Publicado en Artículo de Opinión.

EL FANTASMA DE LA MUERTE CRUZADA REAPARECE EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

El término «Muerte Cruzada» fue tomando fama  en la temporada del ex Presidente del Ecuador Rafael Correa, pues por algunas ocasiones se lo escuchó en tono desafiante mencionarlo, esto cuando existían leyes complejas propuestas por El Ejecutivo y que había discrepancia para su aprobación dentro de la Asamblea Nacional, en estas circunstancias el Ex Presidente acudía a amenazar a los Asambleístas con ir a una Muerte Cruzada, cosa que nunca se dio, pero quedando en el ambiente ese toque espectral de muerte y amenaza fantasmagórica, claro, no se lo ve pero está ahí, como que fuera un fantasma. Pues éste fantasma, vuelve a rondar en la mente de los Asambleístas, pero con la diferencia de que, quien amenaza con la Muerte Cruzada es el actual “Gobierno de Todos” y lo realiza en un momento sui géneris y de gran complejidad, justo cuando estamos en una crisis por la Pandemia COVID-19, con crisis sanitaria, crisis económica, sin conocer cifras exactas de fallecimientos, con un Distrito Metropolitano de Guayaquil en alerta roja y con desesperación crítica, y a un año de las nuevas elecciones presidenciales de asambleísta y parlamentarios andinos.

La figura constitucional de la Muerte Cruzada fue colocada por la Asamblea Constituyente de Montecristi construcción de la Nueva Constitución del 2008, en vista de que antiguamente con las Constituciones anteriores se presentaba la posibilidad de que, desde la legalidad legislativa se den acciones golpistas en contra de los presidentes de turno, o en su defecto El poder ejecutivo a través del presidente de turno podía disolver el antiguo Congreso de Diputados (hoy llamados Asamblea Nacional y Asambleístas) y gobernar a sus anchas sin El poder Legislativo.  El Espíritu de Montecristi (el Pueblo) mandó a los Asambleístas Constituyentes a que elaboren un articulado en el que, ni el Ejecutivo ni el Legislativo lleven ventaja de poder gubernativo al momento de suceder esta acción jurídica de destitución al Presidente o Presidenta de la República o de manera contraria que, El Presidente de la República disuelva la Asamblea Nacional.

La actual Constitución de la República del Ecuador indica en lo referente al caso de la destitución del Presidente:

 Artículo 130.- “La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos:

1.Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. 2. Por grave crisis política y conmoción interna.

En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República.

Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la Vicepresidenta o Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República.

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo, en los tres primeros años del mismo.

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos.

Por otra parte, en lo que respecta a la disolución de la Asamblea Nacional:

Artículo 148.- La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato. En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.

Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.

Al observar la disposición Constitucional en los dos casos hay una coincidencia, la misma que indica: En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución o del decreto de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos.

A más de ello hay otro artículo que de seguro lo conocen los amenazadores de la muerte cruzada, que aplica después de haber sido ejecutada la misma:

Artículo 146.- (…) En caso de falta definitiva de la Presidenta o Presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia por el tiempo que reste para completar el correspondiente período presidencial.

En el mismo Artículo habla de una salvedad, que se presenta justo en caso de las circunstancias actuales, o sea faltando 10 meses para las nuevas elecciones que se llevarán a efecto el 21 de febrero del 2021 y a 1 mes para que se cumpla los 3 años del gobierno actual.

Artículo 146.- (…) En el caso de que faltare un año o menos, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional asumirá la Presidencia de la República por el resto del período».

Hoy, la amenaza del fantasma de la muerte cruzada, se presenta nuevamente por la discrepancia de la aprobación de una ley económica titulada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID 19, a la que muchos de los Asambleístas están en desacuerdo aprobar, por que es inconstitucional, como tal  recaudatoria y presenta un sentido confiscatorio, ya que El Estado puede exigir pagos de la ciudadanía a través de recaudaciones por impuestos, lo solicitado como voluntario no es obligatorio, mal se podría inscribir en una ley la acción voluntaria de las personas, la constitución de Montecristi lo prohíbe, a más de que las remuneraciones tienen carácter de inembargables :

Artículo 328.- (…) El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley.

La propuesta de ley, además indica que, estos dineros recaudados ilegalmente irán a un grupo de Iluminados particulares “Junta de notables” que manejan el dinero del pueblo que como tal pasa a ser parte del Estado, cosa que está prohibida como es que privados, manejen bienes y dinero público o del Estado.

Pero calculando los tiempos para que se ejecute la amenaza de la muerte cruzada, en un escenario positivo de no aprobación de la ley confiscatoria, siendo una ley de carácter económico urgente, ésta tiene un plazo para aprobar, reformar o negar de 30 días, una vez entregada con la negación o las reformas del caso, ésta merecerá la respuesta del gobierno. Si la respuesta del gobierno es la muerte cruzada, estaríamos en una acción completamente ilógica e infantil, ya que tendríamos elecciones después de 90 días, o sea más menos en Agosto del 2020 en plena Crisis Pospandemia y gastando unos 35 millones que no los tenemos en este momento.

Según se observa la idea del gobierno es aplicar la muerte cruzada, pero en las actuales circunstancias es más lógico y prudente que renuncie el Presidente, ya que tendría el mismo efecto, pero menos dañino para la población, evitando gastos innecesarios y conflictos electorales y gubernativos, a más de que ha sido expresado por su misma persona como comandante en jefe que es, el no estar en capacidad de afrontar la gobernabilidad en territorio frente a la problemática que nos aqueja, «Mi situación me impide salir a territorio, soy una persona de la tercera edad, con discapacidad física y con los problemas médicos que ello representa. Los médicos me han dicho que fácilmente podría contraer el coronavirus y que difícilmente podría superarlo», lo cual no le deseamos ni al señor presidente ni a persona alguna; en tal circunstancia siendo ésta una de las causales para ya no ejercer el cargo según el artículo constitucional 145. Numeral 4. y pudiéndose acoger al numeral 2 del mismo artículo para dejar voluntariamente el cargo.

Así el vicepresidente subiría como Presidente de manera constitucional, cambiaría a los ministros inservibles del gabinete actual, y de esta manera se podría tomar fotos como Presidente, ya que aparentaba que ese es su deseo de campaña anticipada.  Así nos olvidamos del fantasma de la muerte cruzada, cambiamos el escenario, volviendo a nuestra realidad: con nuestros muertos, con nuestra gente del día día,  sin trabajo, con educación rural y marginal sin computadoras, sin redes telefónicas, sin internet, sin energia eléctrica, sin comida, sin agua, apoyados hombro a hombro con nuestros héroes de la primera línea sin protección de bioseguridad, todos Resistiendo y sobreviviendo en resiliencia ante el real problema causado por la Pandemia COVID-2019, que junto a nuestros malos gobernantes está creado un Ecuador fantasma.

Fuente: Constitución de la República del Ecuador PDF. Lexis. com.ec

Mensaje del Presidente de la República del Ecuador

Publicado en Artículo de Opinión., DENUNCIA POPULAR.

A 11 AÑOS DE APROBADA LA MEJOR CONSTITUCIÓN PROGRESISTA DE DERECHOS DEL ECUADOR Y EL MUNDO.

Un día 28 de Septiembre del año 2008, el 67% de la Población ecuatoriana aprobamos la Nueva Constitución del Ecuador, la Constitución realizada en Montecristi bajo la presencia y mirada de millones de ciudadanos que acudieron hasta ese lugar a respaldar y exigir que se haga una constitución de avanzada, y fue en el año 2008 en un referéndum que se logró aprobar  y a la par luego festejar llenos de regocijo, abrazos y risas e inclusive llanto de esperanza, también meditamos el logro de que se haya construido por fin después de tantas décadas de oprobio, un articulado Constitucional con ciencia, con saber popular y con conciencia social, respetando los más elementales derechos humanos, hasta romper el paradigma del oscurantismo, logrando dar derechos inclusive a la Naturaleza, al agua, a la salud, adelantándose al futuro con criterio proteccionista de sostenibilidad mundial, nuestra constitución visionó al futuro que hoy preocupa como es calentamiento global, y a través de sus artículos manda proteger a la naturaleza. Lamentándolo mucho los gobernantes antes de haber sido aprobada la Constitución de Montecristi y después de entrar en vigencia, han sabido utilizar el discurso de la sostenibilidad irrespetando la Constitución, solo utilizando el pilar de la economía empresarial corporativa particular, despreocupándose completamente por la Responsabilidad Social Corporativa  y/o empresarial, introduciendo a seguir creando contaminación ambiental  con ilusión de incremento de divisas per cápita, cuando siguen los gobiernos permitiendo  al igual que el resto del mundo, que se invada y destruya selvas vírgenes, áreas protegidas, bosques nativos protectores, vertientes de agua, comunidades ancestrales, realizando entre otras muchas más ilegalidades, a cambio de entregárselas a las madereras, minería a gran escala, bananeras, camaroneras, palma africana, etc. etc.; haciendo todo lo contrario que indica la constitución en cuanto a desarrollo productivo sostenible.

A los 11 Años de aprobada la Constitución del Ecuador, recordamos que en el mandato dado por el pueblo ecuatoriano nos manifestó desaparecer al mal llamado Congreso Nacional en donde aplastados en sus curules  los señores Diputados “padres de la Patria” recibían pipones sueldos de $8.000 que cínicamente decían que no le alcanzaba ni para el mote con chicharrón,  el pueblo justificaba desaparecer al Congreso por que con ese poder omnímodo y lleno de componendas, eran quienes ponían a las autoridades de control, a las autoridades de Justicia, a las autoridades Electorales, al Procurador, al Fiscal y a la Corte Constitucional, este poderío manejaban a su antojo a la administración politica provincial, cantonal y cargos gubernativos en reparto con el Ejecutivo, todos eran una sola masa convirtiéndose en sinónimo de corrupción indecente, reuniéndose a trabajar para repartirse al País como que estuvieran en «un juego de monopolio”,  esto en vez de hacer leyes que beneficien a Juan Pueblo. En Montecristi el conglomerado popular asistió a las mesas constituyentes  ordenando a los asambleístas constituyentes que ya no quieren ver más ese tipo de gobernanza nacional y local corrupta, siendo así, y en este orden del rompimiento de los paradigmas se logró construir un nuevo modelo gubernativo, en vez del caduco sistema de gobierno de Montesquieu que dividía al Estado en Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, este nuevo modelo creado en Montecristi dividió al Estado en cinco Funciones: Función Ejecutiva, legislativa, Judicial, Electoral y Función de Transparencia y Control Social, justificando que el único poder radica en el pueblo como lo señala la Constitución en el Art.- 1.- y 204.-. En esta línea aparece el axioma de la Participación Ciudadana y Control Social, como un órgano de poder público de intervención obligatoria en la toma de decisiones de cualquier acto o procedimiento que lleve a construir o a observar el cumplimiento de las normas éticas, siempre en pro y bien de las mayorías poblacionales desde lo local a lo nacional, sin dejar de atender a las minorías de grupos de atención prioritaria ( adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad).

En esta constitución de construcción evolutiva, aparece la Función de Transparencia y Control Social, en donde se encuentran las instituciones de control, con su cabeza principal el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como un órgano de Control a las entidades de Control con visión de control ciudadano, mismo que se encuentra representado por hombres y mujeres designados por un proceso de concurso de merecimiento y oposición, para luego que los personajes hayan sido electos por sus acciones meritorias, pasar a terminar en una elección democrática y participativa a través del voto directo.

Esta Constitución manda cumplir con la Soberanía Alimentaria Art. 281.- 282.- y su ley orgánica, contrapuesta técnica y filosóficamente a una simple seguridad alimentaria que la vivimos ejecutando durante años, seguridad alimentaria que no ha dado resultado y al contrario ha provocado el abandono de las áreas pesqueras y agropecuarias que pertenecen a los gestores de producción nacional como son los pescadores, agricultores y ganaderos de territorio, que permanecen abandonados a la de Dios, sin aprovechar los recursos  del presupuesto y la vialidad invertida por el Estado, sin aplicación de rebaja de insumos agropecuarios, sin cuidado ni protección contra la delincuencia rural y marítima, sin preocuparse por estos sectores productivos de fortaleza que incrementan a diario divisas al país, quitan el hambre al pueblo y son ignorados por los ministros de turno sin cumplir lo que manda la carta magna de Montecristi en lo que tiene que ver al desarrollo productivo, la utilización de la combinación entre lo innovador y los saberes ancestrales, respetando la bioética y sin entrar a utilizar los agentes biológicos experimentales nocivos, así como tambien los organismos genéticamente modificados que atentan contra la soberanía alimentaria y la salud

Estos son algunos ejemplos de lo evolucionista y progresista en derechos y garantías que refleja ser nuestra actual Constitución, creada para todas y todos los ecuatorianos, respetando a hombres mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, personas GLBTI, a las comunidades indígenas, negros , afros, mestizos, a todo el conglomerado multicultural y plurinacional componentes de la diversidad territorial, incluyendo a la biodiversidad natural.  Pero más sucede que a los 11 años de su nacimiento, observamos que los mismos de siempre, momias politiqueras no han descansado por quitar derechos al pueblo ecuatoriano, y hoy aparecen con sus oprobiosos tentáculos del poder,  pretendiendo regresar al pasado de la ignominia, ya que, escudados en una Corte Constitucional de procedencia inconstitucional, avalan la violación a los artículos 441.- y 442.-  queriendo deshacer articulados completos, a través de simples recolecciones de firmas y consultas populares ilegales por que no cumplen los preceptos constitucionales, especialmente en lo que tiene que ver al rompimiento de la estructura del Estado, o a la Restricción y Regresión de Derechos y garantías constitucionales, jugando a ser bandos separados, pero que persiguen la misma intención malévola de desaparecer a los articulados de la Constitución, como son los herederos de Trujillo y del  Consejo de Participación Ciudadano y Control Social Transitorio CPCCST, que como cosa extraña después de haber saboreado el ser parte de este CPCCST  están recolectando firmas para desaparecer al órgano que les dio la oportunidad de transformar la patria liberándola de corrupción, y que no pudieron hacerlo por ser ellos actores de más de lo mismo; Y aparece por otro lado el bando de Asambleístas que han retrocedido al pasado, al pasado de los Mote con Chicharrón, del ven para mearte, del muñequeo político, de las componendas, de manejo de cargos públicos, de cobro de diezmos a asesores, que han conllevado a repetir la historia de corrupción que vivimos hace años atrás con los Diputados hoy Asambleístas. Estos dos grupos coinciden en subir al número de asambleístas por provincias, duplicados , para que la mitad pasen a formar una camara baja y una camara alta, o sea más parásitos alimentándose del dinero que genera el sacrificado pueblo, y para que esté aumento para tener más poder y ellos definir nombrar a dedo todas las autoridades de control y superintendencias.

A los 11 años de la Constitución de Montecristi, Los caminos conducen a un solo pensamiento, proteger la Constitución del Pueblo, y castigar en las próximas elecciones a quienes hoy han actuado de forma abusiva y sínica incumpliendo los parámetros constitucionales, para luego proceder a reclamar los derechos hoy vulnerados,  a través de juicios de restablecimiento de derechos y de repetición contra el daño que los actores políticos están causando al pueblo ecuatoriano como homenaje al cumpleaños de una Constitución progresista, la Constitución de Montecristi.

Por: Gorki Aguirre Torres.

Fuentes :

$8.000 para cada diputado Pipón.

Principales Innovaciones en la Constitución del Ecuador del 2008.

Constitución de la República del Ecuador 2008.

 

Publicado en Artículo de Opinión.

SIETE FUNDAMENTOS Y UNA JALADA DE OREJAS, A LA SENTENCIA DEL MATRIMONIO IGUALITARIO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.

La población ecuatoriana en el transcurso del mes de junio del 2019, se ha visto envuelta en una polémica de orden jerárquico constitucional, en donde se percibe posiciones equidistantes y ambiguas, referente a La Sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador No. 11-18-CN/19 (matrimonio igualitario) en donde actuó como Juez ponente el Dr. Ramiro Ávila Santamaría,  empieza mal el tema, ya que habla de matrimonio igualitario, cosa que en Ecuador y en el mundo no se encuentra fundamentada la existencia del llamado matrimonio igualitario, pero utilizando esta estratagema, al fin del día lo que quieren expresar es el hablar del matrimonio de personas del mismo sexo, siendo esa la realidad, en la parte IV sobre La Consulta de Norma indica:

  1. E1 Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha (en adelante «el Tribunal»), en aplicación del artículo 428 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante «Constitución» o «CRE»), consulta: Si la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte IDH, que establece derechos más favorables, porque faculta contraer matrimonio entre personas del mismo sexo; si la Opinión es constitucional y aplicable sin que se proceda en forma previa a reformar los artículos 67 de la CRE, 52 de la LOGIDAC [Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles] y 81 del CC [Código Civil], y de las demás normas y reglamentos existentes sobre el tema, sin que se vulnere el principio de supremacía de la Constitución y principio pro homine.

Se puede vislumbrar que la consulta va en sentido de pregunta a la CCE:  si la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de derechos Humanos CIDH, es constitucional y aplicable, sin que su aplicación vulnere el principio de supremacía de la Constitución y principio pro homine.

A lo que la CCE. Responde a través de una sentencia de la siguiente manera:

  1. Disponer que el Tribunal consultante interprete el sistema normativo a la luz de esta sentencia y ordene que el Registro Civil registre el matrimonio de los accionantes, toda vez que no es necesaria una reforma constitucional al artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador. Tampoco son necesarias reformas previas, para el caso concreto, a los artículos 52 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, y 81 del Código Civil.

Con este antecedente y problémica de derecho constitucional, o bien de podría decir falta de derecho procesal constitucional, resulta de importancia aclarar conceptos, citando lo que indica Hugo Alsina definiendo al Derecho Procesal como:

El conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para conseguir la aplicación de las leyes sustantivas o de fondo, y su estudio comprende la organización del órgano judicial, la determinación de las competencias de las autoridades judiciales que lo integran y la actuación de los jueces y de los sujetos procesales que intervienen en la sustanciación de los procesos.

En esa relación conceptual se toma en cuenta lo que indica el mismo autor referente al proceso constitucional “es el sistema mediante el cual se definen, en el ámbito jurisdiccional, todos los problemas derivados de la supremacía, defensa e interpretación de la Constitución.”.  Con esa breve introducción procede a aclarar lo que es el Derecho Procesal Constitucional: “el conjunto de normas que regulan el proceso constitucional” y en forma más amplia Fix-Zamudio, conceptualiza:

Es la disciplina jurídica situada dentro del campo del Derecho procesal, que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones y de los órganos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos a los principios, valores y disposiciones fundamentales, con el objeto de reparar las violaciones a los mismos.

Otro concepto digno de anotar es el que nos dá (Dermizaky Peredo, 2007): “El Derecho Procesal Constitucional como la parte del Derecho Procesal General se ocupa de poner en actividad a la jurisdicción constitucional, entendida ésta como el control, la defensa y la interpretación de la Constitución.”. según coinciden los autores, es la parte del Derecho Constitucional relativa a los principios y normas que regulan el debido proceso, o sea la tutela judicial efectiva con todos los atributos que le reconocen las Constituciones Políticas y los convenios internacionales.

 Entonces anotamos a continuación la fundamentación de por qué, la resolución No. 11-18-CN/19 (matrimonio igualitario) es inconstitucional:

PRIMER FUNDAMENTO.- Se deja ver que en derecho y constitucionalmente lo que tuvo que hacer la Corte Constitucional, a la consulta realizada por  E1 Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, es simplemente contestar bajo fundamentación y parámetros constitucionales, si es aplicable o no lo consultado,  y de la misma manera responder justificando el por qué, en cualquiera de los dos casos; más no extralimitarse y ordenar  que se registre el matrimonio de los accionantes, saltándose a la ley vigente, a más de que ese no es el tema de consulta. Y ordena además reformas en los Articulados de las leyes, cuando tampoco es atribución de la CCE. sino de la Asamblea Nacional realizar la legislación correspondiente. Para que se cumpla lo ordenado ilegalmente por los jueces de la CCE. conlleva a la obligatoriedad de reformar el Articulo 67.- de la Constitución de la República del Ecuador, porque la ley no puede estar sobre la Constitución, esto de acuerdo a la supremacía de esta, señalada en el Art. 424.-.

Al dictaminar la CCE. esta acción, conlleva a una ilegalidad plena, violatoria al cumplimiento de los articulados de la Constitución, ya que la CCE. en apego a sus funciones tiene la potestad de realizar lo que indica el Art. 436.- numeral 1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, y no arrogarse funciones de Asambleístas Nacionales o Asambleístas Constituyentes, incompatibles con su delegación.

SEGUNDO FUNDAMENTO. – Se observa incoherencia por parte de los jueces de la CCE al no cumplir con la Constitución, en atribución de sus funciones dadas por el Art. 436.- numeral 1. puesto que no existe posibilidad de dar su fallo interpretativo, ya que no hay motivo de aclaración, entendiéndose que se interpreta la Constitución, cuando existe oscuridad, no hay existencia de fundamentación clara y concisa, es confusa, o haya contraposición entre leyes. En este caso el Art. 67 de la Constitución, goza de mucha claridad indicándose que “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer”, siendo así no existe posibilidad de dar interpretación o aclarar absolutamente nada en este aspecto.

TERCER FUNDAMENTO. – Una vez que los Jueces han dictaminado su fallo, y al asentar razón de la consecutiva manera:

RAZÓN: Siento por tal que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con cinco votos a favor de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez, Alí Lozada Prado (voto concurrente). Daniela Salazar Marín; y, cuatro votos salvados de los Jueces Constitucionales Carmen Corral Ponce, Enrique Herrería Bonnet, Teresa Nuques Martínez y Hernán Salgado Pesantes, en sesión ordinaria del miércoles 12 de junio de 2019.- Lo certifico. –

Siendo el caso que los votos salvados por los jueces, se manifiestan contrarios al pronunciamiento interpretativo, fundamentando claramente y de manera constitucional su posición, para culminar expresando su claro respeto a la carta magna y supremacía constitucionalidad, contestando a la pregunta de la siguiente manera:

  1. En función de aquello, la única manera de establecer una modificación a la figura del matrimonio, diferente a la prevista en el inciso segundo del artículo 67 de la Ley Suprema, es a través de un procedimiento de reforma constitucional y no por medio de diversas interpretaciones que a la postre nos llevan a una mutación arbitraria. La Función Legislativa es el órgano competente para dicha reforma, es decir, la Asamblea Nacional.” (las negritas me pertenecen)

En esta circunstancia, al presentarse una consulta interpretativa y de no haber llegado a un acuerdo para pronunciarse las juezas y jueces de la CCE, estarían desacatando lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (ley OGJCC) en su Art. 160.- que versa sobre el tener una mayoría para decidir. “La promulgación de un dictamen interpretativo requiere el voto conforme de siete de las juezas o jueces de la Corte Constitucional.” (las negritas me pertenecen). Existiendo dos informes con diferentes criterios, está visto que no existe acuerdo, ni una mayoría para decidir. Por lo que la sentencia no se ajusta a lo previsto en la ley, y por ende es nula, de nulidad absoluta. Existiendo una violación expresa de procedimiento, según lo indica la Constitución Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”. El Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”  Y la misma ley OGJCC en el Art. 4.- sobre Principios procesales. – “La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: 1. Debido proceso. – En todo procedimiento constitucional se respetarán las normas del debido proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.”

CUARTO FUNDAMENTO. – Ya entrando en bases de discusión jurídico constitucional, es importante saber lo que dice la famosa Opinión Consultiva OC 24/17, a la que tanto se hace alarde de querer llevársela a exigir su cumplimiento, ésta indica:

(…) fue emitida en respuesta a una solicitud presentada por el Estado de Costa Rica que buscaba responder a cinco preguntas en torno a dos temas relacionados con derechos de personas LGTBI. (…) El segundo tema se refiere a los derechos patrimoniales de las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Las preguntas planteadas fueron las siguientes: (…) 4. “Tomando en cuenta que la no discriminación por motivos de orientación sexual es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la CADH, además de lo establecido en el numeral 11.2 de la Convención ¿contempla esa protección y la CADH que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo?”, y (las negritas me pertenecen)

  1. “En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esta relación?”. (las negritas me pertenecen)

Nótese en la presente consulta que ésta nada tiene que ver con los derechos matrimoniales, hablando claramente sobre derechos patrimoniales, a tal consulta, la CIDH, responde:

(…) Agregó que si un Estado decide que para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, y por ende, opta por extender las instituciones existentes a las parejas compuestas por personas del mismo sexo –incluyendo el matrimonio–, de conformidad con el principio pro persona contenido en el artículo 29 de la Convención, tal reconocimiento implicaría que esas figuras extendidas estarían también protegidas por los artículos 11.2 y 17 de la Convención. El Tribunal consideró que este sería el medio más sencillo y eficaz para asegurar los derechos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo. (las negritas son mías)

Es menester aclarar lo que indica la Opinión consultiva, en la parte que dice: “que, si un Estado decide”, al exteriorizar esta expresión taxativa, aclara que no es una obligación tomar esta opinión como vinculante, ya que se lo indica concluyentemente que depende de cada Estado tomar esa decisión. Ni siquiera intenta sugerir el criterio, lo cual es muy claro y entendible el pronunciamiento. Mal se podría interpretar a esta opinión consultiva, saltándose, lo que indica el estatuto de la CIDH, y la Comisión americana de Derechos Humanos referente a vincular una resolución de 6to orden, que en ningún lugar esgrime ser vinculante.

QUINTO FUNDAMENTO.-  Referente a la opinión consultiva OC 24/17, que versa sobre PATRIMONIO, más no de matrimonio, es ventajoso saber que en Ecuador, desde hace tiempo atrás cuando se fundó la Constitución de Montecristi en el año después del 20 de Octubre del 2008, ya se estableció una figura de derechos humanos que protege el vínculo entre parejas del mismo sexo, así como a todas y todos los ciudadanos ecuatorianos heterosexuales; esto es a través de la unión de hecho, enunciada en el articulo 68.- de la Constitución, que le dá los mismos derechos que provee y da el matrimonio a las personas que no se han matrimoniado, en donde de manera incluyente se favorece a las personas del mismo sexo, o a las personas GBLTI que también gozan de este derecho, en donde es importante denotar que  patrimonialmente hablando, la Constitución ya se adelantó a esta opinión Consultiva, sobre “todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo” o sea el tema de la herencia y participación porcentual igualitaria de bienes, y todos los que persigan tomar en cuenta los bienes patrimoniales. Cabe anotar que este fue un pedido de los grupos GBLTI, quienes en la Asamblea Constituyente de Montecristi nunca pidieron el matrimonio, más bien su cultura y estado de pensamiento de amor y libertad, exigían ser libres en ese aspecto, pero que se les respete su derecho sobre el patrimonio, puesto que en muchos casos expuestos se observaba abuso, engaño, robos, estafas realizadas por sus parejas, y en otros casos, al separarse quedaban en indefensión, al no poder heredar o ser copropietarios de la los bienes formados conjuntamente con su pareja GBLTI, siendo así de manera progresista se estableció en Montecristi la oportunidad de una unión de hecho entre personas del mismo sexo, generando los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Esto de acuerdo al articulo 68.– de la Constitución.

Es el caso que, la resolución de la CCE se estaría oponiendo a la Constitución en cuanto a lo ya establecido como derechos para las personas del mismo sexo. Y se opone a lo establecido para las personas de diferentes sexo, Hombre o mujeres, pues son quienes pueden obtener matrimonio por el accionar constituyente, que fue admitido con 64% por el referéndum aprobatorio del mandante, pueblo ecuatoriano.

SEXTO FUNDAMENTO. – La opinión consultiva OC 24/17, presentada por Costa Rica, no tiene carácter vinculante, puesto que en ninguna norma ni de la Corte o de la Comisión IDH indica serlo de esa manera. La Corte IDH indica en su estatuto Artículo 2 Competencia y Funciones: “La Corte ejerce función jurisdiccional y consultiva: 1. Su función jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención. 2. Su función consultiva se rige por las disposiciones del artículo 64 de la Convención”. La Convención ADH señala en el art. 64. Numeral 2. “La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.” Por lo tanto, lo que se dijo en la Opinión Consultiva OC 24/17 tiene y merece ser puesto en práctica por quien realizó la o las preguntas consultivas, y quienes sean parte del proceso consultivo, más no todos los Estados miembros.

Como se puede observar la decisión de la Corte Constitucional, se salta y viola el Art. 67 y 68 de la Constitución vigente, además que se basa su decisión en una opinión consultiva sin valor vinculante dictada por un organismo internacional pasando por alto el TÍTULO IX  la supremacía de la constitución, que en el capítulo primero de Principios indica claramente en el Art. 425.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.” Y con el Art. 424.- al mismo tiempo que aclara el nivel de la supremacía de la constitución: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico” de la misma en el mismo artículo 424.- en lo que respecta al incumplimiento de la norma, con claridad sentencia: “Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.” (las negritas me pertenecen). Al parecer con estas acciones se estaría vislumbrando un claro rompimiento del estado de derecho al permitirse que La CCE tenga el poder de alterar la Constitución de la República del Ecuador.

SÉPTIMO FUNDAMENTO. – El artículo 427 de la Constitución dispone que:

Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente. (las negritas, me pertenecen).

“En el caso del Art. 67.- de la Constitución, no existe ninguna duda en su tenor literal, puesto que indica claramente: “ El matrimonio es la unión entre hombre y mujer”  esta fue y es una voluntad expresa constituyente, está dentro de la plena vigencia de los derechos de millones de ecuatorianos que se siguen manifestando por sus derechos a un matrimonio entre hombre y mujer, esto no es susceptible de cambios a menos que exista una nueva voluntad constituyente manifiesta a través de las urnas, pasando a indicarse que esta sentencia acarrearía otra ilegalidad.

Con todos estos fundamentos, se puede esgrimir que existió más de un error al producirse una sentencia, en base a un elemento opinión consultiva que no es vinculante para nuestro Estado ecuatoriano,  una opinión que no habla sobre matrimonio sino sobre el patrimonio, falta de acuerdo entre los jueces para hacer una mayoría de 7 juezas o jueces para producir una sentencia legal; atribuirse funciones que no competen a los jueces de la CCE, y terminar desautorizando a la Constitución, lo que lleva a que este pronunciamiento sea revisado por las autoridades competentes, como es el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social , que está facultado para hacerlo dentro de sus potestades, como son 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. 8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley.

Dentro de este marco constitucional, el CPCCS puede pasar a revisar, cómo fue designada esta Corte Constitucional a través del CPCCS Transitorio, puesto que el Art. 434.- de la constitución señala expresamente como se designa a la CCE:

Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.

Queda claro, que no corresponde al CPCCS designar a la CCE, tampoco el mandato de la Consulta Popular del 2018 No dió esa facultad al CPCCS Transitorio para que lo haga.  Tal parece la CCE, no estaría gozando de legalidad para su actuar, puesto que sus decisiones nacen de un vicio oculto, que provocan que se dé estos fallos ilegales, que a su vez llevan a un vicio de nulidad de lo actuado, con arrogación de funciones legislativas y constituyentes. Además, debe dar paso a la revisión del proceso para verificar la actuación de los jueces, del debido proceso, de la supremacía de la constitución, que invalida a la sentencia declarandola inconstitucional y antijurídica.