Ahora, cuatro años después del inicio del gobierno del Presidente Rafael Correa, asistimos con estupor, a un acontecimiento curioso. Los papeles parecen haberse trastocado, pues quienes impulsaron, hicieron y defendieron el proceso constitucional hoy parecen renegar de él. Cuatro años después, cierto que la Constitución muestra sus falencias, producto del apuro impuesto por el Presidente, otra vez, invocando la necesidad de una mayor prisa para transformar la justicia, se propone una consulta popular que afecta a la institucionalidad del Estado y que se adhiere con sordina a la tesis opositora de que los males de la inseguridad que vive el Ecuador se deben a las doctrinas de avanzada en temas de derechos y garantías consagrados en la Constitución. En nombre de la prisa y del pragmatismo, nos aprestamos a dejar a un lado la Constitución y asumir, al menos en parte, la doctrina represiva defendida por la oposición.

En su anuncio (de la consulta popular) arremete con toda frontalidad contra la recién estrenada Constitución y contra la incipiente institucionalidad del Estado post 2008 que ha comenzado a construirse sobre ella. Cuatro de los cinco pilares de esta institucionalidad van a ser puestos a prueba y mal heridos en la consulta propuesta: la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Función Judicial y la Función de Transparencia y Control Social. Si logran sobrevivir, quedarán violados, mancillados y desacreditados, con su propia complicidad, ante los ojos de la ciudadanía, que con su voto, estará cavando la tumba, su propia tumba y la de una democracia que apenas acaba de nacer y va a morir, antes siquiera de haber llegado a la adolescencia. En este contexto, no será de sorprenderse si grupos de la oposición votarán por varias de las tesis represivas y contra institucionales del gobierno que ante la pérdida de los votos de sus antiguos aliados, busca nuevos proveedores de apoyo en la derecha.
Temas de competencia de la Asamblea Nacional se llevarán a consulta, desdibujando aún más una Asamblea a la que se le acusa de haberse convertido en el patio trasero de Carondelet. Hoy el Ejecutivo es el gran legislador y la Asamblea apenas pone el “co” (legislador) para aprobar disciplinadamente todo lo que baja desde arriba y allanarse a los vetos en temas largamente discutidos y consensuados dentro de la Asamblea. Situaciones como las especulaciones presidenciales sobre el uso del mecanismo de la “muerte cruzada”, y los intentos de purgas internas de “disidentes” del bloque PAIS, así como las producidas después del 30 de septiembre en torno a temas policiales, marcan los tira y afloja de una Asamblea que no ha logrado pararse sobre sus propios pies para cumplir su vocación de Poder Legislativo, fundamental para la democracia. Ahora lo que se propone no es la muerte “cruzada”, sino muerte de la Asamblea, a secas.

La Corte Constitucional, va a recibir el tsunami de las preguntas para la consulta popular. Si resiste, ojalá sea así, las preguntas deberán enmarcarse en la Constitución y entonces algunas de ellas deberán ser rechazadas, como aquella que afecta una garantía fundamental como la de la caducidad de la detención preventiva cuando no hay sentencia en un año. De ser así, no sería extraño que seamos testigos de una campaña del Gobierno para desprestigiar y descalificar a la Corte Constitucional y proponer su recomposición (hay argumentos para hacerlo, pero hasta ahora no ha sido necesario esgrimirlos). De no asumir una posición de dignidad, la mencionada Corte, sometida a la voluntad del Ejecutivo, se convertirá en cómplice y ejecutora de la muerte del Control Constitucional, asestándose a sí misma un tajo suicida, dejando a la deriva de los caprichos de todos los ecuatorianos, la interpretación constitucional.

Durante la Constituyente, de ello soy testigo por haber presidido la mesa de Justicia, y en coherencia con el diagnóstico y el discurso de la revolución ciudadana, los constituyentes y el propio gobierno estuvieron de acuerdo en la tesis de sentar las bases para la “independencia de la Justicia de los poderes fácticos y políticos”. Se rechazó la tentación de “meter manos en la Justicia” y rehacer los viejos caminos que condujeron a las pichi cortes y cortes vitalicias funcionales a los gobiernos de turno y evitar el manoseo político que ha llevado a la Justicia al deshonroso sitial que todavía ocupa en la actualidad. La Constitución creó los mecanismos para la auto reforma y depuración de la Justicia sobre el pilar de un Consejo de Judicatura estructurado bajo el control y la vigilancia de poder de Transparencia y Participación Social.

Al proponer el Presidente la sustitución del Consejo de la Judicatura (…) por un comité tripartito, bajo el argumento de que las cosas van lentas, (vale recordar el refrán “vísteme despacio que tengo prisa”), se ataca el corazón mismo de la propuesta constitucional sobre la reforma de la Justicia. En todos los países en los que la Justicia ha logrado superar sus viejos vicios, la existencia de un Consejo de la Judicatura y una Corte Constitucional, al estilo propuesto en la Constitución, han sido fundamentales. La propuesta presidencial hiere de muerte a la Constitución y al régimen de transición, y pone en manos del Ejecutivo, avalado por un presumible “sí” en la consulta, el proceso de reinstauración de la justicia. Por muy imparcial que fuera el proceso, se sabe que “cada perro es fiel a la mano que le da de comer” y aunque el presidente diga que no tiene “intereses”, no pocos en su entorno si lo tendrán. Yo no pondría la mano en el fuego por nadie.

Además, de aprobarse la consulta, el Ejecutivo da un manotazo a la Función de Transparencia y Control Social descalificándola y condenándola a la inutilidad. Ya ha habido interferencias como la presencia del Secretario de la Presidencia a favor de una de las candidatas a determinada función y los manoseos denunciados para impedir su descalificación. Los delegados del gobierno ya no asisten a las sesiones, los procesos se paralizan. El propio Ejecutivo desacredita a la Función para luego darle el golpe mediante la consulta. Todo el capítulo quinto del Título IV sobre la participación y Organización del Poder en la Constitución del 2008 hay que tirarlo a la basura. (…) A la basura el estado de Derecho. Una vez mancillada la virgen, todos pueden prostituirla a su antojo.

Cierto que la consulta popular tiene fundamento constitucional, pero este argumento no puede ser usado en contra de la propia Constitución. (…) Solo para terminar esta reflexión y a modo de ejemplo de lo perverso que puede ser el recurso a implementarse: En este momento, si el presidente incluyera una pregunta sobre la implementación de la pena de muerte en el Ecuador, la pregunta ganaría ampliamente, pero ¿sería sabio y prudente hacerlo? No será, que a la vuelta de la esquina el presidente tenga que rasgarse las vestiduras ante cárceles atestadas y sobrepobladas de detenidos –inocentes y culpables- sin sentencia por largos años, y constatar que la calentura de la violencia y la inseguridad no estaba en las sábanas.

El gobierno y el movimiento PAIS, puestos a escoger entre la institución del Estado y el carisma del Caudillo de la Revolución Ciudadana, le apuestan al indudable carisma que es el mayor de sus activos. Se nos pide confiar y creer con fe casi religiosa en él líder a costa de la vida de las instituciones democráticas. Asamblea y Quinto Poder entran en receso ante la consulta. Los incondicionales acatan sin problema la llamada patriótica a la convocatoria del pueblo. La mayoría se apresta a perpetrar la ruptura de la constitución con la complicidad de todos los poderes. El temor reverencial y disciplinado de los militantes de PAIS, de los funcionarios del régimen, anticipan la sumisión de todos los poderes, en el nuevo orden propuesto, incluida la sumisión de los jueces a la nueva jusrisprudencia, que no será otra que el beneplácito o el disgusto del presidente.

(…) Con qué desparpajo, superficialidad, prisa y obscenidad, el gobierno y el populacho se dispone a arrastrar por la calles e incinerar la Constitución del 2008, redactada en (…) Montecristi. Quienes participamos en la Asamblea con sueños de largo aliento, no podemos menos que sentir que se quema la última oportunidad de esta generación de construir algo más que una banana republic, manejada como propiedad de los gobernantes de turno, una banana republic del siglo XXI, pero a la postre mucho de banana y poco o nada de republic.

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