Ecuador anhela un proceso de cambio social profundo. El gobierno de Rafael Correa pretendió ser el impulsor de ese cambio en democracia. Ahora, en gran medida, apenas sobrevive el discurso del cambio, la práctica es cada vez más contradictoria. Cualquier cambio social tiene que ser construido desde la sociedad.

El gobierno no puede ser su único actor. Son fundamentales los procesos de deliberación, negociación y participación de la sociedad organizada para construir estrategias de cambio, que tendrán que influir tanto en las relaciones sociales cotidianas como en las políticas públicas.

Así como la organización social no es igual a “corporativismo”, la protesta no es “golpismo”. Cerrar la puerta a la protesta es esterilizar la democracia. Sin crítica no hay debate público. Sin debate público no hay democracia. Una democracia es estéril cuando el Ejecutivo se erige como la única voz autorizada, y cualquier otra voz es tachada de tener “agenda propia”, de “intento de desestabilización” o incluso de “terrorismo”. Eso no es democracia.

La participación social no se agota en el voto y las veedurías ciudadanas, ni en asistir a rendiciones de cuenta, menos aún asistir obligados a las marchas gubernamentales. El derecho a organizarse y buscar la expresión colectiva de intereses, sea por grupo, por etnia, por sexo, por empresa o rama, es un derecho humano fundamental. Una sociedad organizada fuerte y articulada es el contrapeso necesario a un gobierno que escucha, en democracia. En este sentido, la “Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos”, no es nada más que la expresión en alto grado legítima de las demandas de una gran parte del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, el discurso oficialista insiste en deslegitimar esta manifestación democrática.

Muchos de los simpatizantes gobiernistas toman como pretexto los recuerdos del 30 de septiembre de 2010 para tachar a los manifestantes de “GOLPISTAS”, mientras éstos no se plantean cambiar al gobierno de Rafael Correa. Lo que buscan es que el gobierno cambie de rumbo, que rectifique, que vuelva a sus orígenes, que desarme todas las políticas que afectan el derecho al trabajo, que desactive la criminalización de la protesta popular, que ponga en marcha la redistribución de la tierra y el agua, que detenga la megaminería, que elimine los delitos de imprenta y desacato, que respete los Derechos de la Naturaleza.

En definitiva, que cumpla con la Constitución de Montecristi. Solo así se podría abrir la puerta al diálogo, que es legítimo y democrático. Los grupos sociales en marcha expresan demandas y desacuerdos con muchas políticas de este gobierno – pensando en la sostenibilidad y la garantía de condiciones de vida dignas para las generaciones futuras del país. Cuestionan que hoy se estén reiniciando las conversaciones con la Unión Europea para la firma de un TLC disfrazado de Acuerdo Comercial Multipartes, sin haber tomado en cuenta las observaciones realizadas por grupos y organizaciones sociales que alertan sobre las graves consecuencias que dicho acuerdo tendría para los intereses nacionales. Levantan su voz para pedir correcciones de rumbo hacia un gran proceso de cambios radicales, respaldado por la mayoría de habitantes del país. Ese es su derecho. Lamentablemente, el gobierno desde los inicios de la marcha ha puesto en duda este derecho, negando los salvoconductos a los buses que debían transportar los y las marchistas en Zamora. Ya en ocasiones anteriores, ha usado su monopolio de la fuerza para impedir el acceso de manifestantes indígenas a la capital, mediante bloqueos policiales.

¡LOS Y LAS MARCHISTAS TIENEN DERECHO A EXPRESARSE PUBLICAMENTE Y MASIVAMENTE EN LA CAPITAL DEL ECUADOR!

¡QUITO ES LA CAPITAL DE TODAS LAS ECUATORIANAS Y TODOS LOS ECUATORIANOS! SI EL GOBIERNO PARA O RETIENE LA MARCHA BAJO CUALQUIER PRETEXTO, ESTARÍA ATENTANDO GRAVEMENTE CONTRA LA DEMOCRACIA.

¡TODOS Y TODAS A RECIBIR LA MARCHA! ¡TODOS Y TODAS A LA CALLE A DEFENDER LA DEMOCRACIA!

¡NO HAY REVOLUCIÓN SIN DEMOCRACIA, NI DEMOCRACIA SIN REVOLUCIÓN!

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La “Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos”, convocada por organizaciones sociales, indígenas, campesinas, ecologistas, mujeres y hombres del campo y ciudades de Ecuador, ante la implementación de un modelo de desarrollo inconsulto, basado en el extractivismo de la naturaleza, plantea entre sus principales demandas, la defensa del agua, tanto como derecho humano cuanto como derecho de la naturaleza.

El agua es un derecho humano garantizado por la Constitución (Art. 12) y los Tratados Internacionales de  Derechos Humanos1, por tanto, el Estado ecuatoriano está obligado a garantizar y respetar este derecho, en consecuencia deberá tomar medidas para permitir su ejercicio y deberá abstenerse de realizar acciones que lo afecten o limiten.

El texto constitucional establece que el derecho humano al agua no se refiere únicamente al ejercicio del acceso para el consumo humano o doméstico, sino que está relacionado con la salud, los usos culturales, la soberanía alimentaria para garantizar el derecho a la alimentación; y los derechos de la naturaleza, según el mandato contenido en los artículos 66, 71 y 318 de la Constitución.

El Ecuador se ha reconocido como un Estado Plurinacional e Intercultural, su construcción y consolidación dependen de la preservación de las fuentes de agua y la garantía al ejercicio de este derecho, considerando  además, que el uso y manejo tradicional del agua provienen de conocimientos transmitidos ancestralmente, y en este acervo se asienta la identidad plurinacional e interculturalidad del país.

El agua no es una mercancía, es un derecho, y no puede estar  expuesto a los intereses y poderes que se mueven en torno a ella. Por ello, no se puede priorizar bajo ningún concepto el destino del agua para actividades productivas como la minería si no se ha garantizado previamente el derecho al  agua y su contenido, ni siquiera bajo el argumento de garantizar el interés nacional o el cumplimiento del Plan Nacional de desarrollo.

El Proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, acaparará 140 litros de agua (dulce) por segundo para su funcionamiento, los mismos que serán tomados de dos ríos que actualmente abastecen a comunidades locales. De igual manera consumirá la energía eléctrica equivalente a una ciudad de 140 mil habitantes.

La marcha plurinacional que inició el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, abre un espacio de defensa y reinvidicaciones de todas y cada una de las personas que habitamos en el territorio ecuatoriano. Nos convoca a abrirnos a planteamientos de defensa del agua, de los espacios vitales y la territorialidad desde el bien común, la soberanía de los pueblos y desde el respeto a la naturaleza, en ejercicio de nuestros legítimos derechos a la organización, participación y resistencia. Por tal motivo expresamos nuestra solidaridad a los marchantes y llamamos a la colectividad a reflexionar en torno al derecho al agua, los derechos de la naturaleza y a la vida digna de esta generación y de las que vendrán

Firman:

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
Colectivo PRODH
FIAN Ecuador
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-Guayaquil (CDH)
Servicio Paz y Justicia de Ecuador (SERPAJ-E)
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J.”
Organización Tierra y Vida

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