El presidente del consejo de la judicatura transitorio, solicitó a la Presidencia de la República, el 29 de Agosto de 2011 la declaratoria de estado de excepción de la función judicial, justificando ese pedido con el argumento de que “no se cuenta con sistemas informáticos apropiados que permitan generar una información sólida para la planificación estratégica institucional” a ello suma otras situaciones que ya son conocidas y que fueron tomadas en cuenta para realizar la consulta popular, y que según la propuesta de meter mano en la justicia, la solución a estos problemas era  el Consejo Transitorio de la Judicatura.

Hay que analizar si es justificable esta propuesta y sí es constitucional la respuesta, ya que la constitución art. 164 dice “La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

Se habla claramente que se aplicará en caso de que exista cualquiera de los casos nombrados y no como medida preventiva; en otras palabras no estamos viviendo en nuestro país ninguna de las condiciones para que se decrete el estado de Excepción.

La presidencia, contesta la petición del consejo de la judicatura, con la firma del DECRETÓ Nro. 872 DE EXCEPCIÓN EN LA FUNCIÓN JUDICIAL del 5 de Septiembre del 2011, mediante el cual  indica que basado en la constitución y en la ley de seguridad pública y del Estado; Decreta  en el art.1.-“Declarar el estado de excepción en la Función judicial, a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantizar en debida forma el derecho a la justicia contemplado en la constitución de la república y prevenir una inminente conmoción interna.”

Nos  Llama la atención el que el gobierno, se convierta en nigromante agorero de desastres, esto cuando vaticina que evidentemente existirá una conmoción nacional en la administración actual de la justicia, y en base a un supuesto Este decrete un estado de excepción. Cuando hacemos alusión al Art. 7 del decreto, indica: que encarga de la ejecución del mismo  a los ministros de Justicia y finanzas, lo cual violenta la constitución, ya que quien está a cargo de la organización de la Judicatura es el consejo transitorio y jamás la función ejecutiva  puede entrometerse o intervenir en otra función del Estado.

Sí el justificativo es el de que, se transfieran inmediatamente dineros  desde el ministerio de finanzas a la función judicial, el presidente a dicho  ”necesitamos en el corto plazo cerca de US$400 millones para reestructurar la Función Judicial y la única forma de asignar recursos extrapresupuestarios es a través de emergencias”. Entonces porque escogió el camino injustificable del estado de excepción?, Ya que fácilmente podía  acudir a la ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y aplicar el Art. 57. Nos da mucho temor el pensar que no sea este el fondo de las cosas, sino meter más a fondo la mano en la justicia y a lo mejor en otro lugar más, ya que el estado de excepción faculta constitucionalmente  muchas posibilidades de romper derechos instituidos hasta que pase el mismo, en este caso sesenta días, si es que no ocurre  la idea de postergarlo luego.

El  pueblo con su sabiduría proverbial  podrá con exactitud interpretar las intenciones verdaderas de estos actos que difieren mucho de ser constitucionales. 

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En un “posteo” anterior, me refería a que en la prensa lojana o que se imprime en Loja,  concretamente diario “La Hora” se titulaba: “360 firmas recogió Vera en 90 minutos”, hoy, leo que diario El Universo en su versión digital titula: “Carlos vera sumó más de 240 firmas en visita a Loja”. Este último titular,  reafirma mi convicción de que no llegó a 250 firmas el resultado de su periplo por el verdadero austro del País, anunciado por algunos medios locales con casi un mes de anticipación y de forma diaria, matizado por algunos titulares que hacían referencia al libro “El gran hermano” de los escritores: Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita y una cobertura inusitada de los problemas de regularización en las localidades mineras de Zamora Chinchipe, tan cercana a Loja.

Les restan al señor Vera y sus aliados locales: 1948 horas para completar el Millón y medio de firmas que la Ley exige  para iniciar el proceso de revocatoria del Mandato. Le restan: 1948 horas para alcanzar 50 mil firmas en la Provincia de Loja.

Como siempre y un poco para justificar el fracaso evidente “del arranque”, se indica por parte de los voceros del grupo en las redes sociales y en blog de Vera que aún no empiezan las brigadas, y que el trabajo “en serio” se inicia en 15 días más.  Si, esto es así, significaría que cuando arranquen el trabajo “en serio”, les quedarán: 1738 horas para alcanzar el objetivo revocatorio. Lo que es sintomático  es que en el Blog de Vera no se dé ninguna cifra de lo ocurrido en Loja, pero los titulares de prensa a los que nos hemos referido son por demás elocuentes. 250 o en el mejor de los caso 360 firmas, las reúne cualquier cooperativa o grupo organizado en menos de 15 minutos, y no en los 90 de los que se precian los promotores de la Revocatoria.

En el caso particular de la extensa Provincia de Loja, cuando arranquen “en serio”, deberán lograr una firma cada dos minutos indistintamente del cantón o parroquia donde las recepten.

Las más240 firmas conseguidas, no en 90 minutos como pretenden los titulares de la prensa sino en más de dos meses de campaña permanente, porque hay que recordar que el 17 Agosto formalmente Vera retiro los formularios para recoger firmas. Es decir  en realidad luego de 39 días de recolección se alcanzan 250 firmas, si lo traducidos a horas por día laborable de 14 horas , es decir 546 horas, se han conseguido una firma cada dos horas aproximadamente, el 0,5 % del objetivo local.  Si el objetivo en Loja son 50 mil firmas, a este ritmo, conseguirán en el tiempo que falta, unas 2000 firmas, que se traduciría en un 4 % del objetivo local propuesto.

Evidentemente en la recolección de firmas, el factor tiempo es decisivo, puede existir el dinero para contratar brigadas mercenarias o comprar voluntades o salvar la gran extensión que posee la Provincia de Loja, pero el tiempo pasa inexorablemente su factura, y por lo que hasta ahora se observa el tiempo trabaja a favor del Presidente Correa.

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