Actualmente se dice que este gobierno, hace la diferencia en respetar estos derechos adquiridos por los ecuatorianos a través de la constitución, de organismos y acuerdos Internacionales. Observamos que la intolerancia y autoritarismo del gobierno demuestra ser contradictorio a aplicar estas normas, ya que existe represión y persecución  contra la libertad de expresión (ley de comunicación atentatoria, judicialización y criminalización de comunicadores sociales y de medios de comunicación ); contra los luchadores populares (encarcelamientos y enjuiciamientos); contra los pobladores ancestrales indígenas(judicialización, represión, criminalización, detenciones, actos de racismo); contra los trabajadores(despidos intempestivos con utilización de la fuerza pública, quitar el derecho a la seguridad social; acusaciones de corrupción sin fundamentos); contra el género femenino (improperios, descalificaciones, actitudes machistas),contra los estudiantes universitarios y secundarios(imposición de normas inconsultas, ataques violentos de la fuerza pública, heridos de gravedad, jóvenes encarcelados); contra los maestros (acosos laborales, desprestigios, imposición de acciones degradantes y anti técnicas); contra la ecología, la protección de la Pacha Mama y contra la soberanía nacional (entrega de recursos naturales  a empresas extranjeras mineras y petroleras, sin aplicar consultas previas e informadas, saltándose el debido proceso constitucional y con un entreguismo anti- soberano total).

Sumamos que  se  instauró una consulta popular saltándose el debido proceso, producto de aquello se estableció que el gobierno le meta mano a la justicia, rompiéndose la institucionalidad del Estado al inmiscuirse el Ejecutivo en otra funcion como es la  Función Judicial, lo cual prohíbe la constitución.

Se llamó a una consulta popular para resolver conflictos de pertenencia del Cantón La Concordia(Esmeraldas) cuando sus límites están claramente establecidos  mediante ley promulgada en el Registro Oficial No. 219, del 26 de noviembre del año 2007, a más de que no cumple con el dictamen de constitucionalidad previo y vinculante que debe emitir la Corte Constitucional.

Se pide levantar el fuero de Corte Nacional de Justicia a los asambleístas, irrespetando el derecho constitucional para poder fiscalizar, Art.128. Utiliza los medios confiscados del Estado y las cadenas, con el fin de crear una imagen de violencia de las protestas sociales con el fin de que se estigmatice el verdadero fondo de la lucha progresista social, de reclamo a los actos de irrespeto a la constitución y los derechos humanos.

De esta manera ponen de manifiesto los representantes de Izquierda y el pueblo progresista,  que esto es la muestra que deja  en evidencia la acción represiva de un gobierno que ha legitimado la criminalización de la lucha social e inaugurada una política terrorismo social con el cual pretende silenciar a quienes levantan su voz de protesta. A lo que los ecuatorianos nos preguntamos, estamos en un proceso de involución? ;  Se está violando los derechos humanos en Ecuador?  

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Las Reformas Tributarias o proyecto de LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO, diseñadas y anunciadas por el Gobierno  de la Revolución Ciudadana, entraron  en vigencia a través del  Ministerio de la Ley, el día 24 de Noviembre del  2011, en un suplemento de 16 páginas  publicado por el Registro Oficial;

Esto pese a haberse saltado un trámite constitucional y legal  para estos casos, ya  que la Asamblea Nacional no aprobó ni  vetó estas Reformas. Esbozamos este criterio apoyándonos en los artículos  de la Constitución de la República del Ecuador, en donde nos indica el Art. 140.- “La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción.” “Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.” Este articulo guarda concordancia plena con el Art.62.- de la Ley Orgánica de la Función legislativa(LOFL); en ambos casos indica que de no aprobar, modificar o negar el proyecto este pasará a declararse decreto ley ; pero existe un antecedente sobre la Resolución Legislativa de la Asamblea Nacional  que negó el trámite al proyecto de ley de Fomento Ambiental y Optimización de Recursos del Estado; es así que  existiendo esta negación  al proyecto de ley, se imposibilita dar paso a los artículos anteriores; El gobierno  pretende dejar sin efecto esta resolución Legislativa  indicando que  no es válida, pero la (LOFL) indica en su Art.- 8.- “El pleno de la asamblea Nacional, aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos y resoluciones”; “se entenderá por mayoría simple el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes  en la sesión del pleno.” El resultado de 53 votos a favor y 47 en contra aprobaron la negación al proyecto presentado por el ejecutivo (mayoría simple). Por otra parte creemos que  ni siquiera tuvo que ser calificado este proyecto como urgente económico, ya que el art. 68.- de la (LOFL) dice “Iniciativa.- Sólo por iniciativa de la función Ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en esta ley, la asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos.”

No es admisible que por el “capricho” del Asambleísta Velasco,  no se nos permita  a los ecuatorianos debatir este proyecto de gran importancia,  pues podía saltarse su error de detener el trámite por no convocar a discutir el tema en la comisión y convocar a posterior, tomándose un tiempo más, lo cual es sancionado con el art. 165 numeral 2.- ( con una simple sanción) en vez de todo un trámite anticonstitucional realizado hasta el momento, que conlleva a que se pronuncie la Corte Constitucional, en este momento ya existe una demanda de inconstitucionalidad presentada por el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, en contra de la famosa Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Recursos del Estado (Reformas Tributarias); que sucederá con el pronunciamiento de la Corte Constitucional? No sabemos con certeza total, pero podemos adelantar que imaginamos que el resultado será igual que todos los resultados dados hasta el momento, ¡favorables al gobierno! .

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