Fue una cultura desarrollada básicamente sobre la base de un humanismo, hermandad y organización social comunitaria, cuyo territorio fue invadido a partir del año 1532 por los españoles, quienes a sangre, cruz, y espada impusieron sus costumbres, destruyendo con ello la cultura ancestral a cambio del vil metal llamado Oro.

Los inkakunas o habitantes originarios trataban  a sus semejantes como hermanos e hijos del Sol, ya que Inti en idioma quechua o runasimi   significa el Sol: la luz, la sabiduría, el conocimiento, la luz de la mente y la presencia de la energía divina proponiendo dentro de este pensamiento el valor y el principio del conocimiento superior y de la sabiduría. En runasimi o quechua se habla en tres planos, en plano físico, psíquico y mental superior, en donde una misma palabra o frase tiene diferentes niveles de comprensión, dependiendo del estado de conciencia que haya alcanzado la persona para poder comprender o recibir el mensaje abstracto que se quiere dar a conocer ( en este gobierno solo se habla del plano físico material del vil metal oro + petróleo = dinero).

La cosmovisión ancestral utiliza el término UNU YAKU (el agua): la misma que desde esta visión  es desarrollo, producción, como ser creador y transformador  sigue leyes naturales, de acuerdo a los ciclos estacionales y a las condiciones del territorio; Su uso sustentable implica la generación y aplicación de conocimientos y habilidades obtenidas durante siglos, así como la construcción de una infraestructura hidráulica que permita cosechar y distribuir el agua, sobre la base de una gestión mancomunada, organizada  y eficiente.

El agua proviene de Wirakocha (dios creador del universo), que fecunda la Pachamama (madre tierra) y permite la reproducción de la vida; el agua irriga los bosques, los campos, los montes y los valles produciendo vida, el agua la utilizan los organismos vivientes para subsistir y calmar su sed, producida por la necesidad de agua que tienen de los diferentes organismos, para nacer, crecer y  reproducirse ; aproximadamente el 70% de la superficie terrestre es agua, nuestro cuerpo contiene agua, un neonato supera el 80%, y un adulto  50%, es así que fácilmente podemos darnos cuenta que sin agua no podemos vivir, ya que el agua es un elemento vital imprescindible  que actúa dentro de la  simbiosis necesaria y obligatoria para crear vida; nuestros ancestros nos indicaban que el agua es una divinidad que está presente en lagos, lagunas, el mar, los ríos y todas las fuentes y nacimientos de agua por mínimas que sean, ya que estas se unen aguas abajo y forman grandes franjas de agua que a su paso cumplen el ciclo vital, estos acumulados de agua son espejos o fuentes de energía positiva.

Comprendiendo esta cosmovisión de los pueblos ancestrales originarios, nos podemos dar cuenta la importancia que tiene el proteger los recursos hídricos; lo que  tendría que ser acción vital de protección del líquido elemento para todos los habitantes del planeta.  Por esta razón  los movimientos y organizaciones sociales a través de la unificación de los pueblos tanto ancestrales como mestizos o laichos, convocaron a una marcha que como principal objetivo era la de concienciar a la nación entera en proteger nuestros recursos naturales, el agua, la vida, oponiéndonos a la minería a gran escala, a la explotación petrolera en el Yasuní, en el caso de la minería a gran escala firmada ilegalmente por el gobierno con la empresa ECSA, al explotarse  a parte de ser un acto violatorio a los derechos de la naturaleza y destructivo para la Pachamama, esta  devastará mas de 220 fuentes de agua ubicadas en el sector de la cordillera del Cóndor,  este daño ecológico, será irrecuperable ya que al mismo tiempo destruye mas de 1,000.000 de especies entre mamíferos, aves, anfibios, reptiles, arbustos, árboles, plantas únicas en el sector como medicinales, comestibles, florales (orquídeas).Este acto resulta inconstitucional al violar los artículos 398, 405, 406- 407- 408- 411- 413-419 numerales 4 y 8 de la constitución de la república del Ecuador;  a mas que violenta el mandato minero en sus artículos:1,3 y 11, al haber echo caso omiso lo que dictamino el mandato constituyente del pueblo en Montecristi.

La convocatoria a la marcha pacifica, congregó a mujeres, niñ@s, hombres, jóvenes, trabajador@s, maestr@s, estudiantes, profesionales, madres y padres de familia, hombres y mujeres diversas, protectores de la naturaleza, protectores de los animales,  ecologistas, al sector indígena, afro, mestizo; todos y todas unidos al unísono  al sentir que se han violentado sus derechos humanos y de la naturaleza; iniciamos una marcha desde el sur al Norte, la misma que llegó al mismo centro del mundo a la capital del reino de Kitu, después de 15 días de trayecto, no sin antes haber soportado una serie de atropellos a los derechos ciudadanos, por parte de las autoridades de transito y de policía en contra de la libre movilización de los marchantes, finalmente la marcha  llegó el día 22 de Marzo día internacional del agua a Quito, como homenaje a la cristalina agüita de vida  y también para demandar petitorios a la Asamblea Nacional, la misma que gracias a la fortaleza de la marcha, dio escucha a las propuestas anunciados desde hace años atrás como son que tramite la ley de aguas y la ley de distribución de tierras, se pidió la amnistía de mas de 200  luchadores populares están siendo condenados por terrorismo y sabotaje; se acudió a la Corte constitucional para que se declare inconstitucional la firma de la explotación minera del estado con la empresa ECSA; Se concurrió  a la fiscalía para que se tome en cuenta los casos de criminalización de la protesta social;  al gobierno de Correa se le advirtió la violación  la constitución y que  respete la Pachamama y con ello el agua, respete la constitución, el mandato  minero, los derechos de la naturaleza y la soberanía y dignidad de los pueblos, y dejé sin efecto las concesiones mineras a cielo abierto  en todo el país, así como no explote el Yasuní como es caso del bloque 31 que ya lo tiene concesionado.  

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Ecuador anhela un proceso de cambio social profundo. El gobierno de Rafael Correa pretendió ser el impulsor de ese cambio en democracia. Ahora, en gran medida, apenas sobrevive el discurso del cambio, la práctica es cada vez más contradictoria. Cualquier cambio social tiene que ser construido desde la sociedad.

El gobierno no puede ser su único actor. Son fundamentales los procesos de deliberación, negociación y participación de la sociedad organizada para construir estrategias de cambio, que tendrán que influir tanto en las relaciones sociales cotidianas como en las políticas públicas.

Así como la organización social no es igual a “corporativismo”, la protesta no es “golpismo”. Cerrar la puerta a la protesta es esterilizar la democracia. Sin crítica no hay debate público. Sin debate público no hay democracia. Una democracia es estéril cuando el Ejecutivo se erige como la única voz autorizada, y cualquier otra voz es tachada de tener “agenda propia”, de “intento de desestabilización” o incluso de “terrorismo”. Eso no es democracia.

La participación social no se agota en el voto y las veedurías ciudadanas, ni en asistir a rendiciones de cuenta, menos aún asistir obligados a las marchas gubernamentales. El derecho a organizarse y buscar la expresión colectiva de intereses, sea por grupo, por etnia, por sexo, por empresa o rama, es un derecho humano fundamental. Una sociedad organizada fuerte y articulada es el contrapeso necesario a un gobierno que escucha, en democracia. En este sentido, la “Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos”, no es nada más que la expresión en alto grado legítima de las demandas de una gran parte del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, el discurso oficialista insiste en deslegitimar esta manifestación democrática.

Muchos de los simpatizantes gobiernistas toman como pretexto los recuerdos del 30 de septiembre de 2010 para tachar a los manifestantes de “GOLPISTAS”, mientras éstos no se plantean cambiar al gobierno de Rafael Correa. Lo que buscan es que el gobierno cambie de rumbo, que rectifique, que vuelva a sus orígenes, que desarme todas las políticas que afectan el derecho al trabajo, que desactive la criminalización de la protesta popular, que ponga en marcha la redistribución de la tierra y el agua, que detenga la megaminería, que elimine los delitos de imprenta y desacato, que respete los Derechos de la Naturaleza.

En definitiva, que cumpla con la Constitución de Montecristi. Solo así se podría abrir la puerta al diálogo, que es legítimo y democrático. Los grupos sociales en marcha expresan demandas y desacuerdos con muchas políticas de este gobierno – pensando en la sostenibilidad y la garantía de condiciones de vida dignas para las generaciones futuras del país. Cuestionan que hoy se estén reiniciando las conversaciones con la Unión Europea para la firma de un TLC disfrazado de Acuerdo Comercial Multipartes, sin haber tomado en cuenta las observaciones realizadas por grupos y organizaciones sociales que alertan sobre las graves consecuencias que dicho acuerdo tendría para los intereses nacionales. Levantan su voz para pedir correcciones de rumbo hacia un gran proceso de cambios radicales, respaldado por la mayoría de habitantes del país. Ese es su derecho. Lamentablemente, el gobierno desde los inicios de la marcha ha puesto en duda este derecho, negando los salvoconductos a los buses que debían transportar los y las marchistas en Zamora. Ya en ocasiones anteriores, ha usado su monopolio de la fuerza para impedir el acceso de manifestantes indígenas a la capital, mediante bloqueos policiales.

¡LOS Y LAS MARCHISTAS TIENEN DERECHO A EXPRESARSE PUBLICAMENTE Y MASIVAMENTE EN LA CAPITAL DEL ECUADOR!

¡QUITO ES LA CAPITAL DE TODAS LAS ECUATORIANAS Y TODOS LOS ECUATORIANOS! SI EL GOBIERNO PARA O RETIENE LA MARCHA BAJO CUALQUIER PRETEXTO, ESTARÍA ATENTANDO GRAVEMENTE CONTRA LA DEMOCRACIA.

¡TODOS Y TODAS A RECIBIR LA MARCHA! ¡TODOS Y TODAS A LA CALLE A DEFENDER LA DEMOCRACIA!

¡NO HAY REVOLUCIÓN SIN DEMOCRACIA, NI DEMOCRACIA SIN REVOLUCIÓN!

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El pasado 5 de marzo, el gobierno ecuatoriano firmó un contrato con la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), abriendo la vía a la explotación minera a gran escala, hasta ahora inexistente en Ecuador. El próximo 22 de marzo, una marcha ciudadana conformada por comunidades indígenas, campesinas, mujeres, estudiantes y trabajadores, que desde hace dos semanas recorre el país, llegará a Quito para exigir el respeto de sus derechos y protestar contra el desarrollo minero a gran escala en Ecuador.

ECSA es una filial de Corriente Resources, empresa minera domiciliada en Canadá, controlada por capital canadiense entre 1983 y 2010, y desde entonces filial de la joint venture China Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd (segundo productor de cobre en China). La firma del contrato permitirá a ECSA explotar cobre en la cordillera del Cóndor en la Amazonía ecuatoriana por una inversión estimada de más de 1 700 millones de dólares estadounidenses. El principal proyecto de explotación, el proyecto Mirador, está localizado en la provincia de Zamora Chinchipe.

En 2010, la FIDH y sus organizaciones miembro en Ecuador (CEDHU, CDES e INREDH) denunciaron el impacto probado y potencial del proyecto sobre los derechos de las comunidades locales [1]. Asimismo denunciaron las maniobras del Estado y de la empresa para intimidar a los integrantes de las comunidades afectadas que se opusieron a los proyectos de explotación, incluyendo actos violentos por parte de las fuerzas de seguridad. Igualmente deploraron la ausencia de consulta previa a las comunidades concernidas, particularmente a las comunidades indígenas Shuar, así como la ausencia de control estatal en los procesos de aprobación de los proyectos, junto con los riesgos medioambientales ligados a los mismos y sus posibles consecuencias sobre las comunidades indígenas y locales.

La FIDH y sus organizaciones miembro en Ecuador llaman al gobierno ecuatoriano a suspender la implementación del contrato en espera de una solución satisfactoria para las comunidades afectadas, respetando su derecho a la consulta previa, libre e informada garantizada por la Constitución ecuatoriana. En un contexto preocupante de criminalización de la protesta social, instan al gobierno ecuatoriano a abstenerse de toda acción que pueda atentar contra la libertad de expresión de los manifestantes y su derecho a la resistencia reconocido en la Constitución.

En vísperas de la cumbre Río + 20, la FIDH y sus organizaciones miembro ecuatorianas recuerdan que es imperativo que toda política de desarrollo económico tenga en cuenta a los individuos, en particular los más vulnerables, y respete los derechos humanos y el medio ambiente. La FIDH, CEDHU, INREDH y CDES llaman también a los gobiernos chino y canadiense a respetar su obligación de proteger los derechos humanos, incluyendo por violaciones cometidas por empresas transnacionales bajo su jurisdicción yque operen en el extranjero. En este sentido, las autoridades chinas y canadienses deben exigir a las empresas implicadas la suspensión de sus operaciones, incluso a través de sus relaciones diplomáticas.

EcuaCorriente tiene, por su parte, la obligación de cumplir con la Constitución ecuatoriana y no iniciar trabajos mientras no se hayan cumplido con todos los requisitos estipulados en la misma. De darse la explotación minera, la empresa tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que sus operaciones no atentarán contra la Naturaleza ni contra los derechos de las poblaciones afectadas.

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La “Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos”, convocada por organizaciones sociales, indígenas, campesinas, ecologistas, mujeres y hombres del campo y ciudades de Ecuador, ante la implementación de un modelo de desarrollo inconsulto, basado en el extractivismo de la naturaleza, plantea entre sus principales demandas, la defensa del agua, tanto como derecho humano cuanto como derecho de la naturaleza.

El agua es un derecho humano garantizado por la Constitución (Art. 12) y los Tratados Internacionales de  Derechos Humanos1, por tanto, el Estado ecuatoriano está obligado a garantizar y respetar este derecho, en consecuencia deberá tomar medidas para permitir su ejercicio y deberá abstenerse de realizar acciones que lo afecten o limiten.

El texto constitucional establece que el derecho humano al agua no se refiere únicamente al ejercicio del acceso para el consumo humano o doméstico, sino que está relacionado con la salud, los usos culturales, la soberanía alimentaria para garantizar el derecho a la alimentación; y los derechos de la naturaleza, según el mandato contenido en los artículos 66, 71 y 318 de la Constitución.

El Ecuador se ha reconocido como un Estado Plurinacional e Intercultural, su construcción y consolidación dependen de la preservación de las fuentes de agua y la garantía al ejercicio de este derecho, considerando  además, que el uso y manejo tradicional del agua provienen de conocimientos transmitidos ancestralmente, y en este acervo se asienta la identidad plurinacional e interculturalidad del país.

El agua no es una mercancía, es un derecho, y no puede estar  expuesto a los intereses y poderes que se mueven en torno a ella. Por ello, no se puede priorizar bajo ningún concepto el destino del agua para actividades productivas como la minería si no se ha garantizado previamente el derecho al  agua y su contenido, ni siquiera bajo el argumento de garantizar el interés nacional o el cumplimiento del Plan Nacional de desarrollo.

El Proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, acaparará 140 litros de agua (dulce) por segundo para su funcionamiento, los mismos que serán tomados de dos ríos que actualmente abastecen a comunidades locales. De igual manera consumirá la energía eléctrica equivalente a una ciudad de 140 mil habitantes.

La marcha plurinacional que inició el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, abre un espacio de defensa y reinvidicaciones de todas y cada una de las personas que habitamos en el territorio ecuatoriano. Nos convoca a abrirnos a planteamientos de defensa del agua, de los espacios vitales y la territorialidad desde el bien común, la soberanía de los pueblos y desde el respeto a la naturaleza, en ejercicio de nuestros legítimos derechos a la organización, participación y resistencia. Por tal motivo expresamos nuestra solidaridad a los marchantes y llamamos a la colectividad a reflexionar en torno al derecho al agua, los derechos de la naturaleza y a la vida digna de esta generación y de las que vendrán

Firman:

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
Colectivo PRODH
FIAN Ecuador
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-Guayaquil (CDH)
Servicio Paz y Justicia de Ecuador (SERPAJ-E)
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J.”
Organización Tierra y Vida

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