Las Reformas Tributarias o proyecto de LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO, diseñadas y anunciadas por el Gobierno  de la Revolución Ciudadana, entraron  en vigencia a través del  Ministerio de la Ley, el día 24 de Noviembre del  2011, en un suplemento de 16 páginas  publicado por el Registro Oficial;

Esto pese a haberse saltado un trámite constitucional y legal  para estos casos, ya  que la Asamblea Nacional no aprobó ni  vetó estas Reformas. Esbozamos este criterio apoyándonos en los artículos  de la Constitución de la República del Ecuador, en donde nos indica el Art. 140.- “La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción.” “Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.” Este articulo guarda concordancia plena con el Art.62.- de la Ley Orgánica de la Función legislativa(LOFL); en ambos casos indica que de no aprobar, modificar o negar el proyecto este pasará a declararse decreto ley ; pero existe un antecedente sobre la Resolución Legislativa de la Asamblea Nacional  que negó el trámite al proyecto de ley de Fomento Ambiental y Optimización de Recursos del Estado; es así que  existiendo esta negación  al proyecto de ley, se imposibilita dar paso a los artículos anteriores; El gobierno  pretende dejar sin efecto esta resolución Legislativa  indicando que  no es válida, pero la (LOFL) indica en su Art.- 8.- “El pleno de la asamblea Nacional, aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos y resoluciones”; “se entenderá por mayoría simple el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes  en la sesión del pleno.” El resultado de 53 votos a favor y 47 en contra aprobaron la negación al proyecto presentado por el ejecutivo (mayoría simple). Por otra parte creemos que  ni siquiera tuvo que ser calificado este proyecto como urgente económico, ya que el art. 68.- de la (LOFL) dice “Iniciativa.- Sólo por iniciativa de la función Ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en esta ley, la asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos.”

No es admisible que por el “capricho” del Asambleísta Velasco,  no se nos permita  a los ecuatorianos debatir este proyecto de gran importancia,  pues podía saltarse su error de detener el trámite por no convocar a discutir el tema en la comisión y convocar a posterior, tomándose un tiempo más, lo cual es sancionado con el art. 165 numeral 2.- ( con una simple sanción) en vez de todo un trámite anticonstitucional realizado hasta el momento, que conlleva a que se pronuncie la Corte Constitucional, en este momento ya existe una demanda de inconstitucionalidad presentada por el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, en contra de la famosa Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Recursos del Estado (Reformas Tributarias); que sucederá con el pronunciamiento de la Corte Constitucional? No sabemos con certeza total, pero podemos adelantar que imaginamos que el resultado será igual que todos los resultados dados hasta el momento, ¡favorables al gobierno! .

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El presidente del consejo de la judicatura transitorio, solicitó a la Presidencia de la República, el 29 de Agosto de 2011 la declaratoria de estado de excepción de la función judicial, justificando ese pedido con el argumento de que “no se cuenta con sistemas informáticos apropiados que permitan generar una información sólida para la planificación estratégica institucional” a ello suma otras situaciones que ya son conocidas y que fueron tomadas en cuenta para realizar la consulta popular, y que según la propuesta de meter mano en la justicia, la solución a estos problemas era  el Consejo Transitorio de la Judicatura.

Hay que analizar si es justificable esta propuesta y sí es constitucional la respuesta, ya que la constitución art. 164 dice “La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

Se habla claramente que se aplicará en caso de que exista cualquiera de los casos nombrados y no como medida preventiva; en otras palabras no estamos viviendo en nuestro país ninguna de las condiciones para que se decrete el estado de Excepción.

La presidencia, contesta la petición del consejo de la judicatura, con la firma del DECRETÓ Nro. 872 DE EXCEPCIÓN EN LA FUNCIÓN JUDICIAL del 5 de Septiembre del 2011, mediante el cual  indica que basado en la constitución y en la ley de seguridad pública y del Estado; Decreta  en el art.1.-“Declarar el estado de excepción en la Función judicial, a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantizar en debida forma el derecho a la justicia contemplado en la constitución de la república y prevenir una inminente conmoción interna.”

Nos  Llama la atención el que el gobierno, se convierta en nigromante agorero de desastres, esto cuando vaticina que evidentemente existirá una conmoción nacional en la administración actual de la justicia, y en base a un supuesto Este decrete un estado de excepción. Cuando hacemos alusión al Art. 7 del decreto, indica: que encarga de la ejecución del mismo  a los ministros de Justicia y finanzas, lo cual violenta la constitución, ya que quien está a cargo de la organización de la Judicatura es el consejo transitorio y jamás la función ejecutiva  puede entrometerse o intervenir en otra función del Estado.

Sí el justificativo es el de que, se transfieran inmediatamente dineros  desde el ministerio de finanzas a la función judicial, el presidente a dicho  ”necesitamos en el corto plazo cerca de US$400 millones para reestructurar la Función Judicial y la única forma de asignar recursos extrapresupuestarios es a través de emergencias”. Entonces porque escogió el camino injustificable del estado de excepción?, Ya que fácilmente podía  acudir a la ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y aplicar el Art. 57. Nos da mucho temor el pensar que no sea este el fondo de las cosas, sino meter más a fondo la mano en la justicia y a lo mejor en otro lugar más, ya que el estado de excepción faculta constitucionalmente  muchas posibilidades de romper derechos instituidos hasta que pase el mismo, en este caso sesenta días, si es que no ocurre  la idea de postergarlo luego.

El  pueblo con su sabiduría proverbial  podrá con exactitud interpretar las intenciones verdaderas de estos actos que difieren mucho de ser constitucionales. 

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