Ecuador, en los últimos cinco años ha experimentado una acelerada contra-reforma laboral dada a partir de la expedición de tres Mandatos Constituyentes, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Producción que distorsiona el mandato constitucional sobre “Salario Digno”. A lo anterior se suma un conjunto de decretos y acuerdos ministeriales que violentan los derechos laborales y sindicales profundizando la explotación laboral especialmente de las trabajadoras y trabajadores del sector público ecuatoriano.

Mención especial requiere el Decreto Ejecutivo 813 sobre la insólita “Renuncia Obligatoria” cuyo contenido violenta la Constitución y los Convenios Internacionales suscritos por el país con la OIT.

Ni los gobiernos llamados neoliberales han sido tan agresivos contra los trabajadores y el movimiento sindical. El gobierno de Rafael Correa ha provocado la división del mismo, ha privilegiado el despido de dirigentes sindicales críticos al Régimen, ha cambiado de nombre a la tercerización laboral por externalización, ha implementado una política de “congelamiento” a los trámites que las organizaciones sindicales defensoras de los derechos laborales impulsan y lo más preocupante es que ha despedido a miles de trabajadores del sector público bajo el mismo argumento neoliberal de la modernización.

Los servidores públicos han sido los más golpeados por el gobierno que ha atentado en contra de la:

1. Libertad Sindical.- Los servidores públicos no están considerados como trabajadores, están fuera del derecho laboral consagrado en el primer Código de Trabajo de 1938, por lo tanto excluidos del derecho a organizarse sindicalmente, a la contratación colectiva y a la huelga.
2. Contratación Colectiva.- la revisión unilateral de contratos colectivos facilita los despidos intempestivos; la clasificación de los trabajadores, en servidores y obreros; e, incapacidad para negociar incrementos salariales y condiciones dignas de trabajo.
3. Estabilidad laboral.- los trabajadores y servidores públicos perdieron la garantía de estabilidad laboral, se establece su desvinculación vía evaluaciones, supresiones de partidas y renuncias obligatorias, además de sumarios administrativos. Oficialmente se reconoce que existen aproximadamente seis mil trabajadores despedidos (que en realidad superan los diez mil), la mayoría en medio de una campaña mediática de desprestigio a los trabajadores públicos situándolos como responsables de la mala calidad del servicio público, y dando paso a la privatización de dichos servicios.
4. Derecho a la resistencia-protesta.- cuarenta y ocho dirigentes de diversas organizaciones sindicales y gremiales han sido perseguidos y judicializados por realizar acciones de defensa de los derechos trabajadores; lo mismo sucede con dirigentes indígenas y sociales que luchan contra las políticas del régimen;

El régimen no solo golpea de forma directa a los trabajadores sino que lo hace mediante otras medidas que lo perjudican, como el incremento permanente de los precios de la canasta básica, el uso y abuso de los fondos de la Seguridad Social que son de los trabajadores, la instrumentación de un modelo de seguridad social que presta sus servicios de salud a través de empresas privadas y la virtual eliminación de los Fondos de Reserva, -mecanismo de ahorro independiente y complementario al salario, creado hace más de 50 años-, transformándolo en un componente del salario digno, eliminando el derecho adquirido de los trabajadores al ahorro, disminuyendo los ingresos reales de los trabajadores y afectando sus condiciones de vida y de su familia.

Por lo expuesto, las organizaciones que conformamos la Coordinara Plurinacional por la Unidad de las izquierdas: Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Participación, Montecristi Vive, Poder Popular y Corriente Socialista Revolucionaria, manifestamos:

1. Nuestro público respaldo a la MARCHA UNITARIA DEL 01 DE MAYO convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, , Frente Popular, CONAIE y Movimientos Sociales a todas las fuerzas sociales y políticas del Ecuador y a todos los ciudadanos comprometidos con la transformación social del país y sensibles ante la situación por la que atravesamos,
2. Nuestra exigencia al gobierno para que cumpla con los 19 puntos del Mandato de la “Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos”,
3. Nuestro compromiso en la lucha junto al movimiento social y sindical por la defensa de los derechos de los trabajadores, la estabilidad laboral, la derogatoria del Decreto 813, el reintegro de los despedidos, salario de la dignidad, pago de la deuda del Estado al IESS y la aprobación del nuevo Código del Trabajo propuesto por las Centrales Sindicales. Así como exigimos el cese de la criminalización de la lucha social y la libertad y amnistía para los presos políticos del régimen antidemocrático de Rafael Correa.
4. Nuestro llamado a la unidad de todos los sectores democráticos, progresistas y de izquierdas para fortalecer la Coordinadora Plurinacional y poder construir un Gobierno con y para los trabajadores, derrotando a la derecha dentro y fuera del Régimen Correista.

Quito, 25 de abril del 2012

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Ecuador anhela un proceso de cambio social profundo. El gobierno de Rafael Correa pretendió ser el impulsor de ese cambio en democracia. Ahora, en gran medida, apenas sobrevive el discurso del cambio, la práctica es cada vez más contradictoria. Cualquier cambio social tiene que ser construido desde la sociedad.

El gobierno no puede ser su único actor. Son fundamentales los procesos de deliberación, negociación y participación de la sociedad organizada para construir estrategias de cambio, que tendrán que influir tanto en las relaciones sociales cotidianas como en las políticas públicas.

Así como la organización social no es igual a “corporativismo”, la protesta no es “golpismo”. Cerrar la puerta a la protesta es esterilizar la democracia. Sin crítica no hay debate público. Sin debate público no hay democracia. Una democracia es estéril cuando el Ejecutivo se erige como la única voz autorizada, y cualquier otra voz es tachada de tener “agenda propia”, de “intento de desestabilización” o incluso de “terrorismo”. Eso no es democracia.

La participación social no se agota en el voto y las veedurías ciudadanas, ni en asistir a rendiciones de cuenta, menos aún asistir obligados a las marchas gubernamentales. El derecho a organizarse y buscar la expresión colectiva de intereses, sea por grupo, por etnia, por sexo, por empresa o rama, es un derecho humano fundamental. Una sociedad organizada fuerte y articulada es el contrapeso necesario a un gobierno que escucha, en democracia. En este sentido, la “Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos”, no es nada más que la expresión en alto grado legítima de las demandas de una gran parte del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, el discurso oficialista insiste en deslegitimar esta manifestación democrática.

Muchos de los simpatizantes gobiernistas toman como pretexto los recuerdos del 30 de septiembre de 2010 para tachar a los manifestantes de “GOLPISTAS”, mientras éstos no se plantean cambiar al gobierno de Rafael Correa. Lo que buscan es que el gobierno cambie de rumbo, que rectifique, que vuelva a sus orígenes, que desarme todas las políticas que afectan el derecho al trabajo, que desactive la criminalización de la protesta popular, que ponga en marcha la redistribución de la tierra y el agua, que detenga la megaminería, que elimine los delitos de imprenta y desacato, que respete los Derechos de la Naturaleza.

En definitiva, que cumpla con la Constitución de Montecristi. Solo así se podría abrir la puerta al diálogo, que es legítimo y democrático. Los grupos sociales en marcha expresan demandas y desacuerdos con muchas políticas de este gobierno – pensando en la sostenibilidad y la garantía de condiciones de vida dignas para las generaciones futuras del país. Cuestionan que hoy se estén reiniciando las conversaciones con la Unión Europea para la firma de un TLC disfrazado de Acuerdo Comercial Multipartes, sin haber tomado en cuenta las observaciones realizadas por grupos y organizaciones sociales que alertan sobre las graves consecuencias que dicho acuerdo tendría para los intereses nacionales. Levantan su voz para pedir correcciones de rumbo hacia un gran proceso de cambios radicales, respaldado por la mayoría de habitantes del país. Ese es su derecho. Lamentablemente, el gobierno desde los inicios de la marcha ha puesto en duda este derecho, negando los salvoconductos a los buses que debían transportar los y las marchistas en Zamora. Ya en ocasiones anteriores, ha usado su monopolio de la fuerza para impedir el acceso de manifestantes indígenas a la capital, mediante bloqueos policiales.

¡LOS Y LAS MARCHISTAS TIENEN DERECHO A EXPRESARSE PUBLICAMENTE Y MASIVAMENTE EN LA CAPITAL DEL ECUADOR!

¡QUITO ES LA CAPITAL DE TODAS LAS ECUATORIANAS Y TODOS LOS ECUATORIANOS! SI EL GOBIERNO PARA O RETIENE LA MARCHA BAJO CUALQUIER PRETEXTO, ESTARÍA ATENTANDO GRAVEMENTE CONTRA LA DEMOCRACIA.

¡TODOS Y TODAS A RECIBIR LA MARCHA! ¡TODOS Y TODAS A LA CALLE A DEFENDER LA DEMOCRACIA!

¡NO HAY REVOLUCIÓN SIN DEMOCRACIA, NI DEMOCRACIA SIN REVOLUCIÓN!

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El pasado 5 de marzo, el gobierno ecuatoriano firmó un contrato con la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), abriendo la vía a la explotación minera a gran escala, hasta ahora inexistente en Ecuador. El próximo 22 de marzo, una marcha ciudadana conformada por comunidades indígenas, campesinas, mujeres, estudiantes y trabajadores, que desde hace dos semanas recorre el país, llegará a Quito para exigir el respeto de sus derechos y protestar contra el desarrollo minero a gran escala en Ecuador.

ECSA es una filial de Corriente Resources, empresa minera domiciliada en Canadá, controlada por capital canadiense entre 1983 y 2010, y desde entonces filial de la joint venture China Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd (segundo productor de cobre en China). La firma del contrato permitirá a ECSA explotar cobre en la cordillera del Cóndor en la Amazonía ecuatoriana por una inversión estimada de más de 1 700 millones de dólares estadounidenses. El principal proyecto de explotación, el proyecto Mirador, está localizado en la provincia de Zamora Chinchipe.

En 2010, la FIDH y sus organizaciones miembro en Ecuador (CEDHU, CDES e INREDH) denunciaron el impacto probado y potencial del proyecto sobre los derechos de las comunidades locales [1]. Asimismo denunciaron las maniobras del Estado y de la empresa para intimidar a los integrantes de las comunidades afectadas que se opusieron a los proyectos de explotación, incluyendo actos violentos por parte de las fuerzas de seguridad. Igualmente deploraron la ausencia de consulta previa a las comunidades concernidas, particularmente a las comunidades indígenas Shuar, así como la ausencia de control estatal en los procesos de aprobación de los proyectos, junto con los riesgos medioambientales ligados a los mismos y sus posibles consecuencias sobre las comunidades indígenas y locales.

La FIDH y sus organizaciones miembro en Ecuador llaman al gobierno ecuatoriano a suspender la implementación del contrato en espera de una solución satisfactoria para las comunidades afectadas, respetando su derecho a la consulta previa, libre e informada garantizada por la Constitución ecuatoriana. En un contexto preocupante de criminalización de la protesta social, instan al gobierno ecuatoriano a abstenerse de toda acción que pueda atentar contra la libertad de expresión de los manifestantes y su derecho a la resistencia reconocido en la Constitución.

En vísperas de la cumbre Río + 20, la FIDH y sus organizaciones miembro ecuatorianas recuerdan que es imperativo que toda política de desarrollo económico tenga en cuenta a los individuos, en particular los más vulnerables, y respete los derechos humanos y el medio ambiente. La FIDH, CEDHU, INREDH y CDES llaman también a los gobiernos chino y canadiense a respetar su obligación de proteger los derechos humanos, incluyendo por violaciones cometidas por empresas transnacionales bajo su jurisdicción yque operen en el extranjero. En este sentido, las autoridades chinas y canadienses deben exigir a las empresas implicadas la suspensión de sus operaciones, incluso a través de sus relaciones diplomáticas.

EcuaCorriente tiene, por su parte, la obligación de cumplir con la Constitución ecuatoriana y no iniciar trabajos mientras no se hayan cumplido con todos los requisitos estipulados en la misma. De darse la explotación minera, la empresa tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que sus operaciones no atentarán contra la Naturaleza ni contra los derechos de las poblaciones afectadas.

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La “Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos”, convocada por organizaciones sociales, indígenas, campesinas, ecologistas, mujeres y hombres del campo y ciudades de Ecuador, ante la implementación de un modelo de desarrollo inconsulto, basado en el extractivismo de la naturaleza, plantea entre sus principales demandas, la defensa del agua, tanto como derecho humano cuanto como derecho de la naturaleza.

El agua es un derecho humano garantizado por la Constitución (Art. 12) y los Tratados Internacionales de  Derechos Humanos1, por tanto, el Estado ecuatoriano está obligado a garantizar y respetar este derecho, en consecuencia deberá tomar medidas para permitir su ejercicio y deberá abstenerse de realizar acciones que lo afecten o limiten.

El texto constitucional establece que el derecho humano al agua no se refiere únicamente al ejercicio del acceso para el consumo humano o doméstico, sino que está relacionado con la salud, los usos culturales, la soberanía alimentaria para garantizar el derecho a la alimentación; y los derechos de la naturaleza, según el mandato contenido en los artículos 66, 71 y 318 de la Constitución.

El Ecuador se ha reconocido como un Estado Plurinacional e Intercultural, su construcción y consolidación dependen de la preservación de las fuentes de agua y la garantía al ejercicio de este derecho, considerando  además, que el uso y manejo tradicional del agua provienen de conocimientos transmitidos ancestralmente, y en este acervo se asienta la identidad plurinacional e interculturalidad del país.

El agua no es una mercancía, es un derecho, y no puede estar  expuesto a los intereses y poderes que se mueven en torno a ella. Por ello, no se puede priorizar bajo ningún concepto el destino del agua para actividades productivas como la minería si no se ha garantizado previamente el derecho al  agua y su contenido, ni siquiera bajo el argumento de garantizar el interés nacional o el cumplimiento del Plan Nacional de desarrollo.

El Proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, acaparará 140 litros de agua (dulce) por segundo para su funcionamiento, los mismos que serán tomados de dos ríos que actualmente abastecen a comunidades locales. De igual manera consumirá la energía eléctrica equivalente a una ciudad de 140 mil habitantes.

La marcha plurinacional que inició el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, abre un espacio de defensa y reinvidicaciones de todas y cada una de las personas que habitamos en el territorio ecuatoriano. Nos convoca a abrirnos a planteamientos de defensa del agua, de los espacios vitales y la territorialidad desde el bien común, la soberanía de los pueblos y desde el respeto a la naturaleza, en ejercicio de nuestros legítimos derechos a la organización, participación y resistencia. Por tal motivo expresamos nuestra solidaridad a los marchantes y llamamos a la colectividad a reflexionar en torno al derecho al agua, los derechos de la naturaleza y a la vida digna de esta generación y de las que vendrán

Firman:

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
Colectivo PRODH
FIAN Ecuador
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-Guayaquil (CDH)
Servicio Paz y Justicia de Ecuador (SERPAJ-E)
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J.”
Organización Tierra y Vida

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