Las Reformas Tributarias o proyecto de LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO, diseñadas y anunciadas por el Gobierno  de la Revolución Ciudadana, entraron  en vigencia a través del  Ministerio de la Ley, el día 24 de Noviembre del  2011, en un suplemento de 16 páginas  publicado por el Registro Oficial;

Esto pese a haberse saltado un trámite constitucional y legal  para estos casos, ya  que la Asamblea Nacional no aprobó ni  vetó estas Reformas. Esbozamos este criterio apoyándonos en los artículos  de la Constitución de la República del Ecuador, en donde nos indica el Art. 140.- “La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción.” “Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.” Este articulo guarda concordancia plena con el Art.62.- de la Ley Orgánica de la Función legislativa(LOFL); en ambos casos indica que de no aprobar, modificar o negar el proyecto este pasará a declararse decreto ley ; pero existe un antecedente sobre la Resolución Legislativa de la Asamblea Nacional  que negó el trámite al proyecto de ley de Fomento Ambiental y Optimización de Recursos del Estado; es así que  existiendo esta negación  al proyecto de ley, se imposibilita dar paso a los artículos anteriores; El gobierno  pretende dejar sin efecto esta resolución Legislativa  indicando que  no es válida, pero la (LOFL) indica en su Art.- 8.- “El pleno de la asamblea Nacional, aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos y resoluciones”; “se entenderá por mayoría simple el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes  en la sesión del pleno.” El resultado de 53 votos a favor y 47 en contra aprobaron la negación al proyecto presentado por el ejecutivo (mayoría simple). Por otra parte creemos que  ni siquiera tuvo que ser calificado este proyecto como urgente económico, ya que el art. 68.- de la (LOFL) dice “Iniciativa.- Sólo por iniciativa de la función Ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en esta ley, la asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos.”

No es admisible que por el “capricho” del Asambleísta Velasco,  no se nos permita  a los ecuatorianos debatir este proyecto de gran importancia,  pues podía saltarse su error de detener el trámite por no convocar a discutir el tema en la comisión y convocar a posterior, tomándose un tiempo más, lo cual es sancionado con el art. 165 numeral 2.- ( con una simple sanción) en vez de todo un trámite anticonstitucional realizado hasta el momento, que conlleva a que se pronuncie la Corte Constitucional, en este momento ya existe una demanda de inconstitucionalidad presentada por el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, en contra de la famosa Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Recursos del Estado (Reformas Tributarias); que sucederá con el pronunciamiento de la Corte Constitucional? No sabemos con certeza total, pero podemos adelantar que imaginamos que el resultado será igual que todos los resultados dados hasta el momento, ¡favorables al gobierno! .

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Se eligió a Fernando Cordero en la continuidad de la Presidencia  con 59 votos a favor,58 en contra,4 en blanco y 3 abstenciones  de los 124 asambleístas presentes,  a cuatro vocales del Consejo Administrativo de la Legislatura obteniendo mayoría la oposición en el CAL hasta ese momento ya que no se logró elegir las 2 vicepresidencias, las que también forman parte del CAL.

“¡Vencimos! los traidores serán olvidados muy fácilmente”, escribió el presidente Correa en su cuenta de Twitter  después del “triunfo” de Cordero.

El proceso eleccionario luego de la  primera votación, tras una solicitud de rectificación de la votación por  Abdalá Bucaram votaron 60 a favor, 58 en contra, 3 en blanco y 2 abstenciones, perdiendo las elecciones Cordero e inmediatamente de saber los resultados, esta rectificación fue “rectificada” y anulada por La Presidenta encargada Irina Cabezas, (acto ilegal, ya que en ningún artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa existe la figura de una rectificación sobre la rectificación, peor aún una anulación de la rectificación  sin fundamento  y en derecho público solamente se puede hacer aquello que está explícitamente permitido) para luego en una nueva elección salir electo Cordero como presidente de la asamblea.

Irina Cabezas defiende su actuación  ilegal, indicando  que suspendió o anuló la votación “ya que estaba viciada de nulidad”. Pero nos preguntamos  si vicio de nulidad  es el de que no se llegó a tener los votos suficientes para la elección de Fernando Cordero?. Resalta más escandalo cuando existe un video en el que se escucha al candidato a la presidencia de la asamblea Cordero, ordenándole a la presidenta encargada Cabezas anular y rectificar  la segunda rectificación de votos, que resultaba desfavorable para su misma candidatura, resultando ser otro acto ilegal puesto que ese día Cordero, actuaba como candidato y no como Presidente, lo que no le permitía ni dar órdenes ni sugerir el actuar de la máxima autoridad de la asamblea Nacional.

El asambleísta Cesar Rodríguez ex Alianza PAIS, denunció a la presa “Hay que preguntar a Cordero cuánto le costó la reelección”;  Fernando Cordero, en respuesta indicó: “A mí la reelección me ha “costado” horas de diálogo con todas las fuerzas políticas o la mayoría de ellas, a mi bloque de Alianza País le ha “costado” sangre, sudor y lágrimas, porque vimos desfilar frente a nosotros al cinismo, la mentira, la ambición y la traición de personas que habían jurado estar dispuestos primero a morir que a botar a la basura sus principios”. Afirmación que fue desmentida por su compañero de bancada Virgilio Hernández, al momento que develaba, La compra de votos como se acostumbraba en el  antiguo congreso, esto se evidencia al momento que Hernández,  admitió que se llegó a un “acuerdos” con: Fernando Vélez, ex SP, que votó en blanco a cambio de la vice alcaldía de Santo Domingo a favor de la esposa del legislador Vélez. Alfredo Ortiz también habría acordado con el Gobierno, la presidencia de la comisión de Gobierno Autónomos Descentralizados, así como la sorpresiva concesión de un recurso de amparo en la Corte de Justicia, en el caso de una multa a una de sus embarcaciones en Galápagos, serían parte de esos acuerdos; Henry Cuji se abstuvo y según Hernández lo hizo a cambio de mantenerse en la vicepresidencia de la Comisión de Justicia. Se demuestra falta de ética y moral en esas elecciones de las autoridades del Legislativo. El pueblo Ecuatoriano juzgará si existe cambio en la asamblea Nacional o hemos regresado a la vieja práctica legislativa de la partidocracia, a la que supuestamente se ha criticado en este gobierno.

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Publicado el 04/Abril/2005 | 00:00 en DIARIO HOY

En la primera entrevista televisada tras su retorno, el viernes pasado, en Ecuavisa, el ex vicepresidente Alberto Dahik se jactó de que nunca se había probado que un cheque de cuentas reservadas hubiese ingresado a su patrimonio personal. Así, supuestamente, ratificaba su inocencia y el viejo argumento de que su procesamiento tuvo motivaciones políticas.

El vicepresidente siempre se cuidó de no dejar rastros.

Ya en los últimos días de agosto y primeros de septiembre de 1995 se lo acusó de que, además de haber depositado 270 722 837 sucres contantes y sonantes en la cuenta 50099160 del Banco Amazonas (a cargo de la empresa ConBaquerizo, que se hallaba construyendo su casa en la urbanización Biblos, en Guayaquil), hizo otros depósitos hasta llegar a un total de 771 959 587 sucres. Se exhibieron cheques del Banco del Pacífico, girados a favor de esa compañía, de una cuenta compartida por el propio Alberto Dahik y su secretaria Gladys Merchán.

Estos cheques fueron identificados, en febrero de 1996, como parte de una cuenta “escondida” que había eludido la acción pericial dispuesta por presidente de la Corte.

De esa cuenta, sus titulares giraron 52 cheques, pero 30 de ellos están ilegibles: se presume que los microfilmes fueron velados o alterados de alguna manera intencional. Pero, sin embargo, entre los legibles aparece como beneficiaria la constructora ConBaquerizo.
La explicación del ex vicepresidente fue que el dinero en efectivo -que entregaba en bolsas de papel- provenía de un negocio que compartía con su primo, Alejandro Dahik, en La Libertad.

Era ilógico llevar desde tan lejos bolsas de billetes -30 millones de sucres cada mes-, en vez de usar los modernos sistemas de que disponía ya la red bancaria nacional para hacer giros entre distintas ciudades.

Tanta plata en efectivo, que no deja huella, permite mantener la duda: ¿Levantó Dahik su casa con plata de los fondos reservados? ¿Usó para ello parte de los 10 291 637 512 sucres que nunca se justificaron?

¿Qué más hizo con tantos sucres?

Según las investigaciones periciales ordenadas por el presidente de la Corte Suprema, un total de siete cuentas corrientes en el Banco del Pacífico, tres a nombre de Juan Mario Crespo, dos a nombres de Gladys Merchán, una compartida por Alberto Dahik y Gladys Merchán, y una compartida por Juan Mario Crespo y Gladys Merchán, sirvieron para disponer de los gastos secretos de la Vicepresidencia de la República entre 1992 y 1995.

Todas ellas fueron alimentadas con fondos del Estado.

En las siete cuentas del Banco del Pacífico se depositaron un total de 9 281 308 837 sucres. De ellas se giraron cheques por 8 798 634 379 sucres.

El fiscal Fernando Casares, que los acusó, consideró que, en todo caso, los fondos debieron manejarse en cuentas del Banco Central.

S/.10 291 637 512

…nunca fueron justificados por Alberto Dahik. Tampoco los intereses que generaron los fondos reservados depositados en cuentas personales de él y sus secretarios Crespo y Merchán

Los peritos del Banco Central establecieron el cambio a 2 500 sucres por dólar. Dahik manejó un total 19 580 500 009 sucres en secreto, o sea $ 7 832 200

El acusador

Fernando Casares emitió un dictamen, el 15 de abril de 1996, en que acusaba de peculado a Dahik y a sus ex secretarios privados, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, a quienes también acusó del delito de enriquecimiento ilícito.

El juez

Carlos Solórzano, presidente de la Corte Suprema, sindicó a 15 implicados en el caso “al haberse comprobado los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito”. Y ratificó la orden de prisión en contra el ex vicepresidente de la República.

Maniobra inútil del presidente

Con la intención de salvar a su vicepresidente, el entonces presidente de la República, Sixto Durán Ballén, emitió el Decreto Ejecutivo “reservado” nº 46, el 5 de octubre de 1995.
Disponía que los microfilmes de los cheques de los gastos reservados pasaban a su custodia. Y ordenó que se los depositara en una bóveda del Banco Central, que permaneció con vigilancia policial.
Pero el presidente de la Corte declaró la nulidad de tal decreto y envió a sus peritos a las bóvedas. Así se conoció la lista de beneficiarios de los fondos.

NO OLVIDE QUE…

Alberto Dahik compareció a juicio político en el Congreso, el 2 de octubre de 1995, por el caso de los fondos rervados.

El Congreso lo declaró inocente el 6 de octubre, con votos del PRE, del Partido Conservador y de diputados tránsfugas.

El presidente de la Corte dictó entonces orden de prisión preventiva y Dahik fugó a Costa Rica, donde pidió asilo político.

En el juicio, Dahik realizó duras acusaciones en contra de sus ex aliados: el Partido Social Cristiano y León Febres Cordero.

Durán Ballén había pedido la renuncia de Dahik la noche del 29 de septiembre de 1995, tres días antes del juicio político.

Según el fiscal, varios diputados recibieron dinero de los gastos reservados. Nunca se hicieron públicos sus nombres.

Luis Andrade, modesto conserje de la Vicepresidencia, cambiaba cheques y entregaba el efectivo a los secretarios de Dahik.

El Gobierno de Sixto Durán resolvió entregar una pensión vitalicia a Dahik, luego de que recibió el asilo en Costa Rica.

El presidente de la Corte acogió el dictamen del fiscal 48 horas antes de la primera vuelta de las elecciones de 1996.

Tras un juicio político, este escándalo le costó la cabeza a Juan Carlos Faidutti, a la sazón contralor general del Estado.

Es tan cierto que el pez por su propia boca muere

Dos periodistas fueron piezas clave para desvelar presuntos delitos cometidos por Dahik

El escándalo empezó a tomar la forma la noche del 5 de junio de 1995 en Guayaquil, cuando el vicepresidente Alberto Dahik reveló a un selecto grupo de periodistas -entre los que se encontraba el editorialista y subdirector de diario Expreso, Jorge Vivanco-, que ciertos diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia exigieron dinero al Gobierno para aprobar leyes y dictar fallos de interés gubernamental.
La reunión tuvo lugar en la sala de sesiones de la Junta Monetaria, en el Banco Central de Guayaquil.
El asunto no tomó mayor gravitación en la opinión pública, hasta que los comentarios de Vivanco sobre las revelaciones vicepresidenciales trascendieron a otros medios. El 4 de julio, este Diario tituló en primera página: “Borrasca política en torno a Dahik”.
Las denuncias del vicepresidente Dahik, recogidas por Jorge Vivanco, eran las siguientes:
1. Un bloque legislativo exigió 200 000 millones de sucres para ser canalizados por los organismos seccionales controlados por él y para realizar proselitismo político;
2. Dieciséis diputados exigieron $500 mil, cada uno, para aprobar la ley de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (Emetel);
3. Ministros de la Corte Suprema exigieron dinero para declarar constitucional una resolución que interesaba al Gobierno; y,
4. Se entregaron varios nombramientos en el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) y Petroecuador a cambio de apoyos legislativos.

Radio Democracia

El 24 de agosto de 1995, el radiodifusor Gonzalo Rosero-propietario de Radio Democracia, de Quito- denunció que el ex canciller de la República del Gobierno de Sixto Durán Ballén, Diego Paredes, negoció la compra de su radioemisora con fondos que Rosero, presumía, provenían de gastos reservados, pues un cheque en su favor había sido girado por Gladys Merchán. Se presume que Paredes intentó la compra de Radio Democracia para usarla en la campaña electoral de 1996.
La denuncia de Rosero tuvo repercusión en el Congreso, donde el diputado Heinz Moeller (PSC) la hizo pública ese mismo 24 de agosto.
Según testificó ante el fiscal general, Rosero había convenido con Paredes un anticipo. El cheque, firmado y entregado por la secretaria de Alberto Dahik, Gladys Merchán, provenía de la cuenta vicepresidencial en el Banco del Pacífico: luego se llegaría a establecer que el referido cheque era de la cuenta n.º 2598377, calificada por el propio vicepresidente Alberto Dahik como cuenta de gastos reservados.
El 2 de agosto, Paredes descartó el negocio: todo conduce a pensar que lo hizo porque el escándalo en torno a los gastos secretos de Dahik sacaba del control del vicepresidente el manejo de esos fondos.
Esto se pudo registrar gracias a que un primer cheque del anticipo quedó en manos de Gonzalo Rosero, “como una reposición de los daños y perjuicios causados” al abortar la negociación.
Diego Paredes negó haber intervenido en negociación alguna para adquirir Radio Democracia con dineros provenientes de fondos reservados. Y los abogados de Paredes procuraron demostrar que el cheque entregado a Rosero correspondía a pagos por servicios prestados durante el conflicto bélico entre el Ecuador y el Perú.
Cuando Gonzalo Rosero testificó, su prueba de descargo fue que la emisora no estuvo en el aire durante el conflicto. (DCM)

Ocho delitos señalados por el fiscal Casares

Se beneficiaron 287 personas de la “lista de Dahik”

PRESUNTOS DELITOS: prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento ilícito
ACUSACIÓN: autores de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito: Alberto Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. Cómplice del delito de enriquecimiento ilícito: Diego Paredes Peña. Encubridores: Juan Carlos Faidutti, Ricardo Muñoz Chávez y Francisco Costales.
BENEFICIARIOS: 287 personas naturales y/o jurídicas. Sus nombres aparecieron en lo que entonces se llamó “la lista de Dahik”.
LOS DENUNCIANTES: Xavier Neira y Rafael Cuesta, los dos diputados del Partido Social Cristiano en el período 1994-1996 del Congreso Nacional. (DCM)

La plata de bolsillo, para todo, pero en secreto

Nunca se supo cómo justificaron los beneficiarios

Pese a que los fondos reservados debían destinarse a la seguridad del Estado, llegaron a actrices para actividades en el exterior, apoyo para la atención de la salud del esposo de una ex diputada conservadora, viáticos para los negociadores de la deuda externa, adquisición de muebles, pago de hoteles y pasajes aéreos, publicidad, rastreo de información, propaganda política, apoyo a judocas del Guayas, compra de libros, ayudas a iglesias, financiamiento para exposiciones florales y para reuniones gremiales de choferes.
Alberto Dahik los usó para todo lo imaginable: pagos de tarjetas de crédito, compra de licores y alimentos, pago de sondeos de opinión y estudios técnicos, elaboración de esculturas bajo pedido y adquisición de obras de arte, etc. (DCM)

Hora GMT: 04/Abril/2005 – 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO Autor: Por Diego Cornejo Menacho Subdirector de Información

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Casi nadie recuerda ahora la inestabilidad política que vivía hace unos 4 años, nuestro País; entonces pensar en este tipo de herramientas era no solo necesario sino indispensable, obligado.

Si bien, hoy en día las cosas han cambiado, y se tiene un marco democrático de acción, han aparecido en los dos años anteriores una serie de traspiés en la actividad de la Asamblea Nacional, se ha dado paso a  la intensión de protagonismo político, tomando como excusa la tarea de fiscalización. Se está aprovechando por algunos miembros de la Asamblea, de la consabida cobertura que la prensa nacional presta a todo tema que pueda repercutir en la imagen del Ejecutivo, para montar sainetes o shows, que recuerdan las antiguas practicas legislativas, lamentablemente aquello a repercutido sobre el tratamiento de leyes importantes para el cambio que el gobierno de la Revolución Ciudadana presento a los ecuatorianos en su oferta de campaña.  Por ejemplo, las siguientes Leyes han sido tratadas en un primer debate o su avance es lento, restando aun un largo proceso para su concreción: Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público , Ley de Participación Ciudadana , Ley Orgánica Educación Superior, Ley Orgánica de Comunicación, Ley de Cultura , Ley de Depuración de la Normativa Legal , Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Servicio Público, Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por mencionar algunas.

Se ha violado la constitución por parte de los asambleístas actuales, al no haber cumplido con el plazo establecido para elaborar y aprobar once  leyes  de gran importancia, mandato que lo indica en la transitoria Primera de la Constitución de la República del Ecuador; Se denota falta de conocimiento del tema Agua, al aprobar el segundo y definitivo informe de La Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua por parte de la comisión de soberanía alimentaria, al infringir algunos preceptos constitucionales  como son los establecidos en los art. 12 y art. 318.

Para colmo, en el caso del Juicio Político al Fiscal de la Nación, se llegó a una “indefinición” que, el pueblo ecuatoriano observa como una pérdida de tiempo, de recursos y de credibilidad para la propia acción legislativa. Durante el proceso de “juicio político” lo que menos se ha hecho es demostrar que la política del Ministerio Público sea equivocada o sea poco efectiva, de lo que ha tratado es de disminuir el prestigio del Dr. Pesantez, sin medir las consecuencias de dicha acción, convirtiendo el proceso en una vendetta pública contra una persona y no lo que esa persona representa.

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