníamos un aula con la capacidad limitada, hoy  por la realidad y circunstancia pandémica, este espacio físico está obligado a reducir su capacidad.

Por el distanciamiento social, a lo mucho, alcanza este espacio entre 13 o 14 estudiantes. Esto quiere decir que de las 2.071 instituciones existentes, estas se convertirían en 829 espacios educativos, lo que significa que faltaría por educar a una población de 43.491 estudiantes de la ruralidad. Es así como este grupo estudiantil no podrá recibir clases este año no solo por la falta de espacio físico, también hay que agregar a ello la falta de  acceso al servicio de telefonía móvil e Internet y hasta de energía eléctrica, porque muchos recintos aún carecen de estos servicios básicos elementales. La ineptitud administrativa del Gobierno empieza por el anuncio de la señora Ministra que señala que las personas que no asistan a la escuela de forma presencial, pueden hacerlo por medio de clases virtuales, en forma radial o televisiva, frente a una realidad diferente.

Por otra parte, esta deliberada acción de convocar a los estudiantes a que salgan de la seguridad de sus casas, lejos del cuidado y protección de los padres, a sabiendas que existe un peligro inminente de contagio del Covid-19 en las aulas escolares es imprudente. En estos lugares, el peligro de contaminación es del 99 % seguro a adquirir el virus, pues hasta el momento no se han dado estadísticas factibles sobre contagio masivo de niñas, niños y adolescentes, en gran parte, porque no se les ha permitido salir de sus hogares.  Sin embargo, si el Gobierno obliga a trasladarse  a este grupo humano del sector rural a que se aglomeren masivamente en 2.071 instituciones educativas, estaría mandando prácticamente a morir masivamente  a nuestras hijas e hijos, ya que somos conocedores de la gravedad de la enfermedad pandémica y sus secuelas mortales.

Desde el pensamiento educativo lógico trascendental es imposible creer que desde un Ministerio de Educación se lancen órdenes contra todo aspecto lógico humanista, indicando a los padres que manden a sus hijas e hijos a que asistan a lo que sería un contagio masivo de Covid -19, puesto que llevaría a una muerte segura de los contaminados. Una de las causas se asienta en que el sector rural carece de médicos ni cuentan con infraestructura ni equipos necesarios para enfrentar una epidemia masiva de Coronavirus en su territorio.

Pareciera que la razón de la convocatoria a clases presenciales no sería por la buena intención educativa, sino por el interés en contratar los desayunos escolares, ya que se estarían perdiendo de ganar los jugosos porcentajes de entre 10 % y 20 % que se ha acostumbrado a dar en los chanchullos comerciales gubernativos. Esto ya lo anunció el ex viceministro de educación indicando que su renuncia se debía por ese motivo, porque no quería firmar ese negociado de contratos de desayuno escolar en tiempo de pandemia, cuando no habían estudiantes asistiendo a clases.

Da escalofríos observar a dónde hemos llegado con este tipo de actuar de la gobernanza corrupta. Les vale un comino la vida. Ya fue con la medicina, con los hospitales, ahora es con los desayunos escolares. Les vale más el capital, el sucio dinero más que la vida humana. 

De darse esta acción deshumanizante de obligar a los jóvenes a asistir a clases presenciales en tiempo de pandemia, a más de no justificar una razón lógica para hacerlo, nos estaríamos encontrando con un delito de acción maquiavélica como lo es el delito de genocidio. Los crímenes por delito de genocidio son los que realizan acciones malévolas que provocan el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.  La constitución de la República del Ecuador habla sobre los crímenes de genocidio en su Art. 80 donde señala claramente que “Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles (…) Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó”. Además de que siendo imprescriptibles también se les aplicará la repetición por los daños causados. (O)

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