Sobre el anuncio de una posible contratación de mercenarios en el territorio ecuatoriano para que estos combatan el crimen organizado, es importante denotar y hacer conocer que en Ecuador está prohibido rotundamente hacer ese tipo de contrataciones, el hacerlo lleva a criminalizar al mercenario y a quien lo contrate, esto porque Ecuador es signatario de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL RECLUTAMIENTO, LA UTILIZACIÓN, LA FINANCIACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO DE MERCENARIOS, resultando que esta normativa no solo es un imperativo legal, sino también una postura ética necesaria en un mundo donde la privatización de la guerra agrava conflictos y vulnera derechos humanos.
Los mercenarios operan al margen de las estructuras castrenses regulares, motivados por el lucro y al servicio de actores, ya sean Estados, Corporaciones o Grupos insurgentes, que buscan eludir responsabilidades. Su presencia en conflictos, como los registrados en África y Medio Oriente, ha sido vinculada a crímenes de guerra, tráfico de armas y desestabilización política. Siendo que Ecuador, al ser infrascrito como Estado signatario de esta Convención (aprobada por la ONU en 1989), ha asumido el compromiso de erradicar esta práctica contraria al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos, ejerciendo un compromiso al prohibir su reclutamiento, se alinea con el consenso internacional que considera a estos actores paramilitares como una amenaza para la seguridad global.
En la ratificación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a la CONVENCIÓN CONTRA RECLUTAMIENTO DE MERCENARIOS, inscrito en el Registro Oficial del Ecuador, suplemento 950 del 12 de febrero del 2017, en la parte introductoria indica: “Afirmando que debe considerarse que el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios constituyen delitos que preocupan profundamente a todos los Estados y que las personas que cometan cualquiera de esos delitos han de ser sometidas a juicio o ser objeto de extradición”, para continuar indicando que el tráfico de drogas, tiene línea directa de vinculación colateral con los mercenarios, esbozándolo así: “Expresando su preocupación por las nuevas actividades internacionales ilícitas que vinculan a traficantes de drogas y a mercenarios en la perpetración de actos de violencia que socavan el orden constitucional de los Estados”.
La convención es muy clara y enfatiza en un primer orden que sanciona no solo a quienes se alistan como mercenarios, sino también a quienes los contratan, y a los que financian o facilitan su entrenamiento. Como lo reza en su Art. 2.- “A los efectos de la presente Convención, cometerá un delito toda persona que reclute, utilice, financie o entrenes mercenarios, según la definición del artículo 1 de la Convención.” Esto es crucial en el contexto de Ecuador, que se estaría rompiendo la norma, al contratar al mercenario extranjero Erik Prince, aprovechando el problema de inseguridad ciudadana, violencia y crimen organizado, con altos índices de desempleo, y vulnerabilidad económica. Es por ello que justamente esta norma protege a los ciudadanos de ser instrumentalizados en guerras internas y evita que Ecuador se convierta en una base de operaciones para grupos irregulares, puesto que la Constitución de la República del Ecuador da potestad a la Policía Nacional para que controlen la seguridad ciudadana, Art. 158.- “La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional” y en el mismo articulado, se indica que las Fuerzas Armadas son las únicas que pueden dar apoyo complementario a las funciones de la Policía Nacional, y nadie más. Y siendo signatarios de un acuerdo internacional que prohíbe la contratación y reclutamiento de mercenarios, al contratarse mercenarios se establecerían dos violaciones de máxima envergadura, a la Norma Constitucional y al Tratado Internacional.
Normalmente, los mercenarios, piezas maquiavélicas sin Dios ni Ley, suelen operar sin supervisión estatal, aumentando el riesgo de hacer atrocidades. La Convención contra la contratación de mercenarios es una medida que dignifica la política exterior, protege a las y los ciudadanos, y rechaza la mercantilización de la violencia. En un mundo donde la guerra se comercializa, la postura del cumplimiento de las normas es un ejemplo de adhesión al multilateralismo y los derechos humanos, con coherencia internacional, que refuerza el compromiso con tratados como la Convención de la ONU y el Estatuto de Roma (CPI).
El espectro real y la evidencia científica nos ha demostrado que los Mercenarios no han logrado regular, ni han logrado la solución de los problemas con las guerras internas ocasionadas por ellos, al contrario, han sido duramente criticados e igualmente sancionados legalmente, un vivo ejemplo es el caso del mismo Erik Prince, quien es un mercenario mal afamado en el mundo, por muchos casos, entre ellos las masacres suscitadas en Irak, así como problemas en rendición de cuentas por la campaña «Ya Casi Venezuela» contra el presidente Nicolas Maduro, la que no dio ningún resultado, otro caso es que, en el primer Gobierno de Trump, “se le prohibió la entrada al Pentágono y a la CIA por parte de funcionarios que consideraban que sus ideas de utilizar fuerzas mercenarias en todo el mundo traían consigo un escrutinio no deseado y traspasaban los límites de la legalidad en su intento por conseguir contratos gubernamentales” (CNN, 2025).
Prince fue visualizado negativamente durante la guerra de Iraq cuando su empresa privada de contratación Blackwater indujo a un rechazo internacional al ser involucrado en un tiroteo criminal por el año 2007 que mató a civiles iraquíes. Blackwater perdió un contrato de $ 1.000 millones de dólares con el Departamento de Estado para proteger al personal diplomático de EE. UU. en el 2009, después de que el gobierno de Iraq le negó la renovación de la licencia de funcionamiento de esa empresa, según CNN.
Ecuador debe mantener esta prohibición contra los mercenarios, con firmeza, hay casos, como es conocido que son entes que se venden al mejor postor, suelen aliarse, trabajando con las mismas mafias en contra de las bandas enemigas, aparentando ser eficientes, pero bajo su lucro e intereses financieros personales. ¡La paz no es un negocio!, tenemos que confiar y exigir a los gloriosos elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, su responsabilidad constitucional frente al crimen organizado.
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