Actualmente se dice que este gobierno, hace la diferencia en respetar estos derechos adquiridos por los ecuatorianos a través de la constitución, de organismos y acuerdos Internacionales. Observamos que la intolerancia y autoritarismo del gobierno demuestra ser contradictorio a aplicar estas normas, ya que existe represión y persecución  contra la libertad de expresión (ley de comunicación atentatoria, judicialización y criminalización de comunicadores sociales y de medios de comunicación ); contra los luchadores populares (encarcelamientos y enjuiciamientos); contra los pobladores ancestrales indígenas(judicialización, represión, criminalización, detenciones, actos de racismo); contra los trabajadores(despidos intempestivos con utilización de la fuerza pública, quitar el derecho a la seguridad social; acusaciones de corrupción sin fundamentos); contra el género femenino (improperios, descalificaciones, actitudes machistas),contra los estudiantes universitarios y secundarios(imposición de normas inconsultas, ataques violentos de la fuerza pública, heridos de gravedad, jóvenes encarcelados); contra los maestros (acosos laborales, desprestigios, imposición de acciones degradantes y anti técnicas); contra la ecología, la protección de la Pacha Mama y contra la soberanía nacional (entrega de recursos naturales  a empresas extranjeras mineras y petroleras, sin aplicar consultas previas e informadas, saltándose el debido proceso constitucional y con un entreguismo anti- soberano total).

Sumamos que  se  instauró una consulta popular saltándose el debido proceso, producto de aquello se estableció que el gobierno le meta mano a la justicia, rompiéndose la institucionalidad del Estado al inmiscuirse el Ejecutivo en otra funcion como es la  Función Judicial, lo cual prohíbe la constitución.

Se llamó a una consulta popular para resolver conflictos de pertenencia del Cantón La Concordia(Esmeraldas) cuando sus límites están claramente establecidos  mediante ley promulgada en el Registro Oficial No. 219, del 26 de noviembre del año 2007, a más de que no cumple con el dictamen de constitucionalidad previo y vinculante que debe emitir la Corte Constitucional.

Se pide levantar el fuero de Corte Nacional de Justicia a los asambleístas, irrespetando el derecho constitucional para poder fiscalizar, Art.128. Utiliza los medios confiscados del Estado y las cadenas, con el fin de crear una imagen de violencia de las protestas sociales con el fin de que se estigmatice el verdadero fondo de la lucha progresista social, de reclamo a los actos de irrespeto a la constitución y los derechos humanos.

De esta manera ponen de manifiesto los representantes de Izquierda y el pueblo progresista,  que esto es la muestra que deja  en evidencia la acción represiva de un gobierno que ha legitimado la criminalización de la lucha social e inaugurada una política terrorismo social con el cual pretende silenciar a quienes levantan su voz de protesta. A lo que los ecuatorianos nos preguntamos, estamos en un proceso de involución? ;  Se está violando los derechos humanos en Ecuador?  

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