El presidente del consejo de la judicatura transitorio, solicitó a la Presidencia de la República, el 29 de Agosto de 2011 la declaratoria de estado de excepción de la función judicial, justificando ese pedido con el argumento de que “no se cuenta con sistemas informáticos apropiados que permitan generar una información sólida para la planificación estratégica institucional” a ello suma otras situaciones que ya son conocidas y que fueron tomadas en cuenta para realizar la consulta popular, y que según la propuesta de meter mano en la justicia, la solución a estos problemas era  el Consejo Transitorio de la Judicatura.

Hay que analizar si es justificable esta propuesta y sí es constitucional la respuesta, ya que la constitución art. 164 dice “La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

Se habla claramente que se aplicará en caso de que exista cualquiera de los casos nombrados y no como medida preventiva; en otras palabras no estamos viviendo en nuestro país ninguna de las condiciones para que se decrete el estado de Excepción.

La presidencia, contesta la petición del consejo de la judicatura, con la firma del DECRETÓ Nro. 872 DE EXCEPCIÓN EN LA FUNCIÓN JUDICIAL del 5 de Septiembre del 2011, mediante el cual  indica que basado en la constitución y en la ley de seguridad pública y del Estado; Decreta  en el art.1.-“Declarar el estado de excepción en la Función judicial, a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantizar en debida forma el derecho a la justicia contemplado en la constitución de la república y prevenir una inminente conmoción interna.”

Nos  Llama la atención el que el gobierno, se convierta en nigromante agorero de desastres, esto cuando vaticina que evidentemente existirá una conmoción nacional en la administración actual de la justicia, y en base a un supuesto Este decrete un estado de excepción. Cuando hacemos alusión al Art. 7 del decreto, indica: que encarga de la ejecución del mismo  a los ministros de Justicia y finanzas, lo cual violenta la constitución, ya que quien está a cargo de la organización de la Judicatura es el consejo transitorio y jamás la función ejecutiva  puede entrometerse o intervenir en otra función del Estado.

Sí el justificativo es el de que, se transfieran inmediatamente dineros  desde el ministerio de finanzas a la función judicial, el presidente a dicho  ”necesitamos en el corto plazo cerca de US$400 millones para reestructurar la Función Judicial y la única forma de asignar recursos extrapresupuestarios es a través de emergencias”. Entonces porque escogió el camino injustificable del estado de excepción?, Ya que fácilmente podía  acudir a la ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y aplicar el Art. 57. Nos da mucho temor el pensar que no sea este el fondo de las cosas, sino meter más a fondo la mano en la justicia y a lo mejor en otro lugar más, ya que el estado de excepción faculta constitucionalmente  muchas posibilidades de romper derechos instituidos hasta que pase el mismo, en este caso sesenta días, si es que no ocurre  la idea de postergarlo luego.

El  pueblo con su sabiduría proverbial  podrá con exactitud interpretar las intenciones verdaderas de estos actos que difieren mucho de ser constitucionales. 

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Su informe inició, con un claro cuestionamiento a la prensa y los medios de comunicación, justificando el accionar personal en un juicio que se lleva a cabo contra el diario “El Universo” y otros querellados; explicó los sucesos del 30 de septiembre y magnificó el haber ganado  el proceso de consulta popular;

Habló sobre los avances de la aplicación del resultado popular de meter la mano a la justicia con delegados afines a su gobierno.

Luego de 42 minutos, pasó a dar un informe  el Vicepresidente Moreno y los ministros coordinadores hicieron un recuento de sus gestiones; cosa inusual, ya que este tipo de actividad no entra dentro de la normativa constitucional, pues nada dice la constitución sobre intervenir otras personas en un mandato que es de carácter Ejecutivo; los otros administradores tendrán que rendir cuentas internamente a su inmediato superior; El Art.- 154. Numeral 2.- dice que los ministros tienen que, “Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad, y comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político”.

Es digno de rescatar el informe de Lenin Moreno, que muy bien preparado exteriorizó un gran cumplimiento en el área social por él manejada, con criterio técnico  político social, en el que resaltó el programa Manuela Espejo que ayudó a  294.803 personas con discapacidades físicas, intelectuales, visuales y auditivas; pronunció un criterio de gran verdad al recalcar que “las personas con discapacidad no han recuperado su dignidad, sino que la recuperó la sociedad miserable que los invisibilizó”. Catalogando el pueblo Ecuatoriano como un discurso conciliador, lleno de sensatez, apertura, sin extremismos ni apasionamientos político-viscerales. No resultando así el informe tecnocrático de los ministros, pues todos tenían el mismo guión, aparentando el informe de una empresa privada o una ONG, ya que adolecían de sustento en relación a un proyecto político de Gobierno. 

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Pero esta sentencia, nos lleva  algunas dudas legales  de su valides y ejecución, esto en vista de que El tribunal que sentencio esta causa fue sancionado con la suspensión de 90 días a los jueces Renato Vásquez y Luis Manosalvas y a Javier Andrade con la suspensión del cargo como Juez temporal  por el presidente de la Judicatura Benjamín Cevallos  en  la misma fecha, el 29 de Junio, lo que indica que estaban inhabilitados para firmar la providencia que formalizaban la sentencia y las penas impuestas a los policías acusados. La sanción se dictamina  en base a la queja interpuesta por el abogado de Tapia, que indica  que el tribunal estuvo integrado en forma indebida, ya  que el presidente del Tribunal, Renato Vásquez se arrogó funciones al nombrar a Xavier Andrade para integrar esa dependencia judicial, pese a que era un juez ad hoc y que no estaba dentro de la base de elegibles.

La base de la denuncia es la certificación de la jefatura de Personal del Consejo, ya que esta  señala la inexistencia de una acción de personal a favor de Xavier Andrade con la que hubiera sido designado juez temporal en el Tribunal Segundo de lo Penal y  que tampoco su nombre consta en el banco de elegibles, en cuyas nóminas constan solo quienes pueden cumplir dichas funciones, lo que Violenta  jurisdicción y competencia que le hayan sido asignadas legalmente, ya que el  art. 266 del Código de Procedimiento Penal que faculta al presidente del Tribunal Penal, en caso de ausencia de los titulares, a convocar a los respectivos jueces que previa y legalmente se hayan posesionado de su cargo. Para ello, el Código Orgánico dispone que, en caso de falta del juez titular, impedimento o excusa (u otra razón), “le reemplazará la jueza o juez temporal que será designado por sorteo del banco de elegibles”. Esa misma norma señala que el Consejo de la Judicatura nombrará jueces temporales para cada uno de los tribunales penales. Al violentar esta norma, los efectos jurídicos de las resoluciones actuadas son nulos, correspondiéndole al  juez superior el que deba establecer la nulidad de lo actuado .

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Se incrementaría $ 0,02 al ICE  por cada cigarrillo y la cajetilla de 20 unidades se le subiría $ 0,40 más.

También se incrementaría $6 por cada litro de alcohol;  En el caso del impuesto al alcohol , no se está imponiendo un impuesto por el valor del producto sino por el grado alcohólico, lo que significaría menos ingresos al país ya que si en este momento un importador paga por botella de whisky $6,  con el impuesto pagará por botella de 750cc con 40° de alcohol aproximadamente $1,80 de impuesto y claro está el producto nacional se perjudicará ya que pagará lo mismo que un producto importado, pues el producto nacional tiene un mayor grado alcohólico, beneficiando este impuesto a los grandes importadores y a la industria cervecera.

El supuesto impuesto verde, que se aplicaría a los autos y que será directamente proporcional al precio y al cilindraje, según Carrasco del universo de 1,4 millones de autos, quienes tengan vehículos de menor valor a 30000 USD pagarán un impuesto de $ 30 al año, en cambio quienes tengan autos de lujo de alto cilindraje pagaran  hasta $5000 al año.

Este proyecto de impuesto usa el respeto al medio ambiente que goza de gran popularidad en el País,pero debe ser analizado a la luz de lo que ya ocurre en otros paises , ya  existe un principio ambiental  mundial que  indica  “quien contamina paga” ya  que en todo el mundo se premia a los carros que menos contaminan, es decir este principio de premiar a quienes contribuyen a conservar el ambiente está establecido mundialmente,  pero aquí se quiere hacer lo contrario, es más que sabido que un vehículo que mientras más antiguo, este produce más contaminación, a lo  que los vehículos de más actualidad hoy en día, están asociados a una tecnología menos contaminante y no por su volumen o  cilindraje a estos se los hace más menos contaminante sino por la cantidad de  emisión de  gases destructores del ambiente, pues existen hoy en día vehículos híbridos de gran cilindraje que son menos contaminantes y no necesariamente más baratos. Los llamados vehículos verdes son una tecnología relativamente nueva, por tanto su costo es aun elevado, aunque tiende a la baja, pero estarían dentro del rango de autos superiores a los 30000 USD.

Es plausible la idea de incrementar un impuesto a la utilización de  fundas plásticas y botellas  de polietileno, siempre y cuando estas sean cambiadas por la utilización de las ecológicas biodegradables, en las que se aplica un aditivo denominado 2DW, las mismas que se rompen en pequeños fragmentos y de ahí que se oxidan fácilmente para degradarse por acción biológica, lo que se llama como OXO-BIODEGRADACIÓN. O la utilización de tecnología orgánica al producir botellas y fundas a partir de productos naturales como el agave, o almidones y azucares. Un gran ejemplo es el de Supermercados la FAVORITA S.A que ya está usando fundas biodegradables.

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Estos resultados nos obligan a reflexionar referente a  que le llamamos legalmente votos válidos. La constitución vigente nos señala  en el artículo 106.-“Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo la revocatoria de la presidenta o presidente de la República en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes”. Así mismo, El Código de la Democracia  se refiere en los artículos 125:“Se tendrá como válidos los votos emitidos en las papeletas suministradas por la Junta y que de cualquier modo expresen de manera inteligible la voluntad del sufragante”.

De esta manera se observa claramente que en este caso votos válidos serian también los votos nulos y blancos, ya que si votamos de cualquier forma, de ninguna manera se los discriminaría a estos votos como NO válidos, por que demuestran claramente o inteligiblemente la voluntad del sufragante.  Esta claro que ni anulo su voto o lo dejó en blacno, NO apoyo la tesis del Ejecutivo o en todo caso no contesto afirmativamente en respaldo.

Y, el Art. 198  del Código de la democracia dice.- “Para la aprobación de un asunto en referéndum o consulta popular se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos.

Una vez proclamados los resultados del referéndum o la consulta, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación en el Registro Oficial dentro de los siete días siguientes”. Entonces bien, respetando la Constitución y el Código de la Democracia estaríamos estableciendo que la única pregunta del referéndum y Consulta Popular que habría ganado y  se tendría que poner en práctica seria la numero 1, ya que el resultado obtenido en esa  pregunta, demanda el haber ganado con la mitad más uno de los votos válidos emitidos, el resto de preguntas no llegan a ese porcentaje que manda la constitución y la Ley para aprobar un referéndum o consulta popular. Nos preguntamos se  cumplirá  lo que  se manda legalmente hacer  o se  violará nuevamente las leyes y la constitución de la Republica?. Pues hoy en día percibimos a vista y paciencia  de los ciudadanos y ciudadanas de Ecuador, que ya es una costumbre violentar las leyes y la Carta Magna.

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