Ecuador anhela un proceso de cambio social profundo. El gobierno de Rafael Correa pretendió ser el impulsor de ese cambio en democracia. Ahora, en gran medida, apenas sobrevive el discurso del cambio, la práctica es cada vez más contradictoria. Cualquier cambio social tiene que ser construido desde la sociedad.

El gobierno no puede ser su único actor. Son fundamentales los procesos de deliberación, negociación y participación de la sociedad organizada para construir estrategias de cambio, que tendrán que influir tanto en las relaciones sociales cotidianas como en las políticas públicas.

Así como la organización social no es igual a “corporativismo”, la protesta no es “golpismo”. Cerrar la puerta a la protesta es esterilizar la democracia. Sin crítica no hay debate público. Sin debate público no hay democracia. Una democracia es estéril cuando el Ejecutivo se erige como la única voz autorizada, y cualquier otra voz es tachada de tener “agenda propia”, de “intento de desestabilización” o incluso de “terrorismo”. Eso no es democracia.

La participación social no se agota en el voto y las veedurías ciudadanas, ni en asistir a rendiciones de cuenta, menos aún asistir obligados a las marchas gubernamentales. El derecho a organizarse y buscar la expresión colectiva de intereses, sea por grupo, por etnia, por sexo, por empresa o rama, es un derecho humano fundamental. Una sociedad organizada fuerte y articulada es el contrapeso necesario a un gobierno que escucha, en democracia. En este sentido, la “Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos”, no es nada más que la expresión en alto grado legítima de las demandas de una gran parte del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, el discurso oficialista insiste en deslegitimar esta manifestación democrática.

Muchos de los simpatizantes gobiernistas toman como pretexto los recuerdos del 30 de septiembre de 2010 para tachar a los manifestantes de “GOLPISTAS”, mientras éstos no se plantean cambiar al gobierno de Rafael Correa. Lo que buscan es que el gobierno cambie de rumbo, que rectifique, que vuelva a sus orígenes, que desarme todas las políticas que afectan el derecho al trabajo, que desactive la criminalización de la protesta popular, que ponga en marcha la redistribución de la tierra y el agua, que detenga la megaminería, que elimine los delitos de imprenta y desacato, que respete los Derechos de la Naturaleza.

En definitiva, que cumpla con la Constitución de Montecristi. Solo así se podría abrir la puerta al diálogo, que es legítimo y democrático. Los grupos sociales en marcha expresan demandas y desacuerdos con muchas políticas de este gobierno – pensando en la sostenibilidad y la garantía de condiciones de vida dignas para las generaciones futuras del país. Cuestionan que hoy se estén reiniciando las conversaciones con la Unión Europea para la firma de un TLC disfrazado de Acuerdo Comercial Multipartes, sin haber tomado en cuenta las observaciones realizadas por grupos y organizaciones sociales que alertan sobre las graves consecuencias que dicho acuerdo tendría para los intereses nacionales. Levantan su voz para pedir correcciones de rumbo hacia un gran proceso de cambios radicales, respaldado por la mayoría de habitantes del país. Ese es su derecho. Lamentablemente, el gobierno desde los inicios de la marcha ha puesto en duda este derecho, negando los salvoconductos a los buses que debían transportar los y las marchistas en Zamora. Ya en ocasiones anteriores, ha usado su monopolio de la fuerza para impedir el acceso de manifestantes indígenas a la capital, mediante bloqueos policiales.

¡LOS Y LAS MARCHISTAS TIENEN DERECHO A EXPRESARSE PUBLICAMENTE Y MASIVAMENTE EN LA CAPITAL DEL ECUADOR!

¡QUITO ES LA CAPITAL DE TODAS LAS ECUATORIANAS Y TODOS LOS ECUATORIANOS! SI EL GOBIERNO PARA O RETIENE LA MARCHA BAJO CUALQUIER PRETEXTO, ESTARÍA ATENTANDO GRAVEMENTE CONTRA LA DEMOCRACIA.

¡TODOS Y TODAS A RECIBIR LA MARCHA! ¡TODOS Y TODAS A LA CALLE A DEFENDER LA DEMOCRACIA!

¡NO HAY REVOLUCIÓN SIN DEMOCRACIA, NI DEMOCRACIA SIN REVOLUCIÓN!

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El texto del Art. 47 de la LOSEP, señala textualmente: “Caso de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: a) Renuncia voluntaria formalmente presentada; b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; c) Por supresión del puesto; Por perdida de los derechos de ciudadanía declarado mediante sentencia ejecutoriada; e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no constituye sanción; f) Por destitución; g) Por revocatoria del mandato; h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición; i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; j) Por acogerse al retiro por jubilación; k) Por compra de renuncias con indemnización; l) Por muerte; y, m) En los demás casos previstos en esta Ley”.

Pero, en realidad estos despidos o “renuncias obligadas” se efectuarían por el decreto presidencial 813, que “reforma” la LOSEP, que en la parte pertinente señala: “Artículo 8.- A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo innumerado:

“Artículo…- Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo. Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración.” La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.”

Dicho decreto viola  la Constitución en los artículos: 33, 34, 325 y 326 en sus  numerales 1, 2, 3; los  artículos  23 literales a, b, c, e, h, i, j, k y n; 81; 128 y 129 de la LOSEP; eliminando el derecho para acogerse a la jubilación y a la seguridad social de los servidores públicos, a más de trasgredir los tratados internacionales en materia de trabajo. Sumando a que está en proceso una demanda de inconstitucionalidad presentada el 7 de julio de 2011, en contra del decreto autócrata 813; por lo que hasta que exista pronunciamiento de la Corte Constitucional, no puede entrar en vigencia dicho decreto. Sin embargo, contra toda norma y debido proceso, se han procedido de hecho a separar a funcionarios con apoyo de la fuerza pública, coincidentemente a puertas de un feriado prolongado, demostrándose de esta manera el actuar de un gobierno déspota, inhumano, ni amor al prójimo del cual se dice ser protector. Coincidentemente esta medida es la que la Unión Europea le recomienda a Italia para disminuir el riesgo de un colapso inminente de si economía.

Claro está que nunca se realizó una prueba cognoscitiva ni práctica sobre el trabajo que realizaban los servidores públicos, para valorar el trabajo ejecutado, simplemente se los acuso sin un juicio de valor ni un debido proceso, e incluso se increpa que a todos estos servidores públicos se los ha sacado por corruptos, ya que inconstitucionalmente se les estaba realizando una investigación de inteligencia militar (pronunciamiento sin pruebas) y de ser así, se estaría premiando a los empleados corruptos, ya que estos personajes tendrían que salir con un juicio administrativo y sin ninguna remuneración.

Percibimos claramente que estas “renuncias” no pretenden un estado más ágil o un menor número de servidores, los cargos de los funcionarios que son separados serán llenados por otras personas que, seguramente serán los nuevos “leales” (borregos) y eficientes empleados  del Gobierno de turno. 

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El presidente del consejo de la judicatura transitorio, solicitó a la Presidencia de la República, el 29 de Agosto de 2011 la declaratoria de estado de excepción de la función judicial, justificando ese pedido con el argumento de que “no se cuenta con sistemas informáticos apropiados que permitan generar una información sólida para la planificación estratégica institucional” a ello suma otras situaciones que ya son conocidas y que fueron tomadas en cuenta para realizar la consulta popular, y que según la propuesta de meter mano en la justicia, la solución a estos problemas era  el Consejo Transitorio de la Judicatura.

Hay que analizar si es justificable esta propuesta y sí es constitucional la respuesta, ya que la constitución art. 164 dice “La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

Se habla claramente que se aplicará en caso de que exista cualquiera de los casos nombrados y no como medida preventiva; en otras palabras no estamos viviendo en nuestro país ninguna de las condiciones para que se decrete el estado de Excepción.

La presidencia, contesta la petición del consejo de la judicatura, con la firma del DECRETÓ Nro. 872 DE EXCEPCIÓN EN LA FUNCIÓN JUDICIAL del 5 de Septiembre del 2011, mediante el cual  indica que basado en la constitución y en la ley de seguridad pública y del Estado; Decreta  en el art.1.-“Declarar el estado de excepción en la Función judicial, a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantizar en debida forma el derecho a la justicia contemplado en la constitución de la república y prevenir una inminente conmoción interna.”

Nos  Llama la atención el que el gobierno, se convierta en nigromante agorero de desastres, esto cuando vaticina que evidentemente existirá una conmoción nacional en la administración actual de la justicia, y en base a un supuesto Este decrete un estado de excepción. Cuando hacemos alusión al Art. 7 del decreto, indica: que encarga de la ejecución del mismo  a los ministros de Justicia y finanzas, lo cual violenta la constitución, ya que quien está a cargo de la organización de la Judicatura es el consejo transitorio y jamás la función ejecutiva  puede entrometerse o intervenir en otra función del Estado.

Sí el justificativo es el de que, se transfieran inmediatamente dineros  desde el ministerio de finanzas a la función judicial, el presidente a dicho  ”necesitamos en el corto plazo cerca de US$400 millones para reestructurar la Función Judicial y la única forma de asignar recursos extrapresupuestarios es a través de emergencias”. Entonces porque escogió el camino injustificable del estado de excepción?, Ya que fácilmente podía  acudir a la ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y aplicar el Art. 57. Nos da mucho temor el pensar que no sea este el fondo de las cosas, sino meter más a fondo la mano en la justicia y a lo mejor en otro lugar más, ya que el estado de excepción faculta constitucionalmente  muchas posibilidades de romper derechos instituidos hasta que pase el mismo, en este caso sesenta días, si es que no ocurre  la idea de postergarlo luego.

El  pueblo con su sabiduría proverbial  podrá con exactitud interpretar las intenciones verdaderas de estos actos que difieren mucho de ser constitucionales. 

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